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Poder Judicial garante de los derechos indígenas

•Impartidores de justicia deben conocer las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para contar con elementos que permitan emitir un dictamen en el marco de ley.

En las constituciones de los países y en los diversos instrumentos internacionales se han determinado principios esenciales de todos los seres humanos. Uno de ellos es el acceso a la justicia, facultad que tiene toda persona de acudir a los tribunales para resolver sus conflictos y salvaguardar sus derechos.

En el taller “Jurisprudencia Interamericana y Nacional Sobre Derechos Indígenas”, organizado por la Escuela Judicial, el Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Licenciado Gerardo Martínez Ortega, coordinador del Área Jurídica y Litigio Estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), señalaron la importancia de juzgar adecuadamente a las personas indígenas de acuerdo a su condición y particularidades.

Cordero Aguilar, manifestó ante la presencia de magistradas, magistrados, juezas, jueces y operadores judiciales, que en Oaxaca se tiene registro de la existencia de 16 grupos indígenas, por lo cual es una entidad multicultural y con una gama de visiones distintas en temas sociales, políticos y económicos, de ahí la importancia de reconocer estas variantes al aplicar justicia.

De igual modo, el presidente de la Sala indígena del TSJE expresó que los y las impartidoras de justicia deben conocer las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para contar con elementos que permitan emitir un dictamen en el marco de ley, con fundamentos y criterios que fundamenten el respeto de los derechos de cada persona y bajo el respeto de su entorno.

Por su parte, el coordinador del Área Jurídica y Litigio Estratégico del CEPIADET, explicó de acuerdo al artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los y las imputadas indígenas tienen derecho a contar con un traductor e intérprete que conozca su lengua y cultura, para que de esta manera cuente con los elementos necesarios que permitan su defensa integral.

Asimismo, el especialista en asesoría y defensa indígena enfatizó que cuando exista la sospecha que la o el imputado sea indígena, la jueza o juez pueden ordenar una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa con el objeto de respetar sus derechos.

Al término del taller, el Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, y el Licenciado Gerardo Martínez Ortega, expresaron a las y los juzgadores participantes del taller, que este tema es de suma

importancia para el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ya que dicha institución adoptó como obligatorio el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual señala la relevancia de identificar cuando un proceso judicial involucra a personas reconocidas como parte de este sector poblacional.

Cabe señalar, que en el primer trimestre del presente año, la Dirección de Periciales del Poder Judicial, ha atendido 367 solicitudes de intérpretes. Entre las regiones con más demanda se encuentran: Miahuatlán, donde se requiere la lengua de los loxichas; en el Istmo y Sierra Sur, el zapoteco; Sierra Juárez, el mixe.

Con este taller enfocado a la protección de los derechos de personas indígenas, el Poder Judicial del Estado trabaja en mantener una capacitación constante a sus servidores y servidoras públicas, en especial a quienes tienen un contacto directo con este sector poblacional.

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