•En lo que va del año 2019, se han presentado 326 quejas y denuncias contra servidores judiciales, las que derivaron en el trámite de 167 instructivos de responsabilidad y 159 cuadernos de investigación.
La sociedad actual demanda apertura y sensibilidad de las instituciones públicas, especialmente de aquellas que se dedican a la procuración e impartición de justicia, no solamente en cuanto a brindar un servicio eficiente, sino que además es necesario rebasar tradicionales métodos de trabajo y conductas de antaño que no corresponden a los nuevos tiempos.
Desde que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, expuso la necesidad de impulsar las buenas prácticas, fortalecer y dignificar la tarea jurisdiccional, a través de la sensibilización y capacitación a quienes tienen en sus manos la labor de juzgar, lo cual repercuta favorablemente en la confianza pública.
A través de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), se vigila y supervisa el desempeño de las y los servidores públicos judiciales, así como también constata que el ejercicio de su actividad sea responsable, evitando comportamientos u omisiones que afecten los derechos de las personas.
En lo que va del año 2019, se han presentado 326 quejas y denuncias, las que derivaron en el trámite de 167 instructivos de responsabilidad y 159 cuadernos de investigación.
Asimismo, se han sancionado a: 11 jueces; 2 secretarios; 17 secretarios de acuerdos; 10 notificadores o ejecutores; 1 jefe de departamento; 1 jefe de oficina; 1 encargado de audio y video; 1 responsable de la unidad de transparencia y 3 facilitadoras judiciales.
Cabe señalar que la mayoría de faltas cometidas a la función pública judicial corresponden a no dictar dentro del término de la ley, los acuerdos, sentencias o interlocutorias, así como también el no notificar con la debida oportunidad las determinaciones dictadas en los expedientes respectivos, entre otras.
Conforme a la gravedad de la responsabilidad en que el personal incurra, se realiza la imposición de la sanción acorde a los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que van desde el apercibimiento, la amonestación, multa de cincuenta a cien días de salario mínimo, suspensión del empleo y destitución del cargo”, explicó la magistrada María Eugenia Villanueva.
De igual manera, la presidenta del TSJ indicó que a través de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura se vigila de manera permanente la conducta y actuar del personal del PJE y en su caso se resuelven las faltas a la función pública, administrativas y del orden laboral, con la finalidad de que la labor de la institución se apegue a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Al día de hoy, dicho consejo ha aprobado 26 visitas ordinarias de inspección a los juzgados de la entidad y 1 visita extraordinaria inmediata.
Villanueva Abraján aseveró que las y los juzgadores buscan afrontar de mejor manera las cargas de trabajo que actualmente tienen, con apego a los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, “Seguiremos abonando en la construcción de una judicatura de coordinación y no de jerarquías autoritarias, respetuosos de la autonomía en las decisiones jurisdiccionales, pero intolerables en las conductas que atenten a la consolidación del principio de la dignidad de la persona”, manifestó.