Columna Política …
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+ Salomón Jara y el Estado ante el espejo del poder
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Misael Sánchez
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Hay momentos en la política en los que la acumulación de asuntos aparentemente inconexos termina revelando una estructura. Agua, hospitales, policías, conflictos territoriales, despojo de propiedades, infraestructura, pobreza y las primeras señales de organización electoral pueden parecer asuntos separados por la administración pública y sus respectivas competencias, pero observados desde una perspectiva política forman parte de una misma discusión. Se trata de la capacidad efectiva del Estado para gobernar un territorio donde las instituciones conviven con inercias históricas, conflictos comunitarios, desigualdades persistentes y una ciudadanía que exige resultados mucho antes de interesarse por la explicación administrativa que los justifica.
Ese es quizá el dato político más relevante que emerge de las definiciones recientes de Salomón Jara Cruz. El gobernador está entrando en una etapa de su administración en la que el discurso de transformación comienza a ser medido por problemas concretos que no admiten demasiadas abstracciones. El agua debe llegar a las casas. Los hospitales deben funcionar. Las policías deben ser confiables. Una propiedad debe permanecer jurídicamente segura. Una comunidad debe saber quién decide sobre su categoría administrativa. Una obra pública debe superar los obstáculos jurídicos y sociales que la rodean. Y, mientras todo eso ocurre, quienes aspiran a competir electoralmente comienzan a preparar el terreno.
La política, en consecuencia, empieza a desplazarse desde el territorio de las promesas hacia el de la administración de las expectativas.
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Uno de los elementos más significativos es la manera en que el problema del agua aparece como una cuestión eminentemente política y no solamente hidráulica. El gobierno estatal sostiene que recibió un aforo de 195 litros por segundo y que actualmente se encuentra alrededor de los 900 litros, con el objetivo de alcanzar los mil litros por segundo antes de terminar el año. A ello se suma la expectativa de que la presa Mujer Solteca aporte otros mil litros por segundo, con lo que el sistema metropolitano podría alcanzar una disponibilidad de alrededor de dos mil litros por segundo.
El dato es políticamente importante porque permite observar una característica recurrente de la administración pública. El incremento de la capacidad de producción o extracción de agua no equivale automáticamente a una mejora perceptible en el servicio. Entre la fuente y el usuario existe una infraestructura de distribución deteriorada, tuberías antiguas, válvulas, macrosectores, fugas, plantas potabilizadoras y una compleja red urbana que puede convertir una inversión considerable en una experiencia cotidiana de escasez.
La propia explicación oficial reconoce esa dificultad. El sistema opera con cinco macrosectores y la intervención de uno de ellos, San Juan Chapultepec, permitió reducir el tandeo de periodos de entre 25 y 30 días a aproximadamente 11 y 14 días.
Ahí está una de las claves para entender la política pública contemporánea en Oaxaca. El ciudadano no evalúa el aforo, las perforaciones ni los proyectos ejecutivos. Evalúa la llave de su casa.
Por eso la meta de llegar a cero días de tandeo adquiere una dimensión política mucho mayor que cualquier cifra de inversión. Es una promesa fácilmente verificable por la sociedad. Si se cumple, se convierte en uno de los resultados tangibles de la administración. Si no se cumple, las explicaciones técnicas perderán capacidad para contener la inconformidad.
La política del agua, en ese sentido, está dejando de ser un asunto sectorial para convertirse en una de las principales variables de evaluación del gobierno.
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La presa Mujer Solteca representa otro problema político de mayor profundidad. El proyecto ha enfrentado impugnaciones jurídicas relacionadas con consultas, permisos y trámites ambientales. Sin embargo, la explicación jurídica expuesta establece una distinción fundamental entre la suspensión provisional o definitiva dentro del juicio de amparo y la resolución del fondo del litigio. Según esa explicación, las suspensiones definitivas fueron negadas y no existe, en el estado procesal referido, una orden jurisdiccional que impida continuar los trabajos.
Para los especialistas en política pública, esa distinción debería resultar elemental, pero en el espacio público suele perderse. Una resolución judicial intermedia puede convertirse en una consigna política antes de que la sociedad conozca su verdadero alcance jurídico.
El asunto es todavía más relevante porque la presa ha sido presentada como una pieza estratégica para resolver parte de la precariedad hídrica de la zona metropolitana. El proyecto, por tanto, no se encuentra únicamente en el terreno de la ingeniería. Está instalado en la intersección entre derecho, política ambiental, infraestructura, necesidades urbanas y legitimidad gubernamental.
La verdadera dificultad para el gobierno consiste en construir una narrativa pública suficientemente sólida para explicar por qué una obra de esa magnitud es necesaria, qué impactos tendrá, qué obligaciones jurídicas debe cumplir y cómo se garantizará el interés de las comunidades involucradas. Una política pública de infraestructura no puede depender exclusivamente de la dimensión técnica del proyecto. Necesita legitimidad social.
La referencia a la consulta indígena y a la agenda de derechos de los pueblos originarios muestra que el gobierno está intentando colocar estos procesos dentro de una lógica institucional más amplia. La participación de autoridades estatales y federales en encuentros vinculados con la reglamentación del artículo segundo constitucional forma parte de una transformación de mayor alcance en la relación entre Estado y comunidades indígenas.
Aquí se encuentra uno de los grandes desafíos de la política oaxaqueña. El Estado necesita construir infraestructura sin reproducir prácticas históricas de imposición administrativa y, al mismo tiempo, debe impedir que cualquier controversia comunitaria o jurídica se convierta en una herramienta para paralizar indefinidamente decisiones de interés colectivo.
Ese equilibrio será una de las pruebas políticas más complejas de la administración.
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Otro aspecto relevante aparece en la discusión sobre los municipios con mayores niveles de pobreza. La estrategia planteada por el gobierno estatal parte de una idea correcta en términos de política social. La pobreza estructural no puede enfrentarse únicamente con transferencias o acciones dispersas. Requiere intervenir sobre salud, vivienda, drenaje, agua potable y electrificación, precisamente algunas de las variables que se utilizan para observar las condiciones de carencia.
La selección de un centenar de municipios como prioridad tiene, además, una lectura territorial. Buena parte de ellos se encuentra en la Mixteca, donde la pobreza no constituye una coyuntura administrativa, sino una condición histórica relacionada con aislamiento, infraestructura insuficiente, migración, dispersión poblacional y limitadas oportunidades económicas.
El problema político aparece en el siguiente nivel. El gobierno tendrá que demostrar que la inversión modifica efectivamente las condiciones de vida.
No basta con informar que se construyeron viviendas, caminos, escuelas o sistemas de agua. La pregunta que inevitablemente llegará con el tiempo será cuánto cambió la vida de los habitantes.
Esa es la diferencia entre gasto público y política pública. El primero puede medirse en pesos ejercidos. La segunda exige medir transformaciones.
El planteamiento de informar próximamente cuánto se ha invertido en esos municipios abre precisamente esa posibilidad. El desafío consiste en que las cifras presupuestales estén acompañadas de indicadores sociales verificables. Si el gobierno logra articular ambas dimensiones, podrá convertir una política asistencial en una política de desarrollo territorial.
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La discusión sobre el llamado cártel del despojo introduce una dimensión diferente y particularmente delicada. El tema no se limita a una acusación política contra antiguos actores del poder. El verdadero problema institucional aparece cuando el ciudadano pierde confianza en las estructuras que deberían garantizar la seguridad jurídica de su patrimonio.
Las referencias a posibles alteraciones de registros, catastro, protocolos notariales y sistemas informáticos muestran que la discusión se encuentra en un terreno donde la política y la administración pública pueden cruzarse peligrosamente con responsabilidades jurídicas. La posición expresada desde el gobierno fue que, si una manipulación ocurrió durante la actual administración, los responsables deben asumir las consecuencias administrativas o penales correspondientes.
Esa afirmación contiene una premisa que debería ser fundamental para cualquier administración. La transformación política pierde sentido si sustituye una red de intereses por otra.
La administración pública necesita demostrar que los sistemas registrales funcionan con reglas, trazabilidad y controles suficientes para determinar quién modificó una información, cuándo lo hizo y bajo qué autorización. En una época de digitalización institucional, el expediente electrónico puede convertirse en una herramienta de transparencia mucho más poderosa que el discurso político.
El patrimonio de una persona no puede depender de su capacidad para tener contactos dentro del gobierno.
La cuestión, por tanto, no consiste solamente en investigar los casos históricos. Consiste en construir un sistema en el que el despojo sea técnicamente difícil, jurídicamente detectable y políticamente indefendible.
Ahí es donde el discurso de combate a la corrupción adquiere verdadero contenido institucional.
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La discusión sobre los hospitales de Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Villa Alta revela otro problema recurrente del Estado mexicano. Para el ciudadano común, la diferencia entre IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, servicios estatales o instituciones federales carece de sentido cuando falta agua, medicamentos, personal o atención.
La estructura administrativa puede determinar competencias, presupuestos y responsabilidades jurídicas. La enfermedad no reconoce esas fronteras.
Por eso resulta políticamente relevante la disposición expresada para coordinarse con otras instituciones aun cuando formalmente determinados hospitales no dependan del gobierno estatal. El gobernador sostuvo que, cuando una comunidad solicita medicamentos, la población no pregunta a qué institución pertenece la unidad médica y que la responsabilidad política consiste en ayudar a resolver el problema.
Esta concepción tiene ventajas y riesgos.
La ventaja es evidente. Coloca al ciudadano en el centro de la acción pública.
El riesgo consiste en que la coordinación política termine ocultando responsabilidades institucionales. Un gobierno puede ayudar a resolver un problema federal, pero también debe quedar perfectamente establecido quién es responsable de financiar, administrar y garantizar el servicio.
La coordinación no debe convertirse en una forma de diluir responsabilidades.
En ese punto la administración estatal tiene una oportunidad para construir una política de coordinación intergubernamental más sofisticada, especialmente en Oaxaca, donde la dispersión territorial hace prácticamente imposible que las instituciones funcionen de manera aislada.
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La seguridad pública plantea una dificultad todavía mayor. Se informó que 96 por ciento de los integrantes de las policías están certificados, mientras que se explicó que los procesos de control incluyen información proveniente de fiscalías y organismos de derechos humanos.
El porcentaje es relevante, pero políticamente insuficiente.
La certificación de un policía es un requisito institucional. La confianza ciudadana es un resultado social.
Una sociedad puede reconocer que la mayoría de los elementos está certificada y, al mismo tiempo, desconfiar de una corporación si percibe impunidad cuando un agente es señalado por cometer un delito.
Por eso el verdadero indicador de una política de seguridad no debería ser únicamente cuántos policías aprobaron controles de confianza, sino qué sucede cuando alguno de ellos incumple la ley. La capacidad de investigar, sancionar y separar de las instituciones a quienes abusan de su función es una condición esencial para preservar la legitimidad policial.
La propia explicación oficial reconoce que la calidad de policía no constituye una protección frente a una investigación penal y que existen procedimientos disciplinarios y administrativos.
El siguiente paso debería ser convertir esa lógica en información pública sistemática. Una ciudadanía madura tiene derecho a conocer cuántos elementos fueron sancionados, por qué causas, cuántos fueron separados de sus corporaciones y cuántos continúan sujetos a procesos judiciales.
La transparencia en esta materia no debilita a las instituciones. Las fortalece.
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La discusión sobre las categorías administrativas de las comunidades y los conflictos territoriales recuerda una característica esencial de Oaxaca. Aquí el territorio es una institución política.
La elevación de una comunidad a agencia municipal no depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. Intervienen la comunidad, el cabildo y el Congreso del Estado, además de requisitos establecidos por la legislación municipal. La explicación jurídica distingue también entre límites administrativos y límites agrarios, dos materias que pertenecen a órdenes jurídicos diferentes.
La precisión es importante porque muchos conflictos políticos nacen precisamente de la confusión entre categorías administrativas, propiedad de la tierra, límites municipales y derechos comunitarios.
En Oaxaca, modificar la condición administrativa de una comunidad puede significar modificar expectativas de representación, acceso a recursos, capacidad de gestión y reconocimiento político.
El caso de la antigua colonia Guillermo González Guardado, cuya transformación en agencia municipal fue acompañada por una rememoración de las luchas territoriales de décadas anteriores, demuestra que detrás de cada categoría administrativa existe una historia política.
La política territorial oaxaqueña exige, por ello, una combinación poco frecuente de sensibilidad histórica y rigor jurídico.
El conflicto de los Chimalapas ofrece una dimensión todavía mayor. Después de un prolongado litigio interestatal, la prioridad planteada consiste en construir acuerdos con comunidades que quedaron dentro del territorio oaxaqueño, incorporarlas al régimen correspondiente y garantizarles acceso a los programas y servicios del Estado.
Aquí el objetivo fundamental no es únicamente ganar un litigio. Es conseguir que una resolución jurídica se transforme en una realidad administrativa y social.
Una sentencia puede definir un territorio. La gobernabilidad exige después construir pertenencia institucional.
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Mientras la administración enfrenta estos problemas, aparece inevitablemente la dimensión electoral.
La definición de que en septiembre comenzarán los movimientos de quienes busquen participar como coordinadores para los procesos federales, locales y municipales marca el inicio de una etapa distinta. El gobernador ha señalado que quienes tengan aspiraciones deberán dejar sus cargos en su momento y dedicarse a trabajar políticamente.
La frase tiene una consecuencia política mayor.
En los gobiernos de partido, la sucesión comienza mucho antes de que las autoridades electorales abran formalmente los procesos. Empieza cuando funcionarios, dirigentes, legisladores y operadores territoriales comienzan a medir posibilidades, construir alianzas y recorrer municipios.
El desafío para cualquier gobierno consiste en impedir que la administración pública se convierta prematuramente en plataforma electoral.
La frontera es delicada. Los funcionarios tienen derecho a aspirar a cargos de elección popular, pero mientras ocupen responsabilidades públicas están obligados a administrar recursos, resolver problemas y responder ante los ciudadanos.
El proceso electoral puede modificar la conducta de los actores políticos incluso antes de modificar las instituciones.
De ahí que la separación entre gobierno y partido deba ser especialmente rigurosa durante los próximos meses. El poder público tiene recursos, visibilidad y capacidad territorial que un aspirante común no posee.
La competencia política será inevitable. El uso partidista de la administración pública no debería serlo.
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Vista en conjunto, la agenda revela algo más importante que la suma de sus asuntos particulares.
El gobierno de Salomón Jara se aproxima a una fase en la que el tiempo político comienza a jugar en su contra. Después de varios años de administración, las obras dejan de ser proyectos, los programas dejan de ser anuncios y las promesas empiezan a transformarse en indicadores con los que la ciudadanía podrá comparar el discurso con la experiencia cotidiana.
El agua será uno de esos indicadores.
La seguridad será otro.
La salud, la infraestructura, la atención a los municipios más pobres y la certeza patrimonial completarán un cuadro en el que el gobierno tendrá que demostrar capacidad para convertir decisiones políticas en resultados verificables.
El gobernador parece apostar por una lógica de coordinación amplia. Intervenir cuando la competencia formal pertenece a otra institución, acompañar a municipios, dialogar con comunidades, coordinarse con instancias federales y asumir problemas que afectan directamente a la población.
Es una estrategia políticamente comprensible en un estado donde las fronteras administrativas suelen ser mucho menos relevantes para la ciudadanía que para los funcionarios.
Pero esa estrategia necesita una segunda condición. La coordinación debe ir acompañada de medición.
Porque gobernar no consiste únicamente en estar presente en todos los problemas. Consiste en poder demostrar cuáles fueron resueltos, cuáles están en proceso y cuáles siguen pendientes.
Ahí se encuentra la diferencia entre presencia política y capacidad gubernamental.
Y ahí también comienza el verdadero juicio de la historia administrativa de cualquier gobierno.
Oaxaca tiene problemas que no caben en una administración sexenal porque algunos tienen décadas de antigüedad. Eso no significa que puedan utilizarse indefinidamente como explicación para los pendientes. Un gobierno recibe herencias, pero también construye las propias.
La administración actual tiene todavía margen para consolidar sus políticas, particularmente en agua, infraestructura, salud, seguridad y atención territorial. También tiene frente a sí una oportunidad para institucionalizar mecanismos de transparencia capaces de resistir el cambio de funcionarios y de administraciones.
Porque ese será, finalmente, el examen político más serio.
No saber quién ganó una discusión en una declaración pública, sino si dentro de algunos años las instituciones funcionan mejor que cuando fueron recibidas.
La política oaxaqueña está entrando en una etapa en la que cada decisión administrativa tendrá una lectura electoral, cada obra tendrá una lectura social y cada omisión tendrá una lectura política. El gobierno puede administrar esa convergencia con profesionalismo o permitir que la coyuntura electoral termine absorbiendo la agenda pública.
El tiempo para decidirlo ya comenzó.
Y en política, cuando el ciudadano empieza a medir resultados con la experiencia de todos los días, las explicaciones dejan de ser suficientes. Lo que queda entonces es el Estado funcionando.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx