Misael Sánchez
En el Congreso local, en una sesión que resonó con discursos sobre justicia, identidad y transformación, la diputada Analí Peral Vivar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca consolidar la Sala de Justicia Indígena como figura constitucional en Oaxaca.
En un momento clave para el marco jurídico estatal, la legisladora puso sobre la mesa una propuesta que va más allá del reconocimiento simbólico: garantizar la representación auténtica de los pueblos originarios en las decisiones judiciales.
La Sala de Justicia Indígena, creada en 2016 como parte del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, se ha consolidado como un órgano especializado en resolver controversias bajo los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, como señaló Peral Vivar, su existencia carece de un reconocimiento constitucional local, lo que la coloca en una posición vulnerable dentro del entramado jurídico estatal.
“La creación de esta sala responde al mandato constitucional y convencional de reconocer el pluralismo jurídico que caracteriza a nuestra nación,” explicó la legisladora. Sin embargo, enfatizó que su fortalecimiento requiere de un blindaje constitucional que asegure su permanencia y efectividad.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es el requisito de pertenencia auténtica a un pueblo o comunidad indígena para quienes aspiren a integrar la Sala de Justicia Indígena.
En un país donde el tema de la autoadscripción ha generado amplios debates, la propuesta de Peral Vivar aboga por establecer mecanismos claros que eviten suplantaciones o simulaciones.
“La autoadscripción calificada, respaldada por elementos objetivos y un vínculo efectivo con la comunidad, debe ser un criterio indispensable para las magistraturas indígenas,” afirmó la diputada, citando jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta no solo plantea la constitucionalización de la Sala, sino también un ajuste en la forma de elección de sus integrantes. Basándose en la reciente reforma al Poder Judicial Federal, la diputada sugirió que las magistraturas sean ocupadas a través de voto popular, armonizando así el marco estatal con las disposiciones federales.
“La elección popular de jueces y magistrados es una oportunidad histórica para democratizar la justicia y fortalecer su legitimidad,” subrayó. Aunque el tema plantea desafíos logísticos y políticos, la legisladora invitó a sus colegas a asumir una postura progresista que permita sentar un precedente en la entidad.
La iniciativa encontró eco en otros legisladores que, desde diversas trincheras, reconocieron la importancia de consolidar la justicia indígena en Oaxaca. Diputadas como Melina Hernández y María Ojeda se adhirieron a la propuesta, destacando su pertinencia en un estado donde la diversidad cultural exige marcos normativos que reflejen esta riqueza.
Con la iniciativa de Peral Vivar, Oaxaca se encuentra en un momento importantísimo para consolidar su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas.
Elevar la Sala de Justicia Indígena al rango constitucional no solo garantizaría su permanencia, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la representación auténtica en los órganos de justicia.
En una época de transformaciones, la propuesta no es solo un ajuste técnico al marco jurídico; es un paso hacia la construcción de un sistema de justicia que refleje la pluralidad, la inclusión y el respeto a las raíces culturales de Oaxaca.
¿Responderá el Congreso a este llamado histórico?