En el corazón de Oaxaca, tierra de múltiples cosmovisiones y tradición jurídica en constante mutación, el juez y aspirante al Tribunal de Disciplina Judicial, José Artemio Zúñiga Mendoza, compareció no ante estrados ni tribunales, sino frente a una comunidad universitaria que escucha, reflexiona y cuestiona.
Su conferencia, «Los retos de la justicia en México», no fue un discurso de ornato ni un panfleto político. Fue, más bien, una exégesis crítica de un sistema jurídico exhausto, pronunciada con la autoridad de quien lo conoce desde adentro y lo ha decidido abandonar para buscar su redención.
Zúñiga Mendoza es un jurista con veinte años de experiencia en todos los peldaños de la carrera judicial, desde meritorio hasta juez federal especializado en técnicas de investigación penal.
Su voz, curtida en sentencias, ahora busca hacerse oír en la plaza pública. Renunció a la judicatura federal —y a una vida profesional asegurada— para contender por una magistratura que no juzga delitos, sino a los propios jueces: el Tribunal de Disciplina Judicial.
La tesis central de su conferencia parte de una premisa perturbadora pero irrefutable, el sistema de justicia mexicano, tal como ha operado, ha fracasado en su misión más básica. No por falta de leyes ni de operadores jurídicos, sino por haberse apartado de la sociedad a la que debe servir.
«Nos volvimos de puertas cerradas», dijo. Los jueces dejaron de escuchar a la ciudadanía y se refugiaron en el formalismo de sus sentencias, sin explicar sus razones, sin responder por sus errores, sin rendir cuentas.
Zúñiga no propone una reforma superficial. Su planteamiento es disruptivo para refundar la legitimidad judicial desde un nuevo contrato social. Que la ciudadanía controle a quienes los juzgan. Que se acabe la opacidad de los tribunales mediante una “justicia de cara a la gente”. Que cada resolución no sea solo jurídicamente válida, sino también éticamente justificable y culturalmente sensible.
Aquí aparece el primer concepto vertebral de su propuesta que es la justicia sensible. Un modelo que reconozca las diferencias regionales y culturales, que escuche las cosmovisiones indígenas, y que se piense no en abstracto, sino desde la experiencia cotidiana de quienes acuden a un tribunal tras días de viaje, para encontrarse con puertas cerradas, trámites ininteligibles y sentencias postergadas.
El órgano que Zúñiga aspira a integrar tendría una doble función estructural, sancionar a jueces corruptos o negligentes, y proteger a los jueces honestos e independientes. La paradoja se resuelve al entender que ambos mandatos nacen de una misma fuente, la justicia como valor constitucional y derecho humano.
El nuevo tribunal sería el arquitecto de una cultura de la rendición de cuentas judicial, con facultades de investigación, revisión técnica, sanción, y sobre todo, pedagogía pública.
Zúñiga propone además herramientas concretas para garantizar esta vigilancia:
- Canales digitales de denuncia y seguimiento.
- Evaluaciones técnicas externas con estándares ISO 9000, que certifiquen desde la atención al público hasta la calidad de las resoluciones.
- Audiencias públicas periódicas con los justiciables, para humanizar la figura del juez y restituirle su carácter de servidor público.
No se trata solo de sancionar a jueces corruptos, sino de imponer un nuevo paradigma, que la eficiencia no se mida por estadísticas burocráticas, sino por el efecto útil de las decisiones judiciales. La reforma no será exitosa si sigue premiando sentencias “para efectos”, esas que prolongan indefinidamente la resolución de fondo y desgastan la credibilidad del sistema.
Zúñiga admite que su visión puede sonar utópica. Pero recuerda que las transformaciones jurídicas más importantes en la historia del país —el juicio de amparo, la justicia agraria, la autonomía universitaria— nacieron como ideas improbables.
El momento actual, asegura, es una oportunidad histórica. México se encuentra ante la posibilidad de reinventar su poder judicial por mandato popular. “Después de la vida, el valor más importante es la libertad”, afirmó, subrayando que ahora el pueblo podrá decidir quién juzga esa libertad.
Ante el escepticismo de algunos asistentes, quienes expresaron temores legítimos sobre la idoneidad de futuros jueces electos, Zúñiga propuso mecanismos correctivos, como revisión técnica, suspensión, capacitación obligatoria e, incluso, remoción.
Así, la democracia no sustituirá la técnica jurídica, sino que se fundirá con ella en una nueva legitimidad híbrida.
Lo que Zúñiga articula no es sólo una propuesta institucional, sino un ethos, una nueva ética judicial iberoamericana, basada en la independencia, la transparencia, la equidad de género y la proximidad cultural.
En su visión, el juez no es un árbitro lejano, sino un interlocutor con vocación pedagógica y responsabilidad cívica. Un nuevo “ombudsperson judicial” velará por los derechos humanos dentro de los propios tribunales. Y la justicia digital será una herramienta democratizadora, no un privilegio de elites urbanas.
La justicia, nos recuerda Zúñiga Mendoza, no puede ser una ceremonia de solemnidad hueca, ni un teatro de cifras para apaciguar superiores. Debe recuperar su misión originaria, resolver conflictos con equidad, rapidez y dignidad.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial no será un inquisidor, sino un vigía institucional; no castigará para vengar, sino para corregir.
Si este tribunal logra nacer con los controles adecuados, con participación ciudadana real y con profesionales como él, quizás el país pueda finalmente cerrar un largo ciclo de simulación jurídica.
Y empezar, ahora sí, a escribir sentencias que convenzan no solo a los juristas, sino también a la sociedad.
Por su interés, comparto el enlace de la conferencia «Los Retos de la Justicia en México. Tribunal de Disciplina Judicial», impartida el 10 de mayo de 2025 por el Lic. José Artemio Zúñiga Mendoza
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