Columna Política de Apuntes …
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+ Avanzan mesas de trabajo entre el IEEPO y la Sección 22
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Misael Sánchez
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La escena política oaxaqueña vuelve a colocar en el centro un tema que ha marcado la vida pública del estado durante más de cuatro décadas. La relación entre el gobierno y la Sección 22 del magisterio no es únicamente un intercambio de demandas y respuestas, sino un espacio donde se expresa la forma en que una sociedad administra sus tensiones, define sus prioridades y construye su institucionalidad. Las declaraciones del gobernador Salomón Jara y del director del IEEPO, Emilio Montero, permiten observar un momento específico de esa relación, pero también revelan un proceso más profundo que involucra la capacidad del Estado para sostener acuerdos, procesar conflictos y garantizar derechos en un entorno históricamente marcado por la disputa.
El gobernador insistió en que existe comunicación permanente con la dirigencia magisterial y que su administración ha dado respuesta al pliego petitorio entregado el primero de mayo. La afirmación no es menor, porque en Oaxaca la continuidad del diálogo ha sido un indicador de estabilidad política. La historia reciente muestra que cuando ese diálogo se rompe, el espacio público se convierte en escenario de confrontación. La apuesta por la coordinación institucional y el respeto a la libre manifestación se presenta como un intento de evitar que las tensiones escalen hacia episodios que la memoria colectiva recuerda con claridad.
El director del IEEPO detalló que se han procesado más de siete mil quinientos trámites administrativos vinculados con jubilaciones, incrementos salariales, contrataciones, becas y pagos pendientes. La cifra, más allá de su dimensión técnica, evidencia la magnitud de la estructura educativa oaxaqueña y la complejidad de su operación. En un estado donde la dispersión territorial y la diversidad comunitaria condicionan la prestación de servicios públicos, cada trámite es parte de un engranaje que sostiene la vida escolar cotidiana. La administración pública aparece entonces como un sistema que debe funcionar con precisión para evitar que los rezagos se conviertan en conflictos.
El señalamiento de que los pendientes son mínimos contrasta con la narrativa histórica de la Sección 22, que ha construido su identidad política sobre la denuncia de incumplimientos. Montero reconoce esa tradición discursiva y la respeta, aunque no coincida con ella. La observación es relevante porque muestra que el conflicto no se explica únicamente por la existencia de demandas materiales, sino también por la forma en que cada actor interpreta su papel en la arena pública. La dirigencia magisterial mantiene una lógica de lucha que se ha reproducido durante cuarenta años, mientras que el gobierno intenta instalar una lógica administrativa que busca ordenar procesos y reducir márgenes de discrecionalidad.
El caso del mobiliario escolar ilustra esa tensión. La compra masiva realizada a nivel nacional generó retrasos derivados de procedimientos administrativos, licitaciones y logística. El arribo de quince tráileres en una semana y la acumulación temporal de materiales durante la jornada de movilizaciones muestran cómo la política y la administración se entrelazan. La exigencia sindical de entrega inmediata se enfrenta a los tiempos de la burocracia federal y estatal, mientras que el gobierno intenta demostrar que el retraso no es producto de negligencia, sino de la magnitud del proceso.
Algo similar ocurre con los uniformes escolares. Doce mil estudiantes no han recibido el apoyo debido a inconsistencias en la CURP o a la falta de registro en plataforma. El problema no es político, sino técnico. Sin embargo, en un contexto donde la desconfianza histórica pesa más que la explicación administrativa, cada retraso puede interpretarse como incumplimiento. La administración pública se convierte así en un campo donde la precisión documental es tan importante como la narrativa que la acompaña.
La contratación de mil trescientas plazas derivadas de la reintegración de ochocientos millones de pesos muestra otro ángulo del problema. El proceso implica recepción de documentos, revisión, carga en sistemas y validación federal. Montero subraya que no se trata de una decisión política, sino de un procedimiento fiscal. La afirmación busca desmontar la idea de que el gobierno retiene plazas por voluntad propia. En un estado donde la memoria del magisterio conserva episodios de represión y simulación, la claridad administrativa se vuelve un recurso político.
El tema de las cuentas bancarias bloqueadas revela una dimensión adicional. La dirigencia señala que algunos maestros no pueden abrir cuentas debido a restricciones heredadas de gobiernos anteriores. La Federación pide nombres para verificar la situación con las instituciones bancarias. El asunto, aunque técnico, tiene un trasfondo simbólico. La posibilidad de recibir salario sin obstáculos es un indicador de reconocimiento institucional. La existencia de bloqueos, aunque no atribuibles al gobierno actual, alimenta la percepción de vulnerabilidad.
El cierre del convenio sobre el pago de energía eléctrica para los almacenes donde se resguarda el mobiliario escolar muestra otra faceta de la gestión pública. El IEEPO decidió suspender temporalmente el pago de luz para destinar recursos a la logística de entrega. La decisión evidencia la necesidad de priorizar en un contexto de recursos limitados. También muestra cómo la administración debe adaptarse a las exigencias del territorio y a la presión sindical.
El calendario escolar alternativo de la Sección 22 introduce un elemento que trasciende lo administrativo. La ley establece un mínimo de ciento ochenta días de clase, pero el calendario alternativo considera doscientos. La coexistencia de ambos calendarios refleja la dualidad institucional que caracteriza al sistema educativo oaxaqueño. La recuperación de clases tras un paro depende de la voluntad de cada escuela y de la capacidad de los docentes para reorganizar tiempos. La administración reconoce esa realidad y evita imponer una narrativa que desconozca la autonomía de facto que opera en muchas comunidades.
El análisis de este conjunto de declaraciones permite observar un fenómeno más amplio. El sistema educativo oaxaqueño funciona en un equilibrio inestable entre la normatividad federal, la operación estatal y la práctica sindical. Cada actor interpreta la realidad desde su propia lógica. El gobierno busca ordenar procesos y demostrar avances. La dirigencia magisterial mantiene una tradición de lucha que le ha permitido construir identidad y legitimidad. La ciudadanía observa, evalúa y resiente los efectos de cada paro, cada retraso y cada negociación.
El escenario que se configura es el de un estado que intenta transitar hacia una administración más técnica sin romper con la historia política que lo define. La construcción de acuerdos requiere reconocer que la educación en Oaxaca no es solo un servicio público, sino un espacio donde se expresa la relación entre Estado y sociedad. La estabilidad dependerá de la capacidad de sostener el diálogo, transparentar procesos y reducir los márgenes de incertidumbre que alimentan la desconfianza.
El ensayo que emerge de estas declaraciones muestra que la gobernabilidad educativa en Oaxaca no se explica únicamente por la voluntad política, sino por la capacidad de articular procedimientos administrativos con sensibilidad social. La administración pública debe ser eficiente, pero también debe comprender la historia que la atraviesa. El reto consiste en transformar esa historia sin negarla, en construir institucionalidad sin desconocer la fuerza de los actores que han moldeado el sistema durante décadas. Solo así será posible avanzar hacia un modelo educativo que combine legalidad, legitimidad y eficacia en un territorio donde cada decisión pública tiene resonancia colectiva.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx