Asfixiado, el sistema judicial abre rutas alternas para sobrevivir
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Misael Sánchez
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En los pasillos de la justicia federal se respira desde hace años una mezcla de agotamiento y urgencia. No es un secreto para nadie que los tribunales cargan más expedientes de los que pueden procesar y que la ciudadanía, cada vez más desconfiada, se acerca a ellos con la sensación de que el trámite será largo, costoso y distante. En ese ambiente, donde la formalidad procesal se impone sobre la experiencia humana, se abre paso una idea que empieza a tomar forma: la justicia necesita nuevas rutas para seguir respirando.
El diagnóstico es contundente. El propio análisis institucional reconoce que “los grandes retos de la justicia contemporánea no son tanto de calidad decisoria como de accesibilidad”. La saturación, los tiempos de resolución que se alargan más allá de lo razonable y la percepción de que los tribunales favorecen a quienes tienen más recursos han erosionado la legitimidad del sistema. La ciudadanía lo percibe con claridad: “la percepción de corrupción… sitúa a la judicatura por debajo de otras instituciones federales”.
En ese contexto, la justicia tradicional parece avanzar con el paso cansado de un gigante que intenta sostenerse sobre estructuras que ya no responden a la demanda social. La carga de trabajo crece, los recursos disminuyen y las reformas recientes no han logrado aliviar la presión. La elección popular de personas juzgadoras, por ejemplo, no incrementa el número de tribunales ni resuelve la falta de personal capacitado. El sistema se mueve, pero no necesariamente hacia donde más se necesita.
Frente a ese escenario, empieza a dibujarse una ruta alterna. No se trata de sustituir tribunales ni de desmontar la estructura judicial, sino de abrir un camino paralelo que permita desahogar conflictos antes de que se conviertan en litigios interminables. La idea se ha explorado en otros países y ha demostrado que, cuando se ofrece una vía accesible, flexible y cercana, la ciudadanía la toma. No por desconfianza hacia los jueces, sino por necesidad.
En esta visión, los mecanismos alternativos de solución de controversias se convierten en una especie de válvula de escape institucional. No buscan competir con los tribunales, sino complementarlos. Funcionan como un corredor lateral que permite que los conflictos cotidianos —los que no requieren una sentencia con imperio, pero sí una solución justa— encuentren salida sin saturar el sistema. La mediación, la conciliación y el arbitraje se vuelven herramientas para acercar la justicia a quienes la necesitan sin obligarlos a recorrer un laberinto procesal.
Si esta ruta se consolida, podrían darse escenarios distintos. En uno, los centros alternativos se convierten en espacios donde la ciudadanía encuentra respuestas rápidas, comprensibles y empáticas. La experiencia positiva alimenta la confianza en el sistema y reduce la percepción de lejanía. Los tribunales, liberados de parte de su carga, pueden concentrarse en los asuntos que realmente requieren su intervención. La justicia gana tiempo, claridad y legitimidad.
En otro escenario, la resistencia interna podría frenar el avance. La abogacía, temerosa de perder protagonismo, podría ver estos mecanismos como una amenaza. Algunas personas juzgadoras podrían interpretarlos como un desplazamiento simbólico. Si esa resistencia se impone, el sistema alterno corre el riesgo de quedar atrapado en la formalidad que pretendía evitar. La innovación se diluiría en trámites, formatos y requisitos que la convertirían en una copia más lenta del modelo que buscaba aliviar.
Para evitar ese desenlace, la construcción de esta vía alterna necesita claridad de propósito. Requiere que quienes la diseñan entiendan que la justicia no solo se mide en sentencias, sino en la experiencia de quienes la buscan. Necesita procesos simples, lenguaje claro y personal capacitado para escuchar. También necesita blindarse contra la captura institucional, esa tendencia a absorber cualquier innovación hasta volverla irreconocible.
La ruta alterna debe ser gradual, accesible y flexible. Debe convivir con los tribunales sin pretender sustituirlos. Debe ofrecer soluciones reales, no simulaciones. Y, sobre todo, debe demostrar que la justicia puede ser cercana sin perder rigor, rápida sin perder calidad y humana sin perder imparcialidad.
En un país donde la confianza en las instituciones se desgasta con facilidad, abrir caminos nuevos no es un lujo: es una necesidad. La justicia, para seguir siendo justicia, necesita aire. Y quizá la única forma de conseguirlo sea permitir que nuevas rutas corran en paralelo, sin miedo a que la innovación cuestione lo que siempre se ha hecho igual.
La ciudadanía no exige milagros. Exige comprensión, claridad y tiempos razonables. Exige que la justicia deje de ser un territorio inaccesible y se convierta en un espacio donde las personas puedan resolver sus conflictos sin sentirse ajenas. Si los nuevos mecanismos logran eso, no solo aliviarán la carga de los tribunales: ayudarán a reconstruir la confianza en un sistema que, desde hace tiempo, pide auxilio.