La apertura a un proceso democrático para la elección de altos cargos en el Poder Judicial ha sido recibida con una participación sin precedentes.
Así lo anunció Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, durante la conferencia matutina del gobernador Salomón Jara, destacando que el registro de aspirantes casi alcanza los 50,000, una cifra que desafía las críticas de quienes dudaron del interés ciudadano por participar en este proceso.
A partir de la convocatoria, el comité de evaluación del Ejecutivo ha recibido 18,447 solicitudes, el Legislativo ha registrado 27,146, y el Judicial 3,805, sumando un total de 49,398 aspirantes. Esta cifra es un claro indicador de que los comités de evaluación no solo han alcanzado, sino superado ampliamente, el número mínimo requerido de postulantes para poder configurar una elección robusta y representativa.
Se destacan además 480 solicitudes para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un número que evidencia la fuerte demanda por ser parte de la reforma judicial en curso.
La transición de un Poder Judicial históricamente apartado de la participación popular hacia un modelo con bases democráticas y de representación ciudadana ha sido, hasta ahora, uno de los logros más celebrados de esta convocatoria.
Los registros recibidos incluyen a profesionales de diversos ámbitos, muchos de ellos antiguos críticos del sistema judicial actual, quienes, ante la posibilidad de democratizar y transparentar la justicia, han decidido sumarse como candidatos.
Esta respuesta entusiasta representa un verdadero triunfo para la democracia mexicana, en un intento por devolver al Poder Judicial su legitimidad social.
Vásquez Sagrero subrayó que la reforma judicial busca un regreso a los principios fundamentales de la Constitución de 1857, donde la justicia era un derecho accesible y representativo.
Esta apertura, bajo un análisis exhaustivo y cumpliendo con requisitos de elegibilidad, permite que aquellos con la preparación adecuada aspiren a ser los próximos ministros, magistrados y jueces.
En ese sentido, el proceso también desafía los prejuicios que sugerían que esta apertura permitiría a personas sin las competencias necesarias ingresar al sistema judicial.
Este proceso de registro es solo el comienzo de una serie de etapas que definirán el futuro del sistema judicial en México.
El país, expectante, observa el avance de esta iniciativa que promete no solo democratizar el Poder Judicial, sino también acercarlo a la sociedad y a los valores de justicia y equidad. En palabras de Vásquez Sagrero, “la gente está ávida de participar”, una señal de que la ciudadanía no solo respalda esta transformación, sino que quiere ser parte activa en la construcción de un México más justo y democrático.