La administración del gobernador Salomón Jara avanza en su estrategia de atención a conflictos sociales y de seguridad en Oaxaca, con énfasis en la región triqui y en las comunidades afectadas por disputas agrarias de larga data.
En la conferencia matutina, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, compartió los esfuerzos coordinados que buscan llevar estabilidad y desarrollo a estas zonas, donde los desafíos históricos han sido profundos y los actores locales han mostrado resistencia al diálogo en algunos casos.
La región triqui, en particular, sigue siendo un área prioritaria para el gobierno.
Desde el inicio de la administración, se han implementado rondines constantes de seguridad pública, y recientemente se inició la instalación de un Centro de Monitoreo C2 con cámaras de vigilancia en puntos clave de la zona.
Este sistema, cuya operación se proyecta para dentro de 30 días, responde a un compromiso directo del gobernador Jara para reducir la violencia y mejorar la seguridad en la región, permitiendo una vigilancia continua y una respuesta más ágil ante incidentes.
En paralelo, se ha comenzado a desplegar un programa de atención integral que abarcará temas de justicia, salud y desarrollo comunitario.
Otro conflicto en la agenda es el de Tierra Blanca, un caso emblemático en la lucha por la justicia en la región triqui. Tras su visita a los desplazados, Jara reafirmó su compromiso de cumplimiento con las resoluciones judiciales que exigen el retorno de estas personas a sus hogares.
Romero subrayó que el gobierno está atendiendo cada punto del acuerdo, y mencionó que seis personas vinculadas a homicidios relacionados con este conflicto ya han sido detenidas, lo que refleja el trabajo coordinado con la Fiscalía para garantizar que no haya impunidad en la región.
La compleja situación agraria también ha llevado a la reinstalación de la mesa de inteligencia agraria. Este espacio busca resolver problemas de larga duración, como los enfrentamientos entre comunidades en los Chimalapas y el conflicto agrario en la zona de San Miguel y Santa María Chimalapa, en donde históricamente se han disputado tierras entre municipios y comunidades.
La mesa contará con la participación del subsecretario de Gobernación, quien en los próximos días se unirá a las autoridades locales para fomentar el diálogo y promover acuerdos entre las partes.
Sin embargo, Romero enfatizó la necesidad de una actitud de apertura por parte de las autoridades agrarias y de las agencias locales para poder avanzar en estos temas.
Hizo un llamado explícito a las partes involucradas a abandonar las posturas de resistencia al diálogo, una tendencia que ha complicado la resolución de estos conflictos durante décadas. La administración de Jara se encuentra, según Romero, comprometida a respaldar a las comunidades y a fortalecer el tejido social en Oaxaca, pero para lograrlo es indispensable que los actores involucrados colaboren en los espacios de diálogo.
Este enfoque integral, que abarca justicia, seguridad y desarrollo, marca una nueva etapa en el manejo de conflictos sociales en Oaxaca.
Con un gobierno dispuesto a priorizar el bienestar de las comunidades y a actuar con firmeza en la aplicación de la ley, los oaxaqueños pueden esperar que la paz y la estabilidad sean no solo una meta, sino una realidad en el futuro cercano.