Misael Sánchez
El gobernador Salomón Jara celebró en su conferencia matutina la reciente aprobación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando su trascendencia histórica para la democratización de la justicia en el país.
Con un enfoque en la soberanía popular, Jara subrayó que este cambio responde a una demanda ciudadana expresada en las urnas el pasado 2 de junio, cuando la sociedad mexicana manifestó su deseo de una transformación profunda en el sistema de justicia.
El eje de esta reforma se centra en hacer del Poder Judicial un espacio verdaderamente representativo y accesible, eliminando los privilegios de una élite que durante décadas ha impuesto su visión sobre la justicia.
“El pueblo recupera su soberanía sobre las decisiones fundamentales de la nación”, afirmó el mandatario oaxaqueño. Este nuevo enfoque, que Jara describió como un «constitucionalismo popular», busca ir más allá del tradicional Estado de derecho, otorgando al pueblo la última palabra incluso en la interpretación de la Constitución.
Uno de los aspectos más revolucionarios de la reforma es la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, algo que, según Jara, ya se practica en otros países como Estados Unidos y Bolivia.
Este cambio rompe con el antiguo sistema en el que una élite judicial ejercía un control desproporcionado sobre las decisiones legales. Ahora, el poder de elegir a los operadores de justicia estará en manos de la ciudadanía, promoviendo una justicia más cercana y acorde con las necesidades de la mayoría.
Este nuevo esquema incluye además la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, que pasará de once a nueve, eliminando la estructura de salas para trabajar exclusivamente en pleno.
“Se combate la corrupción, la impunidad y se promueve la disciplina judicial”, puntualizó el gobernador, quien criticó a las voces conservadoras que se oponen a esta medida, incluyendo a ministros actuales como Norma Piña y figuras públicas como Claudio X. González.
Otro de los puntos clave de la reforma es la implementación de la austeridad republicana en el Poder Judicial.
Jara condenó los altos sueldos que perciben algunos ministros, superando incluso los 500 mil pesos mensuales, y afirmó que, bajo la nueva normativa, ningún funcionario judicial ganará más que el presidente de la República. Esta medida, asegura, no afectará la operatividad del Poder Judicial, pero reducirá considerablemente su costo.
Asimismo, se avanzará en la paridad de género en las instancias judiciales, garantizando que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en los procesos de elección. Jara mencionó que en Oaxaca aún queda una deuda pendiente en este aspecto, pero celebró los avances logrados con la llegada de mujeres a puestos clave dentro del Tribunal Superior de Justicia local.
El gobernador Jara destacó que, con la aprobación de esta reforma, México se encamina hacia un nuevo modelo de justicia en el que la legalidad no estará por encima de lo justo.
En sus palabras, «el pueblo recupera la última palabra», una declaración que refleja la esencia de esta transformación.
Aunque aún falta que 17 congresos locales ratifiquen la reforma para que sea promulgada por el presidente, Jara confía en que el Senado y los legisladores estatales cumplirán con su responsabilidad histórica.
Este cambio en el sistema judicial marca un antes y un después en la historia constitucional del país. Según Jara, lo que está en juego no es solo una reestructuración del Poder Judicial, sino el regreso del poder al pueblo, devolviendo la justicia a aquellos que durante mucho tiempo estuvieron excluidos de sus beneficios. En este sentido, la reforma no es solo un logro del gobierno actual, sino una victoria para la democracia y el pueblo mexicano.
La transformación continúa, y con ella, la esperanza de un sistema judicial más justo, incluyente y verdaderamente soberano.
