Columna Política…
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+ Salomón Jara y el difícil oficio de ordenar Oaxaca
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Misael Sánchez
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En la política oaxaqueña hay momentos en que una sucesión de asuntos aparentemente inconexos permite observar con mayor claridad la idea que una administración tiene sobre sí misma, sobre el territorio que gobierna y sobre los límites que está dispuesta a reconocer. Carreteras, transporte público, seguridad, procesos electorales, denuncias de corrupción, universidades, fraccionamientos abandonados, drenajes, escuelas inconclusas, programas sociales y conflictos comunitarios pueden parecer piezas dispersas de la administración cotidiana. Sin embargo, vistos en conjunto, dibujan un problema central: cómo se gobierna un estado complejo cuando las demandas sociales llegan desde territorios con historias distintas, instituciones desiguales y problemas acumulados durante décadas.
Eso es, en el fondo, lo que comienza a delinearse en la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. No se trata solamente de anunciar obras o responder a coyunturas. Lo relevante es la manera en que el gobierno intenta construir una lógica de intervención sobre un territorio históricamente fragmentado, con profundas diferencias regionales y una relación particularmente intensa entre comunidades, municipios, autoridades locales y poder estatal.
La política pública, cuando funciona, deja de ser una colección de programas y empieza a convertirse en una arquitectura. El reto consiste precisamente en que esa arquitectura no termine convertida en una suma de buenas intenciones. Oaxaca necesita infraestructura, pero también reglas. Necesita movilidad, pero también planeación. Necesita inversión, pero igualmente responsabilidad institucional. Necesita desarrollo, pero éste debe aprender a conversar con la estructura comunitaria de un estado donde las decisiones sobre la tierra y el territorio no pueden tratarse como un simple trámite administrativo.
La administración de Salomón Jara parece estar colocando sobre la mesa esa discusión desde varios frentes.
Uno de ellos está en la conectividad.
Durante muchos años, Oaxaca fue un estado donde la distancia no se medía solamente en kilómetros. Se medía en horas, costos, aislamiento y oportunidades perdidas. Una carretera deficiente podía significar que un producto tardara demasiado en llegar al mercado, que una persona enferma enfrentara un traslado incierto o que una comunidad permaneciera al margen de circuitos económicos y administrativos que para otras regiones del país resultaban elementales.
Por eso la discusión alrededor de nuevas rutas y corredores carreteros tiene una dimensión que rebasa la obra pública.
El gobierno de Salomón Jara ha insistido en una idea sencilla, aunque políticamente compleja: la infraestructura de comunicación es una condición necesaria para modificar las posibilidades de desarrollo. La experiencia reciente de las autopistas hacia la Costa y el Istmo sirve como referencia para sostener esa tesis. Obras que durante años atravesaron conflictos, resistencias y negociaciones terminaron por modificar las condiciones de movilidad del estado.
Eso no significa que cualquier carretera deba imponerse sobre cualquier comunidad. Sería una lectura pobre de la realidad oaxaqueña y, además, políticamente inútil. La propia posición expresada desde el gobierno estatal plantea otra ruta. En el caso del proyecto de conectividad relacionado con San Lorenzo Cacaotepec, la administración ha sostenido que el proceso requiere información, diálogo y respeto a la voluntad comunitaria, al tiempo que mantiene la convicción de explicar la utilidad estratégica de una conexión que podría articular distintas rutas del estado.
La importancia de esa postura está en reconocer que infraestructura y consenso no son conceptos incompatibles.
Gobernar un territorio comunitario exige abandonar la vieja tentación burocrática de considerar que un proyecto técnico, por el simple hecho de haber sido diseñado por especialistas, adquiere automáticamente legitimidad social. Los mapas no sustituyen a las comunidades. Los estudios técnicos no cancelan la necesidad de diálogo. La utilidad pública necesita, en Oaxaca, una pedagogía política.
La administración de Salomón Jara parece asumir que el desarrollo debe explicarse antes de ejecutarse y que, cuando llegue el momento legal correspondiente, los mecanismos de consulta deben respetarse. Al mismo tiempo, sostiene que el gobierno tiene derecho, y también obligación, de defender la pertinencia de las obras que considera estratégicas.
Esa es una distinción importante.
Respetar una decisión comunitaria no obliga al gobierno a renunciar a su visión sobre el futuro del territorio. El diálogo democrático no consiste en que una de las partes deje de pensar para evitar el desacuerdo. Consiste en construir un procedimiento donde las diferencias puedan procesarse sin convertir cada proyecto en una guerra política.
En Oaxaca, esa discusión apenas comienza.
Porque el problema de fondo no es solamente si una carretera pasa o no por determinado punto. El problema es qué tipo de relación quiere construir el Estado con sus comunidades cuando se trata de modificar el territorio. Y esa discusión será cada vez más frecuente conforme aumenten los proyectos de infraestructura, movilidad, desarrollo económico y conectividad.
La carretera, en ese sentido, es también una metáfora del Estado. Puede conectar o puede imponer. Puede abrir oportunidades o generar nuevas tensiones. Todo depende de la manera en que se diseñe, se explique y se acuerde.
La misma lógica territorial aparece en los problemas de movilidad urbana.
El crecimiento de la zona metropolitana de Oaxaca ha superado desde hace tiempo la capacidad de muchas de sus infraestructuras. El tránsito cotidiano, la expansión urbana, la concentración de servicios y el desplazamiento de miles de personas han creado una ciudad extendida que ya no puede ser administrada con criterios aislados de municipio por municipio.
El BinniBus forma parte de ese intento de reorganización.
La administración estatal ha defendido la ampliación progresiva de unidades y ha anunciado la incorporación de más autobuses, incluidos vehículos de mayor capacidad y unidades eléctricas para determinadas zonas urbanas. El punto político más relevante, sin embargo, no está solamente en el número de unidades. Está en el reconocimiento de que un sistema de transporte público necesita correcciones permanentes.
El gobierno ha admitido problemas de operación vinculados con horarios, capacidad y saturación. La respuesta planteada consiste en ajustar frecuencias de acuerdo con estudios sobre la demanda y reforzar el sistema conforme avance su expansión. Esa lógica es políticamente más saludable que la ficción de la obra terminada desde el primer día.
Un sistema de movilidad no se inaugura una vez y queda resuelto para siempre. Se observa, se mide, se corrige y vuelve a organizarse.
Ésa es una de las lecciones fundamentales de la gestión pública contemporánea. El ciudadano no evalúa una política por el discurso que la acompañó, sino por el tiempo que tarda en llegar a su destino, por la seguridad con la que se desplaza y por la capacidad del servicio para responder a las horas de mayor demanda.
La política de movilidad tiene que llegar a ese punto.
También la seguridad pública aparece bajo una lógica de responsabilidad institucional.
La administración de Salomón Jara ha sostenido que los señalamientos sobre conductas irregulares de elementos policiales deben investigarse y que los casos denunciados deben seguir una ruta institucional. En uno de los asuntos abordados ya existe una carpeta de investigación, mientras el gobernador ha insistido en una premisa elemental: los servidores públicos, incluidos los integrantes de las corporaciones de seguridad, tienen obligaciones éticas durante el ejercicio de sus funciones y deben responder ante la ley cuando incurran en conductas indebidas.
El asunto tiene mayor profundidad de la que parece.
La seguridad pública no se reconstruye solamente con patrullas, armamento o nuevos uniformes. Una corporación se mide también por su disciplina interna, por sus mecanismos de supervisión y por la capacidad de sus mandos para detectar desviaciones antes de que se conviertan en una forma cotidiana de funcionamiento.
La decisión de investigar y permitir que los procedimientos institucionales determinen responsabilidades es, en ese contexto, la respuesta correcta. La protección política de un funcionario o de un elemento operativo siempre termina teniendo un costo mayor que el de una investigación incómoda.
El Estado pierde autoridad cuando pretende encubrir lo evidente.
Por eso el mensaje de la administración estatal es relevante: no se trata de restringir la vida privada de las personas, sino de exigir conducta profesional durante el ejercicio de la función pública. Es una frontera que debería parecer obvia, aunque en muchas administraciones mexicanas ha terminado por convertirse en una zona gris.
La misma exigencia institucional aparece en el debate sobre denuncias de corrupción.
Salomón Jara ha sostenido que existe disposición para investigar acusaciones documentadas, pero ha insistido en la necesidad de presentar denuncias formales cuando existan elementos que permitan iniciar procedimientos. La posición merece una lectura cuidadosa. No significa que las denuncias públicas deban ignorarse. Significa que el espacio público y el sistema de justicia cumplen funciones diferentes.
Las redes sociales pueden revelar un problema, abrir una discusión, exhibir una conducta o producir presión política. Lo que no pueden hacer por sí mismas es sustituir los procedimientos de investigación y prueba.
La administración tiene razón al señalar que quien cometa un acto indebido debe responder ante la justicia. El reto está en que esa disposición se traduzca en resultados verificables.
Porque la política contemporánea enfrenta una dificultad adicional.
La información circula a una velocidad que las instituciones no siempre pueden seguir. Una acusación puede instalarse en la conversación pública antes de que exista una investigación. Una imagen puede producir una condena social antes de que se conozca el contexto. Una campaña digital puede construir reputaciones o destruirlas con una eficacia que hace apenas una década habría parecido imposible.
Eso no convierte a toda denuncia en falsa ni a toda crítica en una operación política. Sería una simplificación absurda. El problema consiste precisamente en distinguir entre la información que exige investigación y la manipulación que busca sustituir la evidencia.
La mejor respuesta del gobierno frente a esa realidad no puede ser la queja permanente sobre las redes. Tiene que ser la construcción de instituciones capaces de investigar con rapidez, comunicar con claridad y sancionar cuando existan responsabilidades.
En esa frontera se juega buena parte de la credibilidad del poder público.
El proceso electoral próximo añade otro elemento al debate.
El gobernador ha señalado que los integrantes de la administración pública que decidan competir por un cargo deberán separarse de sus responsabilidades en el momento correspondiente y que los actos anticipados deben ser atendidos conforme a la ley.
El mensaje tiene importancia porque Oaxaca entra en una etapa donde las aspiraciones políticas inevitablemente comenzarán a moverse dentro y fuera del aparato gubernamental.
Ése es siempre un momento delicado.
La administración pública no puede convertirse en una plataforma permanente de promoción personal. El presupuesto público no debe confundirse con capital electoral y el cargo no puede utilizarse como un mecanismo para construir ventajas que después pretendan presentarse como mérito individual.
El gobernador ha fijado una línea que, si se mantiene con consistencia, puede ayudar a ordenar esa etapa.
Quien quiera participar tendrá que asumir las consecuencias políticas y administrativas de esa decisión.
En un sistema democrático, la ambición política no es un delito. Puede ser incluso una forma legítima de vocación pública. Lo que debe evitarse es que esa ambición se financie con recursos destinados a la administración.
La frontera entre gobierno y competencia electoral debe ser defendida antes de que la campaña comience.
Otro asunto relevante es el de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que entra en un periodo simbólico al recordar dos siglos de historia institucional vinculada con el antiguo Instituto de Ciencias y Artes del Estado.
La respuesta del gobierno estatal combina dos planos.
Por un lado, reconoce el valor histórico y cultural de una institución que ha formado generaciones de profesionistas y que ocupa un lugar central en la historia política de Oaxaca. Por otro, mantiene abierta la necesidad de dar seguimiento a los asuntos relacionados con sus finanzas y a las denuncias presentadas desde la propia institución.
El mensaje tiene importancia porque una universidad no puede ser tratada solamente como patrimonio histórico.
Las instituciones sobreviven por su historia, pero funcionan por sus capacidades presentes.
La autonomía universitaria no puede ser interpretada como una zona de inmunidad frente a la rendición de cuentas. Tampoco la revisión de un problema financiero debe convertirse en un mecanismo de intervención política. El desafío consiste en respetar la naturaleza institucional de la universidad mientras se atienden las responsabilidades que correspondan.
El gobierno estatal ha planteado que las denuncias deben seguirse y que los reclamos no pueden quedar sin respuesta. Esa posición abre una oportunidad para discutir un problema que durante años ha acompañado a muchas universidades públicas mexicanas: la distancia entre autonomía, administración financiera y responsabilidad pública.
No es un debate menor.
Las universidades forman cuadros profesionales, producen conocimiento y participan en la construcción de élites políticas y administrativas. Cuando una institución de esa dimensión enfrenta problemas financieros, el asunto deja de pertenecer exclusivamente a su vida interna.
También pertenece a la discusión sobre el futuro del estado.
La agenda de justicia ocupa otro espacio relevante.
La administración ha señalado la existencia de expedientes y asuntos pendientes relacionados con hechos ocurridos en periodos anteriores, incluidos casos de violencia política y homicidios que permanecen sin una resolución definitiva. La posición expresada desde el gobierno es que esos asuntos deben continuar su seguimiento institucional y que la justicia pendiente no puede desaparecer simplemente porque cambie la administración.
Éste es uno de los terrenos donde cualquier gobierno debe actuar con especial cuidado.
La justicia no puede ser utilizada como una herramienta selectiva de memoria política. Los expedientes no deberían avanzar o detenerse según la cercanía partidista de las víctimas, los responsables o las administraciones involucradas.
Si existe una deuda histórica, la manera de atenderla es mediante investigación, seguimiento y resultados.
La política puede tener memoria. La justicia necesita pruebas.
El reto de la administración de Salomón Jara será demostrar que el compromiso con los casos pendientes no se limita a mantenerlos presentes en el discurso, sino que puede traducirse en procedimientos que permitan avanzar hacia el esclarecimiento de responsabilidades.
Algo semejante ocurre con las escuelas que quedaron inconclusas después de los sismos de 2017.
El problema representa una forma especialmente visible de la herencia administrativa. Los recursos se anuncian, los programas se diseñan, las obras comienzan y, en algún punto, el expediente queda suspendido mientras las comunidades continúan utilizando instalaciones incompletas o deterioradas.
La respuesta del gobernador apunta a revisar la situación de esos recursos y conocer el estado de las carpetas relacionadas con las obras pendientes.
Es una tarea necesaria.
Un gobierno no puede modificar el pasado, pero sí puede negarse a administrarlo con indiferencia.
La reconstrucción pendiente es una prueba concreta de la capacidad estatal para revisar los resultados de administraciones anteriores y determinar qué quedó sin terminar, quién fue responsable y qué puede hacerse todavía.
La política pública madura comienza, muchas veces, con una pregunta incómoda: ¿qué pasó con lo que ya se pagó?
La misma preocupación por los problemas acumulados aparece en el tema de los fraccionamientos.
Salomón Jara ha señalado una realidad que se repite en numerosas ciudades mexicanas. Empresas privadas desarrollan conjuntos habitacionales, obtienen beneficios económicos y después las administraciones municipales terminan enfrentando los costos sociales y de infraestructura cuando aparecen problemas de drenaje, agua potable, vialidades, banquetas o plantas de tratamiento que nunca funcionaron como debían.
Aquí aparece una de las grandes discusiones sobre el crecimiento urbano de Oaxaca.
¿Quién paga realmente el costo de una ciudad que se expande?
Durante demasiado tiempo, el mercado inmobiliario ha operado con una lógica elemental. La ganancia es privada durante el desarrollo; los problemas terminan siendo públicos cuando la obra ya está habitada.
El municipio recibe entonces una colonia que necesita servicios, mantenimiento, drenaje y agua. Los habitantes reclaman con razón. El gobierno local enfrenta obligaciones que no necesariamente fueron previstas con recursos suficientes.
El resultado es conocido: urbanizaciones que nacieron como negocio terminan convertidas en problemas de administración pública.
La postura del gobierno estatal permite abrir una discusión que Oaxaca necesita con urgencia. El desarrollo urbano no puede seguir separando la autorización de la construcción de la responsabilidad posterior sobre los servicios.
La ciudad no termina cuando el desarrollador vende la última vivienda.
Ahí comienza el problema público.
En materia de infraestructura urbana, la administración estatal también ha puesto atención en obras menos visibles que una autopista o un edificio emblemático, pero mucho más decisivas para la vida cotidiana.
Los proyectos de drenaje sanitario y pluvial, así como la intervención posterior de una vialidad estratégica, responden a una lógica que suele recibir menos reconocimiento político precisamente porque permanece debajo del suelo.
Drenar, conducir el agua, evitar inundaciones, reparar colectores y ampliar redes no produce la misma fotografía que una inauguración monumental. Sin embargo, esas obras determinan si una colonia puede resistir una temporada de lluvias o si una vialidad queda inutilizada por problemas que se repiten cada año.
La administración de Salomón Jara ha planteado la intervención de infraestructura sanitaria y pluvial para posteriormente avanzar hacia una obra vial de cuatro carriles en una zona afectada por congestionamiento y problemas de movilidad.
Ésa es una forma razonable de entender la secuencia de la obra pública.
Primero debe resolverse aquello que no se ve y después intervenir lo que sí será visible.
No tiene sentido pavimentar una vialidad si después será necesario abrirla para reparar una red colapsada. La planeación consiste, entre otras cosas, en evitar que el gobierno construya hoy lo que tendrá que destruir mañana.
En ese mismo sentido debe leerse la atención al agua.
Una parte considerable de la infraestructura que permite que una ciudad funcione no tiene valor político inmediato porque no se exhibe fácilmente. Un colector, una red sanitaria, una tubería o un sistema de captación carecen del atractivo visual de otras obras, pero constituyen la base material de la vida urbana.
Gobernar también consiste en aprender a invertir en aquello que casi nadie observa hasta que deja de funcionar.
La administración estatal ha defendido precisamente esa idea al colocar en su discurso la necesidad de intervenir sistemas y sectores que durante años permanecieron rezagados.
La política social completa este panorama.
Los programas dirigidos a mujeres mediante apoyos y créditos tienen una dimensión que va más allá de la transferencia económica. Su eficacia dependerá de que mantengan reglas claras, acceso directo y mecanismos que reduzcan la intermediación política.
La información del documento subraya precisamente la entrega directa de los beneficios y la advertencia de que nadie debe cobrar por la incorporación o la información relacionada con los programas.
Ese punto merece atención.
Los programas sociales adquieren legitimidad cuando pueden ser defendidos como derechos o mecanismos transparentes de apoyo, no como favores administrados por intermediarios.
La relación directa entre institución y beneficiaria reduce espacios para el clientelismo y limita la capacidad de quienes históricamente han convertido la gestión de apoyos en una forma de poder personal.
La eficacia social, sin embargo, deberá medirse con el tiempo.
No basta con contar beneficiarios. Será necesario observar si los créditos fortalecen actividades económicas, si los apoyos mejoran condiciones de autonomía y si las políticas llegan a los municipios donde las brechas económicas y de género siguen siendo mayores.
La acción pública necesita indicadores, pero también necesita escuchar las historias que existen detrás de los indicadores.
Todo esto ocurre en un contexto político más amplio.
Salomón Jara ha reiterado su pertenencia a un proyecto político que entiende la coordinación y la disciplina colectiva como parte de su identidad. Su posición frente a las definiciones nacionales de ese movimiento deja claro que el gobernador concibe la acción política como parte de una estructura con principios, parámetros y decisiones compartidas.
Esa visión tiene consecuencias para la política local.
Oaxaca no gobierna aislada del país. Las decisiones nacionales, los procesos internos de los partidos, la sucesión de liderazgos y las estrategias electorales forman parte del contexto en el que se mueve la administración estatal.
Pero existe una diferencia importante entre pertenecer a un proyecto político y administrar un estado.
El partido tiene su dinámica. El gobierno tiene sus obligaciones.
La fortaleza de una administración consiste en evitar que ambas dimensiones se confundan hasta el punto de que el aparato público pierda su autonomía funcional y termine subordinado a las disputas internas.
De ahí la relevancia de la advertencia sobre la separación del cargo para quienes pretendan competir.
La administración debe seguir funcionando mientras la política electoral comienza a acelerarse.
Ése será uno de los exámenes de los próximos meses.
En el fondo, todos estos temas regresan al mismo punto: la construcción de capacidad estatal.
Oaxaca no resolverá sus problemas solamente con voluntad política. Tampoco con recursos, aunque los recursos sean indispensables. Lo que necesita es la capacidad de convertir decisiones en resultados y resultados en instituciones duraderas.
Una carretera necesita mantenimiento y gobernanza territorial. Un sistema de transporte necesita operación permanente. Una denuncia requiere investigación. Un programa social exige reglas. Una obra necesita planeación. Un municipio necesita coordinación. Una comunidad necesita información y respeto. Una universidad necesita autonomía y responsabilidad.
El gobierno de Salomón Jara Cruz está intentando responder a esa diversidad de problemas desde una idea central de intervención pública.
El territorio debe ser atendido.
Pero atender el territorio no significa únicamente recorrerlo o anunciar inversiones. Significa entender sus conflictos. Reconocer las responsabilidades municipales sin abandonar a los municipios. Promover infraestructura sin ignorar la voluntad comunitaria. Investigar conductas indebidas sin convertir la justicia en espectáculo. Separar las aspiraciones electorales de la función pública. Recuperar obras abandonadas y asumir que los problemas heredados no desaparecen porque cambie el nombre de quien ocupa el poder.
Ésa es la parte difícil del gobierno.
Porque la política permite anunciar el futuro. La administración obliga a enfrentar el presente.
El desafío para Salomón Jara será mantener esa doble tarea sin perder de vista que el éxito de una administración no depende de la cantidad de asuntos que logra colocar en la agenda, sino de su capacidad para darles continuidad hasta que dejen de ser problemas recurrentes.
Oaxaca vive una etapa en la que la infraestructura comienza a ocupar un lugar central, la movilidad exige ajustes, la presión electoral crece y las comunidades reclaman participar en las decisiones que afectan su territorio. Al mismo tiempo, persisten expedientes de justicia, obras inconclusas y ciudades que cargan con los costos de un crecimiento urbano mal planeado.
No existe una solución única para ese conjunto de problemas.
Pero sí existe una responsabilidad común: gobernar sin esconder la complejidad.
La administración de Salomón Jara ha colocado varios de esos asuntos en el centro de la discusión pública y ha fijado posiciones que, en términos generales, apuntan hacia la continuidad de la infraestructura, la atención institucional de las irregularidades, el respeto a los procedimientos comunitarios y la necesidad de mantener orden dentro de la propia administración.
Ahora viene la parte que siempre separa al discurso del gobierno.
La ejecución.
Las obras tendrán que concluirse. Los sistemas tendrán que mejorar. Las investigaciones deberán producir resultados. Los servidores públicos que aspiren a competir tendrán que respetar las reglas. Los proyectos territoriales deberán demostrar que el diálogo es una práctica y no una fórmula retórica. Los problemas heredados tendrán que entrar en expedientes capaces de producir soluciones.
Gobernar Oaxaca implica aceptar que casi ninguna decisión es sencilla. El territorio tiene memoria, las comunidades tienen mecanismos propios de organización y los municipios enfrentan responsabilidades que muchas veces superan sus capacidades.
Por eso el reto no consiste en gobernar un estado imaginario, homogéneo y obediente.
Consiste en gobernar el Oaxaca real.
El de las carreteras necesarias y las comunidades que exigen ser escuchadas. El de la ciudad que necesita transporte y las colonias que siguen esperando drenaje. El de los programas sociales y la obligación de impedir intermediarios. El de las aspiraciones políticas y la necesidad de preservar la función pública. El de las denuncias que deben investigarse y las campañas digitales que obligan a distinguir información de manipulación.
En ese terreno se definirá buena parte del balance de la administración de Salomón Jara Cruz.
Porque el poder puede inaugurar edificios, anunciar rutas y presentar programas. Lo verdaderamente difícil es construir un Estado que siga funcionando cuando la fotografía ya terminó, cuando la coyuntura cambió y cuando los problemas vuelven a reclamar una respuesta.
Ahí empieza, en realidad, el gobierno.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx