Columna Política…
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+ Salomón Jara refuerza política de seguridad con nueva fuerza estratégica
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Misael Sánchez
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La administración del gobernador Salomón Jara Cruz ha colocado nuevamente la seguridad en el centro de la agenda gubernamental y lo ha hecho con una premisa que merece atención política, institucional y social: los avances estadísticos no son suficientes cuando persisten homicidios, extorsiones, miedo y territorios en los que la presencia del Estado todavía debe consolidarse.
La definición resulta relevante porque introduce una exigencia distinta a la simple presentación de resultados. El gobierno estatal sostiene que Oaxaca se encuentra entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, pero al mismo tiempo reconoce que ese dato no permite cerrar el expediente. La administración ha establecido una meta concreta hacia diciembre y ha advertido que la evaluación deberá realizarse municipio por municipio y región por región, con una responsabilidad directamente asociada al desempeño de quienes tienen a su cargo las tareas de seguridad. La idea de fondo es sencilla y políticamente significativa: una reducción estadística no puede convertirse en una licencia para administrar la seguridad desde la complacencia.
Esa postura permite observar un cambio de escala en la manera de abordar el problema. La seguridad deja de presentarse exclusivamente como una cuestión de patrullajes, detenciones o despliegues operativos y comienza a ser tratada como una política pública que involucra inteligencia, procuración de justicia, infraestructura, presupuesto, formación policial, prevención, participación ciudadana y recuperación del espacio público. En términos de teoría del Estado, se trata de recuperar capacidad institucional en varios frentes al mismo tiempo, porque un gobierno puede aumentar su presencia territorial mediante policías y vehículos, pero esa presencia difícilmente se convierte en autoridad legítima si no existe investigación, respuesta judicial, profesionalización, transparencia y confianza ciudadana.
La administración estatal ha presentado, en ese sentido, una inversión superior a mil 200 millones de pesos desde 2022 para equipamiento, fortalecimiento y dignificación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el destino de los recursos. Se reportan miles de uniformes, prendas de protección, capacitaciones, herramientas tecnológicas, vehículos policiales, equipos de radiocomunicación, sistemas de videovigilancia y centros municipales de control, además de una evolución de los sistemas de inteligencia y vigilancia. No se trata solamente de gastar más, sino de intentar modificar las capacidades materiales con las que el Estado enfrenta el delito.
El aspecto más significativo de esa transformación institucional es quizá la creación de la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”. Su conformación reúne a cien elementos, distribuidos entre seguridad pública y procuración de justicia, con entrenamiento especializado para intervenir en situaciones de alto riesgo, atender delitos de alto impacto, enfrentar objetivos prioritarios y participar en rescates. El equipamiento anunciado incluye vehículos blindados, drones, armamento especializado y sistemas de videograbación. La inversión destinada exclusivamente a este grupo asciende a más de 171 millones de pesos.
Políticamente, la creación de esta fuerza expresa algo más que una decisión operativa. Representa la voluntad de construir una capacidad estatal especializada para intervenir sobre fenómenos delictivos que requieren información, análisis y capacidad de respuesta concentrada. El propio planteamiento gubernamental insiste en que la nueva etapa debe llevar la información hacia la inteligencia, la inteligencia hacia la investigación y la investigación hacia operaciones capaces de producir resultados. Esa secuencia importa porque modifica la lógica tradicional de la reacción inmediata. El Estado intenta intervenir antes, identificar patrones y concentrar recursos donde el problema presenta mayor intensidad.
Pero una política de seguridad no puede medirse solamente por la capacidad de desplegar fuerzas especiales. El otro componente de la estrategia está situado en un terreno menos visible, aunque políticamente más complejo. Se trata de las causas sociales de la violencia. Allí aparecen la recuperación de espacios públicos, los senderos seguros, las colmenas por la paz, el trabajo con comunidades, la prevención del reclutamiento de jóvenes, el acercamiento con comerciantes, transportistas, productores y prestadores de servicios, así como el desarme voluntario.
Los resultados estadísticos expuestos en la última conferencia matutina también forman parte de esa narrativa institucional. Se reporta que en agosto de 2026 se registraron 65 víctimas de homicidio doloso, frente a aproximadamente 87 mensuales al inicio de la administración, lo que representa una reducción del 24 por ciento en el promedio diario respecto de diciembre de 2022. El mismo informe señala disminuciones en diversos delitos de alto impacto y destaca reducciones en feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, extorsión, tentativa de feminicidio y delitos patrimoniales.
También se reportan 17 mil 838 detenciones entre diciembre de 2022 y agosto de 2026, de las cuales 9 mil correspondieron a delitos de alto impacto; más de 3 mil 500 órdenes de aprehensión ejecutadas, mil 449 cateos, 13 mil 370 judicializaciones, 6 mil 719 vinculaciones a proceso y 2 mil 665 sentencias condenatorias. Se añade el aseguramiento de más de 900 armas, millones de dosis de droga y la recuperación de más de 3 mil 600 vehículos robados.
La dimensión política de estos números exige una lectura cuidadosa. Una estadística de reducción delictiva no significa que la inseguridad haya desaparecido, del mismo modo que una cifra elevada de detenciones no constituye por sí misma una garantía de seguridad. El verdadero desafío institucional consiste en lograr que la capacidad de investigar, detener, judicializar y sentenciar se traduzca en una disminución sostenible de la violencia y en una mayor confianza de la sociedad en sus instituciones. El documento reconoce precisamente esa tensión cuando coloca el homicidio doloso y la extorsión como problemas que requieren una atención particularmente focalizada.
La extorsión merece una consideración especial porque afecta directamente la economía cotidiana. No se limita a la relación entre delincuencia y víctima individual. Puede alterar decisiones empresariales, modificar rutas comerciales, encarecer servicios, inhibir inversiones y condicionar la actividad de pequeños comerciantes y productores. Cuando una persona paga para evitar una agresión, una amenaza deja de ser únicamente un acto criminal y comienza a convertirse en un mecanismo de control económico y territorial.
Por eso resulta significativa la intención de utilizar la estructura comunitaria para prevenir también ese delito. El planteamiento consiste en trabajar con jóvenes para evitar su reclutamiento y acercarse a sectores productivos para explicar cómo actuar frente a llamadas y amenazas, promover la denuncia anónima y fortalecer la confianza en la respuesta institucional. La política pública comienza así a reconocer que combatir la extorsión requiere tanto capacidad policial como información social y confianza ciudadana.
Hay otro elemento que merece atención política. La administración no solamente ha planteado incrementar las capacidades de sus cuerpos de seguridad, sino modificar las condiciones laborales y profesionales de quienes los integran. Se reporta un incremento de 32.59 por ciento en los salarios de los policías y la aprobación de 247 dictámenes de pensión por retiro. También se informa sobre miles de capacitaciones, uniformes, prendas de protección y herramientas tecnológicas.
La profesionalización es una cuestión central en cualquier reforma institucional de seguridad. Un Estado que exige resultados a sus policías necesita proporcionarles formación, equipamiento, estabilidad y condiciones laborales adecuadas, pero también mecanismos de supervisión y responsabilidad. El documento incorpora este último componente mediante una campaña anticorrupción, el uso obligatorio de cámaras corporales, capacitación ética y una política explícita contra los llamados moches. También establece mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar posibles abusos o actos de corrupción.
Ese punto puede terminar siendo tan importante como la adquisición de vehículos o armamento. La confianza en una institución policial depende de su capacidad para proteger, pero también de la certeza de que sus integrantes están sujetos a reglas y controles. Una corporación con mejores recursos puede ser más eficaz frente al crimen; una corporación con mejores recursos y mecanismos de integridad puede además fortalecer la legitimidad del Estado.
La transformación institucional se extiende hasta la formación profesional. El documento señala la creación de la Universidad de la Seguridad Pública y Paz Social, con cinco carreras y una maestría en administración y gestión de la seguridad ciudadana. Desde la perspectiva de una administración estatal, la creación de una institución educativa especializada puede ser uno de los componentes más importantes de una reforma de largo plazo, porque modifica la manera en que el propio Estado produce cuadros profesionales para atender un problema que no puede resolverse mediante ciclos sexenales de improvisación.
La política de seguridad de Oaxaca aparece entonces como una obra todavía en construcción. Su característica más relevante no está en una sola medida, sino en la articulación de distintas capas de intervención. Hay una capa operativa representada por la nueva fuerza estratégica; una capa de inteligencia y videovigilancia; una de procuración de justicia; una de profesionalización policial; otra de prevención comunitaria; una más relacionada con el espacio público y, finalmente, una dimensión presupuestaria que intenta darle permanencia material al conjunto.
Eso también explica la insistencia de Jara en elevar la exigencia. El gobernador ha planteado que los resultados deberán mejorar hacia diciembre y que quienes no cumplan tendrán que enfrentar medidas. Más allá de la retórica utilizada para expresar esa exigencia, lo relevante es que el gobierno intenta introducir una lógica de evaluación política sobre la seguridad. La responsabilidad deja de diluirse en la complejidad institucional y se coloca sobre el desempeño territorial de quienes tienen atribuciones concretas.
Para una administración estatal, ese cambio es importante porque la seguridad suele convertirse en un espacio de responsabilidades compartidas donde, precisamente por ser compartidas, existe el riesgo de que nadie responda completamente por los resultados. Estado, federación, municipios, fiscalías y corporaciones participan en distintos niveles. La coordinación es indispensable, pero la coordinación no puede convertirse en una forma administrativa de repartir responsabilidades hasta volverlas indistinguibles. La exigencia de resultados municipio por municipio busca precisamente establecer una relación más clara entre autoridad, territorio y desempeño.
En el fondo, la discusión sobre seguridad en Oaxaca es también una discusión sobre el tipo de Estado que la administración de Salomón Jara pretende consolidar. Un Estado que se limita a reaccionar después de los delitos necesita policías. Un Estado que pretende anticiparse necesita inteligencia. Un Estado que busca reducir las condiciones sociales que favorecen la violencia necesita escuelas, espacios públicos, infraestructura y comunidades organizadas. Un Estado que quiere recuperar legitimidad necesita instituciones profesionales, transparentes y capaces de responder.
La política gubernamental expuesta en estos días intenta integrar esas dimensiones en una sola arquitectura. El reto consiste ahora en demostrar que esa arquitectura puede sostenerse en el tiempo y traducirse en resultados verificables. La seguridad pública tiene una particularidad que obliga a mantener la prudencia. Un descenso de los indicadores puede revertirse, una estructura policial puede perder eficacia, una estrategia preventiva puede quedarse sin presupuesto y una fuerza especializada puede terminar absorbida por la dinámica cotidiana si no existe evaluación permanente.
Por eso el punto decisivo no será solamente la presentación de “Binnizá”, ni la inversión acumulada, ni la cantidad de vehículos, cámaras, armas, uniformes o capacitaciones. El punto decisivo será saber si esas capacidades producen una reducción sostenida de la violencia, si disminuyen la extorsión, si mejoran la investigación criminal, si las instituciones responden con mayor rapidez y si la ciudadanía percibe que el Estado está efectivamente presente cuando se le necesita.
La administración estatal ha establecido ya una especie de contrato político consigo misma. Ha dicho que no basta con los avances y que todavía existen grandes retos. Esa admisión es relevante porque coloca el éxito gubernamental en un terreno mucho más exigente que el de la propaganda de resultados. La seguridad no admite triunfalismos porque una sola familia afectada por un homicidio modifica completamente el significado social de cualquier estadística. Un comerciante que abandona su negocio por una amenaza tampoco encuentra consuelo en una curva descendente de delitos.
Oaxaca necesita, por tanto, que la política de seguridad sea evaluada en la escala donde realmente ocurre. En el municipio, en la comunidad, en la colonia, en el camino de regreso a casa, en el comercio, en la escuela, en el espacio público y en la relación cotidiana entre ciudadano e institución. Allí se comprobará si la inversión pública se convirtió en capacidad estatal, si la inteligencia se convirtió en prevención, si la prevención se convirtió en confianza y si la fuerza pública consiguió ejercer su función con profesionalismo y legitimidad.
La administración de Salomón Jara ha decidido elevar la apuesta. Ha invertido recursos, creado capacidades especializadas, fortalecido instituciones, incrementado salarios policiales, desarrollado mecanismos de prevención, impulsado el desarme voluntario y colocado la recuperación de espacios públicos dentro de la agenda de seguridad. También ha asumido que los homicidios y la extorsión requieren una intervención más focalizada y ha fijado un horizonte de evaluación para los próximos meses.
La cuestión que queda sobre la mesa es esencialmente política. Cuando un gobierno declara que la seguridad es una prioridad, deja de tener margen para explicar sus resultados exclusivamente mediante las circunstancias heredadas, la complejidad territorial o la responsabilidad compartida con otras instituciones. La prioridad genera una obligación adicional de demostrar capacidad de conducción, coordinación y corrección de aquello que no funciona.
El gobierno de Oaxaca parece haber entendido esa dimensión. La frase más significativa no está necesariamente en la presentación de una nueva fuerza, en el monto de las inversiones o en las estadísticas de reducción delictiva. Está en el reconocimiento de que todavía no es momento de conformarse. Esa idea contiene el verdadero desafío de la política de seguridad: administrar los avances sin confundirlos con la solución del problema.
Porque en materia de seguridad el resultado nunca pertenece por completo al gobierno ni puede medirse solamente desde sus oficinas. Se verifica cuando una familia puede caminar, trabajar, estudiar, comerciar y regresar a casa con la certeza de que el Estado existe, funciona y responderá cuando sea necesario. Esa es la prueba definitiva de cualquier política pública de seguridad y, para la administración de Salomón Jara Cruz, será también una de las pruebas políticas más importantes de su gobierno.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx