Misael Sánchez
La iniciativa de reforma judicial propuesta en la víspera al Congreso local, por el gobierno de Oaxaca, presentada en el mismo contexto histórico del panorama jurídico nacional, encabezada por Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno del estado, y respaldada por el gobernador Salomón Jara Cruz, busca homologar el marco normativo local con los lineamientos federales establecidos recientemente, al mismo tiempo que introduce innovaciones adaptadas a las necesidades específicas de la entidad.
En el contexto nacional, el Poder Judicial ha sido objeto de intensos debates en torno a su estructura, operación y alcance.
Y es que, la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo social y económico no sólo de Oaxaca, sino de todo el país, pasa necesariamente por las resoluciones de las autoridades de administración de justicia, independientemente de la responsabilidad de los órganos de procuración de justicia, el mejor termómetro para medir la paz social, sin impunidad, sin cifras negras, son las y los juzgadores.
La reforma constitucional federal ha sentado las bases para una transformación estructural que busca combatir la impunidad y garantizar una justicia más accesible y eficiente.
Oaxaca, con su rica tradición jurídica y su compromiso histórico con la justicia social, se posiciona a la vanguardia al plantear reformas que no solo respetan los lineamientos nacionales, sino que también innovan en aspectos fundamentales.
La propuesta presentada al Congreso del Estado incluye la desaparición del Consejo de la Judicatura local, la creación de un Tribunal de Disciplina que supervise las actuaciones de magistrados y jueces, y la elección de magistrados y juzgadores mediante el voto popular.
Este último punto es particularmente relevante, ya que sitúa a Oaxaca como pionero en la democratización del poder judicial, siguiendo un legado que se remonta a las reformas impulsadas por Benito Juárez en el siglo XIX.
Una de las características más destacadas de esta reforma es la creación de siete salas regionales distribuidas en todo el estado. Esta medida busca acercar la justicia a las comunidades, eliminando la necesidad de que los litigantes se trasladen a la capital para dar seguimiento a sus casos.
La visión de un «gobierno de territorio», promovida por la administración estatal, encuentra en esta propuesta su expresión más clara, permitiendo que la impartición de justicia se desarrolle en un entorno más accesible y equitativo.
En este sentido, las salas regionales no solo aliviarán la carga de los litigantes, sino que también promoverán una interacción más directa y eficiente entre jueces, magistrados y las comunidades que representan.
Esto representa un cambio paradigmático en la concepción tradicional del acceso a la justicia, alineándose con las demandas de una ciudadanía que exige mayor cercanía y eficacia por parte de las instituciones.
La reforma también aborda la separación entre las funciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.
A través de la creación de un órgano administrativo independiente, compuesto por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se busca garantizar una gestión más eficiente y menos centralizada.
Este modelo responde a críticas históricas sobre la acumulación de funciones en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, replicando prácticas que ya habían sido señaladas a nivel federal.
Por otro lado, se propone una reestructuración en las prestaciones laborales de magistrados y jueces. Mientras que los derechos adquiridos de los actuales trabajadores quedan intactos, los nuevos nombramientos se regirán por esquemas laborales que eliminen privilegios desproporcionados, como jubilaciones vitalicias, fomentando un sistema más equitativo y sostenible.
La propuesta ahora se encuentra en manos del Congreso del Estado, donde será debatida y enriquecida por las comisiones correspondientes. En este proceso, se destaca la apertura y disposición del Poder Legislativo para analizar y perfeccionar la iniciativa.
Según Vásquez Sagrero, la intención es que la reforma sea aprobada dentro del plazo de 180 días establecido por el Poder Constituyente Federal, asegurando así su implementación oportuna.
La reforma judicial de Oaxaca se perfila no solo como un ajuste normativo, sino como una transformación integral del sistema de justicia, con un enfoque en la democratización, la descentralización y la eficiencia administrativa. Su impacto trasciende las fronteras del estado, ofreciendo un modelo que otros estados podrían adoptar en el futuro cercano.
En un momento en que el país enfrenta retos significativos en materia de seguridad y justicia, Oaxaca demuestra que la innovación jurídica y la voluntad política pueden converger para fortalecer el estado de derecho y consolidar la paz social.
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