Columna Política …
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+ El presupuesto como territorio político
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Misael Sánchez
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En Oaxaca, la discusión presupuestaria ha dejado de ser un ejercicio técnico reservado a especialistas para convertirse en un espejo que refleja la forma en que el Estado se concibe a sí mismo. La presentación de la secretaria de Finanzas, Andrea Acevedo Merlín, en la conferencia del gobernador Salomón Jara, el lunes pasado, ofrece una oportunidad para observar cómo se articula el poder público a través de cifras que, lejos de ser neutras, ordenan prioridades, revelan inercias históricas y exponen los límites estructurales de la administración estatal. En el fondo, el presupuesto es una narrativa política que se escribe con números y se interpreta en clave social.
La secretaria expuso que el 59% del presupuesto estatal llega etiquetado desde la Federación. Por ello afirmó: “El recurso etiquetado equivale al 59% de la totalidad del presupuesto… no podemos disponer de ellos para otra cosa”. Esta afirmación sintetiza una realidad que ha acompañado a Oaxaca desde mediados del siglo XX, cuando la centralización fiscal se consolidó como mecanismo de control político y administrativo. La historia mexicana demuestra que la autonomía financiera de los estados ha sido más aspiración que práctica, y Oaxaca no es la excepción.
El FONE, el FAETA y el Ramo 33 absorben buena parte de los recursos federales. La nómina magisterial, por ejemplo, consume montos equivalentes a todo el margen de maniobra estatal. La administración opera con un espacio fiscal reducido, lo que obliga a una gestión precisa y a una priorización constante. En términos de teoría política, el presupuesto funciona como un dispositivo que delimita la capacidad real del Estado para intervenir en el espacio público.
El incremento del 74% en la recaudación estatal entre 2022 y 2025 no solo es un logro administrativo. Es un acto político que redefine la relación entre ciudadanía y gobierno. Por ello precisó que: “En 2022 hubo una recaudación de 3,900 millones; para 2025, casi 7,000 millones”. En un territorio caracterizado por la informalidad económica, la fragmentación municipal y la desconfianza histórica hacia las instituciones, recaudar más implica construir legitimidad desde abajo.
La recaudación no es únicamente un mecanismo financiero. Es una forma de presencia estatal que se despliega en oficinas recaudadoras, módulos de atención, campañas de regularización y procesos de fiscalización. Cada contribuyente que decide cumplir con sus obligaciones fiscales participa en la reconstrucción del pacto social. En ese sentido, la política fiscal se convierte en política pública en su expresión más profunda.
La administración actual presume haber realizado inversión pública histórica sin contratar nueva deuda. El contraste con gobiernos anteriores es evidente. Por ello recordó que: “En 2020 se ejercieron 7,300 millones de inversión, pero 1,700 fueron con deuda”. La decisión de no endeudarse no solo responde a criterios de disciplina financiera. Es un gesto político que busca marcar distancia con prácticas del pasado y construir una narrativa de responsabilidad institucional.
La historia reciente de Oaxaca muestra que la deuda pública ha sido utilizada como herramienta para financiar obra, pero también como mecanismo de presión política y como herencia incómoda para administraciones posteriores. La reducción del saldo de 35 mil millones a 25,500 millones al 31 de mayo de 2026 evidencia un esfuerzo sostenido por corregir esa trayectoria. Hemos pagado 16,500 millones… 8,000 a instituciones financieras y 7,693 a bancos”, precisó. La cifra es contundente y obliga a reflexionar sobre la importancia de la continuidad administrativa en un sistema político que suele privilegiar la ruptura sobre la consolidación.
La distribución regional de la inversión revela la forma en que el Estado se despliega sobre el territorio. Valles Centrales concentra la mayor parte del gasto, seguido por Istmo, Costa y Mixteca. La lógica responde a densidad poblacional, actividad económica y presencia institucional, pero también a la necesidad de equilibrar regiones históricamente marginadas. Los mapas de calor incluidos en la presentación muestran que 329 municipios recibieron obras de caminos y puentes, 536 en educación, 345 en vivienda, 288 en agua potable y 140 en salud.
La inversión pública no solo construye infraestructura. Construye Estado. Cada carretera, cada sistema de agua potable, cada aula rehabilitada es una intervención en el espacio público que modifica dinámicas sociales, reduce desigualdades y fortalece la gobernabilidad. En un estado con 570 municipios y una diversidad cultural profunda, la obra pública es también un mecanismo de cohesión territorial.
La deuda pública funciona como recordatorio de que la política no se agota en un periodo gubernamental. La administración actual recibió una deuda de más de 35 mil millones de pesos. La reducción del saldo es significativa, pero también evidencia la magnitud del desafío. La historia financiera de Oaxaca muestra que cada administración hereda no solo infraestructura y programas, sino también compromisos que condicionan el futuro.
La secretaria lo expresa con claridad al señalar que los pagos realizados corresponden a obligaciones heredadas. La deuda, en este sentido, es una forma de memoria institucional que obliga a pensar la política más allá del ciclo electoral.
El análisis del presupuesto permite imaginar escenarios futuros. Si la recaudación continúa en ascenso y la disciplina financiera se mantiene, el Estado podría ampliar su margen de maniobra y fortalecer programas sociales, infraestructura estratégica y políticas de desarrollo regional. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo depende de factores externos como la estabilidad federal, la evolución económica nacional y la capacidad de los municipios para integrarse a una lógica de corresponsabilidad fiscal.
El fortalecimiento institucional aparece como una necesidad evidente. La profesionalización administrativa, la modernización tecnológica y la transparencia presupuestaria son elementos que pueden consolidar la confianza ciudadana y mejorar la eficiencia del gasto. Asimismo, la coordinación intermunicipal y la planeación regional podrían reducir la fragmentación que históricamente ha limitado el desarrollo del estado.
El presupuesto estatal no es solo un documento técnico. Es una narrativa que expresa la forma en que el gobierno entiende su papel en la sociedad. La presentación de la secretaria Acevedo Merlín muestra un esfuerzo por explicar esa narrativa con claridad y rigor. En un contexto donde la ciudadanía exige resultados tangibles y la clase política busca legitimidad, la transparencia presupuestaria se convierte en un acto de responsabilidad democrática.
La reflexión final es inevitable. Gobernar implica administrar recursos, pero también construir sentido público en torno a ellos. En Oaxaca, donde el espacio público es un territorio en disputa permanente, esa tarea exige una combinación de técnica, visión política y sensibilidad social. La aritmética del poder no se reduce a sumas y restas. Es, en esencia, una forma de ordenar el mundo.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx