Poder, memoria y política del pasado vivo de un Oaxaca bajo tierra
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Misael Sánchez
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En Oaxaca no hace falta excavar demasiado para encontrar el pasado. Basta con mover una piedra, abrir una zanja, ampliar una calle o detener una obra pública para que la historia reaparezca con la contundencia de lo que nunca se fue. Esa certeza, que en otros lugares es metáfora, en Oaxaca es política pública, debate cultural y tensión institucional.
Así lo dejó claro el gobernador Salomón Jara Cruz, al recordar que el estado no sólo es el corazón cultural de México, sino un territorio donde la civilización prehispánica alcanzó niveles de organización y sofisticación muy por encima de su tiempo, y donde cada cerro guarda todavía una arquitectura del poder que exige ser entendida y protegida.
El reciente descubrimiento de una tumba zapoteca milenaria en San Pablo Huitzo, fechada alrededor del año 600 de nuestra era, vino a confirmar esa realidad con evidencia material difícil de ignorar. No se trata de una pieza aislada ni de un hallazgo fortuito, sino de un conjunto funerario de alto valor arquitectónico, simbólico y político, que revela cómo el poder, la muerte y la memoria estaban organizados en una civilización que entendía el tiempo como herencia y el territorio como mandato sagrado.
Desde la visión del gobernador, Oaxaca es un espacio donde la cultura no está en los museos sino incrustada en el suelo, en los cerros y en los centros históricos. Al referirse a sitios como Huitzo, Guiengola o Monte Albán, Salomón Jara colocó el debate en un plano estratégico: el patrimonio arqueológico no es un lujo académico ni un atractivo turístico secundario, sino un activo histórico que define identidad, soberanía cultural y responsabilidad de Estado.
Por ello insistió en la necesidad de que el gobierno federal, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fortalezca la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia para rescatar, conservar y estudiar vestigios que durante décadas permanecieron expuestos al abandono o a la presión del crecimiento urbano.
El hallazgo de la tumba zapoteca en Huitzo no sólo aportó información inédita sobre rituales funerarios y cosmovisión, sino que expuso una narrativa de poder claramente estructurada. El búho que decora la entrada, asociado a la noche y a la muerte, no es un adorno simbólico sino una declaración política del linaje enterrado. Bajo su pico se conserva el rostro estucado y pintado de un personaje zapoteca que, todo indica, fue un ancestro venerado como intermediario con las divinidades. En los muros, la procesión de personajes con bolsas de copal no representa un tránsito abstracto, sino una liturgia precisa que articulaba religión, jerarquía y control social.
En este contexto, la intervención del titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, añadió una lectura contemporánea al problema: el patrimonio arqueológico no puede seguir dependiendo únicamente de una institución federal desbordada por la magnitud del territorio que debe proteger. Sosa fue directo al señalar que el INAH no se da abasto y que resulta urgente construir un esquema legal que permita a instancias estatales y municipales colaborar de manera activa en la catalogación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural.
El planteamiento no es menor. Flavio Sosa propuso revisar el marco jurídico para dotar de facultades claras a la Secretaría de Cultura estatal y a instancias como el IMPAC, con el fin de establecer una vinculación directa con el INAH. La intención es evitar que los vestigios sigan apareciendo como obstáculos para el desarrollo urbano o como curiosidades virales en redes sociales, y asumirlos, en cambio, como parte estructural del espacio público y de la memoria colectiva.
El caso del Centro Histórico de Oaxaca ilustra bien esta tensión. Bajo edificios coloniales, talleres artísticos y casonas del siglo XIX, existen capas arqueológicas que permanecen ocultas o subutilizadas. Flavio Sosa mencionó, por ejemplo, los vestigios localizados bajo el taller Rufino Tamayo, donde una simple ventana arqueológica podría transformar un espacio administrativo en un punto de divulgación cultural de alto impacto. La ciudad, en ese sentido, no es sólo patrimonio arquitectónico visible, sino una superposición de épocas que exige nuevas formas de gestión y narrativa.
La tumba de Huitzo se suma así a una red de sitios que configuran un mapa del poder zapoteca previo a la consolidación de Monte Albán como capital hegemónica. Cerros fortificados, centros ceremoniales y tumbas familiares revelan que el control del territorio se ejercía tanto desde la altura física como desde la profundidad simbólica. La muerte no clausuraba el poder, lo institucionalizaba. Los ancestros no eran pasado, eran autoridad vigente.
Este descubrimiento obliga también a replantear la relación entre política contemporánea y pasado prehispánico. En Oaxaca, la arqueología no es neutral. Cada vestigio recuperado redefine discursos de identidad, pertenencia y legitimidad. Cuando Salomón Jara habla de una civilización avanzada, no lo hace desde la nostalgia, sino desde una lectura política que reivindica a los pueblos originarios como sujetos históricos completos, no como notas al pie del relato nacional.
La gestión del patrimonio, entonces, se convierte en una forma de gobernar el tiempo. Proteger una tumba zapoteca no es sólo conservar piedra y pigmento, sino reconocer que el presente se construye sobre decisiones tomadas hace más de mil años. La manera en que hoy se catalogan, investigan y muestran estos hallazgos dirá mucho sobre el tipo de país que se quiere proyectar: uno que dialoga con su pasado o uno que lo tolera sólo cuando no estorba.
Oaxaca, con su subsuelo saturado de historia, no permite la indiferencia. Cada descubrimiento como el de Huitzo recuerda que la arqueología no es un asunto del pasado, sino una disputa del presente. Una disputa por la memoria, por el territorio y por el derecho a narrar quiénes fuimos para entender quiénes somos. Y en esa disputa, la política cultural deja de ser un adorno institucional para convertirse en una estrategia de Estado.
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Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx