El sistema de pensiones en Oaxaca, como en buena parte del país, transitaba por una ruta crítica, las reglas heredadas y las contribuciones simbólicas mantenían al borde del colapso un esquema en el que cada vez menos trabajadores activos sostenían a un número creciente de jubilados. La ecuación era insostenible.
Frente a este panorama, el Gobierno de Oaxaca no solo reaccionó con oportunidad, sino que presentó un modelo disruptivo, diseñado con visión técnica y sensibilidad social, que busca blindar el futuro financiero de miles de servidores públicos, en especial de los cuerpos de seguridad.
Dos nombres destacan en el diseño de este nuevo paradigma, Farid Acevedo López, secretario de Finanzas, y Elpidio Altamirano, director de la Oficina de Pensiones. Ambos articularon una reforma estructural y técnica que rompe con la inercia y ofrece soluciones concretas a una crisis con múltiples capas: la fragilidad de los fondos de pensiones, la injusticia histórica hacia los trabajadores policiales y, especialmente, el desbalance generacional.
En la raíz del problema se encontraba un sistema de aportaciones disfuncional: apenas un 2% del trabajador y un 2% del patrón, un total de 4% que resultaba insuficiente para sostener jubilaciones dignas y permanentes. Además, los elementos de seguridad, al retirarse, perdían su acceso a los servicios de salud, justo en el momento de mayor vulnerabilidad.
La reforma encabezada por Acevedo y Altamirano da un golpe de timón en todos los frentes: no solo multiplica las cuotas —18% del Estado y 9% del trabajador, de manera progresiva y no lesiva—, sino que introduce mecanismos inteligentes para garantizar liquidez, como el retiro gradual del ISR y el diseño de una matriz de pensiones basada en edad y años de servicio.
Uno de los logros más notables es la incorporación del Seguro Social mediante la modalidad 33, financiada al 100% por el Gobierno estatal, lo que garantiza continuidad en la atención médica de las y los policías retirados. Esta medida no solo es un acto de justicia, sino también un alivio financiero para las familias beneficiarias.
El nuevo sistema no solo responde al déficit, sino que evita la catástrofe: con una población envejecida y una disminución relativa de nuevos cotizantes, el fondo de pensiones caminaba hacia el agotamiento.
Acevedo fue claro al señalar que actualmente el Gobierno estatal aporta de forma extraordinaria mil 200 millones de pesos para cubrir el déficit en pensiones civiles. La reforma presentada busca evitar que esa misma situación se repita con los cuerpos de seguridad.
La solución es doble: mientras se fortalece la contribución mensual con base en todas las percepciones del trabajador (y no solo el salario base), el Gobierno de Salomón Jara asume una responsabilidad fiscal extraordinaria, destinando aportaciones adicionales para que el nuevo modelo sea financieramente viable y sostenible en el largo plazo.
Este rediseño no es una dádiva; es una respuesta estructural a un conflicto intergeneracional que ya no podía postergarse. El sistema anterior colocaba una carga desproporcionada en las nuevas generaciones, sin garantizarles una vejez segura.
El nuevo esquema distribuye de forma más equitativa las responsabilidades, plantea una lógica progresiva y permite que quienes ingresaron tarde al servicio, o no logren 30 años de cotización, puedan retirarse con una pensión proporcional pero digna.
Además, el sistema reconoce el derecho de heredar la pensión, contempla accidentes fuera del trabajo como causa de retiro con pensión, y ofrece beneficios equivalentes o superiores al 100% del último salario neto, en ciertos casos. Todo ello enmarcado en un modelo que contempla el crecimiento de las pensiones a la par del salario de los activos.
Desde una mirada financiera, esta reforma representa un acto de racionalidad y equilibrio presupuestal. Pero también, y sobre todo, es un acto de justicia y visión de futuro. En vez de diferir el problema —como hicieron gobiernos anteriores con reformas cosméticas, como la de 2015, luego enmendada por la Corte—, el Gobierno actual optó por enfrentarlo de raíz.
El resultado es un modelo que puede servir de referencia a nivel nacional. Uno que demuestra que la sostenibilidad financiera y la justicia social no están peleadas, siempre que se combinen inteligencia técnica, voluntad política y ética pública.
Farid Acevedo y Elpidio Altamirano, con el respaldo del gobernador Salomón Jara, han mostrado que la reforma de pensiones no tiene por qué ser una bomba de tiempo: puede, por el contrario, ser el punto de partida para un nuevo pacto social entre generaciones.
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