Misael Sánchez
En un escenario de creciente debate jurídico y político, el consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, defendió la legalidad y validez de la figura de supresión de bases laborales.
En la conferencia matutina encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el Abogado del Estado explicó con claridad las rutas legales que sustentan esta decisión y desestimó las acusaciones de irregularidades esgrimidas por sectores de la oposición.
“No inventamos la figura; está en la Ley del Servicio Civil desde hace años. Que no se hubiera utilizado anteriormente no significa que no exista”, sostuvo Vásquez Sagrero al ser cuestionado sobre la supresión de plazas laborales.
De acuerdo con el funcionario, esta herramienta jurídica es un procedimiento contemplado en la normativa local y ha sido implementada en diversas entidades del país.
El consejero subrayó que el gobierno estatal ha actuado en estricto apego a derecho y respondiendo a compromisos previamente adquiridos.
“El gobernador lo dijo desde diciembre de 2022: sería un compromiso revisar el exceso de bases que en administraciones pasadas fueron asignadas de manera irregular”, puntualizó.
En ese sentido, presentó datos concretos: “No hay forma de justificar la entrega de siete mil bases laborales en un periodo de nueve años, cuando el promedio histórico era de 35 por año. La matemática no falla”.
Vásquez Sagrero también aclaró que aquellos trabajadores que consideren vulnerados sus derechos tienen expedita la vía legal para impugnar los actos de autoridad.
“El Estado de derecho está garantizado. Existen instancias como la primera y segunda instancia, el amparo y la Junta Laboral para resolver este tipo de conflictos. Si algún juez federal determina alguna suspensión, la acataremos, pero también tenemos la facultad de combatirla”, advirtió.
Durante su intervención, el consejero Jurídico desmontó críticas que señalan un presunto plagio de legislación ajena, específicamente de Baja California. Al respecto, explicó que lo presentado ante el Congreso del Estado se basa en un precedente jurídico reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Es un argumento jurídico conocido como ‘rubro’, un precedente aplicable por analogía a situaciones similares. Eso no es plagio; es el uso correcto de la jurisprudencia”, aclaró.
De igual manera, abordó las acusaciones de que los decretos emitidos recientemente buscan adelantar vacaciones con fines políticos. “Cada año, y bajo cualquier administración, se emiten decretos para declarar días inhábiles durante los periodos vacacionales, como lo establece la ley. Afirmar lo contrario es una muestra de ignorancia jurídica”, sostuvo.
Al referirse a la necesidad de encontrar soluciones conciliatorias, Geovany Vásquez Sagrero citó la regla básica de todo litigante: “Es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Destacó que el gobierno de Oaxaca mantiene abierta la posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores afectados, ya sea a través de indemnizaciones o por la reubicación en plazas similares.
En el fondo, el funcionario expuso la disyuntiva legal a la que se enfrentaron: aplicar el ius puniendi, es decir, la vía coercitiva y sancionadora del Estado, o buscar una solución administrativa y negociada. “Optamos por la supresión de bases con las salidas que contempla la ley: la reubicación o la indemnización”, aseguró.
Finalmente, Vásquez Sagrero reiteró que el gobierno actuará con firmeza y transparencia para garantizar el orden y la legalidad. “En la mesa de diálogo hemos escuchado sus argumentos y se les ha explicado el procedimiento. El gobierno no actuará con arbitrariedad, pero tampoco cederá ante la presión política. La ley es clara y se está aplicando”, concluyó.
De esta manera, el gobierno de Oaxaca defiende la legalidad de sus acciones en un tema complejo y políticamente sensible, donde el diálogo, la ley y los precedentes jurídicos se colocan en el centro de la discusión.