Columna Política …
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+ Intervención integral de Salomón Jara en Juchitán
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Misael Sánchez
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Hay momentos en la vida pública en los que una administración debe decidir si observa un problema desde la cómoda distancia de las estadísticas o si entra en él, lo reconoce, mide sus dimensiones y acepta el costo político de intervenir. Juchitán de Zaragoza se ha convertido en uno de esos momentos para el gobierno de Oaxaca.
En la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, el respaldo a la región del Istmo de Tehuantepec ha adquirido, en el caso particular de Juchitán, una dimensión estratégica. El municipio que encabeza Miguel Sánchez Altamirano concentra una intervención gubernamental que parte de una realidad incómoda, pero imposible de ignorar: la seguridad no puede resolverse únicamente con patrullas, detenciones y operativos cuando la violencia ha encontrado durante años condiciones sociales, territoriales y comunitarias para instalarse.
El llamado Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar se mueve precisamente sobre esa premisa. La estrategia, desarrollada desde mediados de abril, articula dos campos de acción que en la práctica de la seguridad pública suelen caminar por separado: el control territorial y la atención a las causas que alimentan la violencia.
Esa combinación merece una lectura política más allá del discurso institucional. Lo que está en juego en Juchitán no es solamente la eficacia de una operación de seguridad. También está en juego la capacidad del Estado para recuperar presencia, reconstruir relaciones con la comunidad y evitar que determinados espacios sociales continúen siendo ocupados por dinámicas que favorecen la violencia.
Juchitán no es un municipio cualquiera dentro del mapa oaxaqueño. Es una ciudad con peso histórico, económico, cultural y político en el Istmo. Es un espacio donde la vida comunitaria tiene una densidad particular, donde la identidad colectiva conserva una fuerza considerable y donde, al mismo tiempo, se han acumulado problemas que la propia administración estatal reconoce como estructurales. La estrategia parte de un dato político fundamental: intervenir sin comprender el territorio suele producir políticas públicas de corta duración y resultados todavía más cortos.
Por eso la intervención ha sido planteada sobre una realidad demográfica concreta. En Juchitán viven más de 113 mil personas y una parte considerable de esa población está integrada por niñas, niños y jóvenes. La política de seguridad se ha desplazado, por tanto, hacia escuelas, familias, espacios deportivos, actividades culturales y mecanismos de prevención, bajo la idea de que una parte decisiva de la disputa por el futuro ocurre antes de que un joven sea incorporado a una cadena delictiva.
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Durante demasiado tiempo, la seguridad pública mexicana fue explicada con una lógica casi exclusivamente policial. Aumentar patrullas, incrementar operativos, realizar detenciones y decomisar armas parecía suficiente para demostrar que el Estado estaba presente. Aquella visión tenía una utilidad evidente, porque ningún gobierno puede renunciar a la obligación elemental de perseguir a quienes cometen delitos, pero resultaba incompleta.
La violencia organizada no vive solamente en las calles. También se alimenta de espacios abandonados, de trayectorias educativas interrumpidas, de familias sin herramientas para enfrentar determinados problemas, de jóvenes sin opciones claras y de comunidades donde la presencia institucional aparece únicamente cuando el conflicto ya estalló.
La administración de Salomón Jara ha colocado en Juchitán una tesis distinta, al menos en el diseño de su intervención. La seguridad debe ejercer control territorial, pero también debe disputar los espacios sociales donde se construyen las decisiones individuales y colectivas.
No se trata de una novedad teórica. La literatura sobre prevención de la violencia lleva décadas insistiendo en que la acción punitiva, por sí sola, tiene límites evidentes. Lo interesante es observar cómo esa discusión intenta trasladarse a una ciudad concreta, con problemas concretos y con una historia política que obliga a cualquier autoridad a medir cuidadosamente sus movimientos.
En ese sentido, el espacio público deja de ser una simple superficie urbana. Una cancha, una escuela, un patio comunitario o un espacio cultural pueden convertirse en instrumentos de política pública cuando existe una estrategia que les da sentido.
Las acciones desarrolladas en materia deportiva permiten observar esa lógica. Más de 6 mil personas han participado en actividades físicas, recreativas y de convivencia dentro del municipio, mientras que se han realizado activaciones en instituciones educativas y espacios públicos, además de torneos de voleibol, basquetbol y futbol. La estrategia ha buscado utilizar el deporte como mecanismo de participación comunitaria y recuperación de espacios compartidos.
Conviene no caer en la ingenuidad. Un torneo deportivo no desarticula por sí mismo una organización criminal. Una cancha ocupada por niños tampoco elimina automáticamente los mercados ilegales. Pero sería igualmente ingenuo despreciar el valor político y social de esos espacios.
El crimen organizado comprende desde hace tiempo la importancia del territorio. Comprende las relaciones sociales, las lealtades, los silencios, las necesidades económicas y las zonas donde el Estado aparece poco o aparece tarde. Una política de seguridad que pretende disputar influencia necesita entender la misma geografía.
Por eso el problema no consiste únicamente en quién patrulla una calle. También importa quién utiliza la cancha, qué ocurre después de clases, qué capacidad tienen las familias para detectar riesgos y qué instituciones acompañan a los jóvenes cuando aparecen los primeros síntomas de una trayectoria problemática.
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La administración estatal ha reconocido que Juchitán enfrenta una situación compleja en materia de homicidio, narcomenudeo y extorsión. El reconocimiento tiene importancia porque una política pública comienza a perder credibilidad cuando pretende administrar la percepción negando el problema que la ciudadanía conoce. En este caso, la estrategia asume que existe una crisis localizada y plantea una intervención sostenida para enfrentarla.
Ésa es, precisamente, una de las características que merece atención en términos políticos. El gobierno de Salomón Jara no está planteando la seguridad de Juchitán como una operación aislada ni como una respuesta temporal a un episodio específico. La estructura anunciada incorpora coordinación entre corporaciones, fortalecimiento municipal, inteligencia, prevención, educación, deporte, cultura y participación comunitaria.
La pregunta importante es si esa suma de acciones podrá mantenerse en el tiempo.
La experiencia mexicana ofrece suficientes ejemplos de programas que comenzaron con intensidad y terminaron convertidos en una carpeta administrativa. El desafío para Juchitán consiste en evitar ese destino. Una política territorial requiere continuidad, indicadores, coordinación institucional y una evaluación que permita distinguir entre actividad gubernamental y resultados efectivos.
No basta con contabilizar talleres, eventos o patrullajes. Habrá que observar si disminuyen determinados delitos, si mejora la percepción de seguridad, si las escuelas cuentan con mejores herramientas para prevenir riesgos y si la presencia institucional logra consolidarse.
En otras palabras, la seguridad debe medirse tanto en resultados operativos como en capacidad de transformación.
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Aquí aparece otro elemento de enorme importancia para especialistas en municipalidad y gobierno.
Juchitán no puede ser entendido únicamente como receptor de una política diseñada desde la capital. La seguridad cotidiana se construye en buena medida desde el municipio. Allí se conocen los barrios, las agencias, las escuelas, los conflictos locales y las zonas donde determinados fenómenos comienzan a manifestarse.
Por eso el fortalecimiento de la policía municipal constituye uno de los componentes relevantes de la estrategia.
La corporación cuenta con 111 elementos, de los cuales 72 tenían vigente la aprobación de los controles de confianza señalados en el reporte y 65 disponían de Certificado Único Policial vigente. Estos datos no son una nota administrativa menor. Revelan uno de los problemas centrales de la seguridad municipal en México: la distancia entre el tamaño de las responsabilidades que enfrentan los municipios y las capacidades reales de sus instituciones policiales.
El gobierno estatal ha colocado recursos y acompañamiento en esa estructura. De los 120 millones de pesos identificados para Juchitán dentro del Fortamun, 33.69 por ciento se destina a acciones de seguridad, con una inversión superior a 40 millones de pesos. Una parte importante se concentra en vehículos, equipo terrestre y videovigilancia, mientras que entre los rubros señalados destacan más de 7.6 millones de pesos para cámaras de seguridad y más de 7.3 millones para vestuario y uniformes.
La apuesta tecnológica también es significativa. Para 2026 se contempla el fortalecimiento del sistema municipal con 195 cámaras fijas adicionales y 35 cámaras PTZ, junto con infraestructura complementaria como postes, altavoces y botones de seguridad.
Desde una perspectiva política, el dato relevante no es únicamente la cantidad de cámaras. El punto de fondo es la construcción de capacidades municipales. Durante décadas, buena parte de los municipios mexicanos han enfrentado el fenómeno criminal con corporaciones insuficientes, presupuestos limitados y una dependencia creciente de las fuerzas estatales y federales.
La intervención de Juchitán plantea, por lo menos en su diseño, una lógica distinta: el Estado puede intervenir con toda su capacidad, pero la paz duradera necesita instituciones locales capaces de sostenerla.
Ese principio tiene implicaciones que van mucho más allá de Juchitán. Para cualquier presidente municipal, legislador, dirigente partidista o servidor público, el caso ofrece una lección sencilla. No existe seguridad pública sólida cuando el municipio se limita a esperar que otro nivel de gobierno resuelva sus problemas.
La coordinación no significa sustitución.
El gobierno estatal puede aportar recursos, tecnología, capacitación, inteligencia y capacidad operativa. Las fuerzas federales pueden reforzar el control territorial. Pero la autoridad municipal sigue siendo la institución que convive diariamente con el territorio.
En ese sentido, el trabajo entre la administración de Salomón Jara y el municipio encabezado por Miguel Sánchez Altamirano adquiere una dimensión que debe ser observada con atención. La construcción de una estrategia conjunta es también una prueba de coordinación política e institucional en una región donde la fragmentación de esfuerzos suele tener consecuencias inmediatas.
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Uno de los aspectos más relevantes de la intervención está en la decisión de llevar la prevención al sistema educativo.
En Juchitán se tiene identificado un conjunto inicial de 50 instituciones educativas para desarrollar talleres con niñas y niños, pláticas con adolescentes y jóvenes, capacitación para docentes y herramientas de actuación en los entornos escolares. También se contempla el trabajo con padres y madres de familia, bajo una lógica que vincula la prevención con la construcción de confianza dentro de los hogares.
La intención anunciada es ampliar la cobertura hacia la totalidad de las escuelas del municipio, incluyendo los distintos niveles educativos y planteles públicos y privados.
Éste es uno de los puntos donde la política pública se encuentra con una discusión más profunda.
La prevención no puede reducirse a una campaña moral. Decirle a un adolescente que algo está prohibido tiene una eficacia limitada cuando el entorno familiar, social o comunitario no ofrece herramientas para procesar conflictos, frustraciones, violencia o presión de grupo.
La intervención educativa descrita para Juchitán intenta partir de otro enfoque, basado en la identificación de riesgos, el acompañamiento emocional, la capacitación docente y la participación familiar. Esa decisión reconoce que la prevención tiene que comenzar antes de que el problema adquiera dimensiones irreversibles.
Para el aparato gubernamental, esto supone una tarea mucho más compleja que desplegar una campaña temporal. Implica coordinación entre áreas, continuidad presupuestal y presencia constante. También obliga a construir indicadores que permitan conocer si la política está produciendo cambios reales.
El éxito no podrá medirse únicamente por el número de talleres impartidos. Habrá que saber qué ocurrió después.
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La intervención también incorpora un elemento que puede resultar particularmente relevante en Juchitán: la recuperación de la identidad cultural como parte de la construcción de entornos de paz.
El trabajo desarrollado en patios comunitarios incluye actividades relacionadas con música tradicional, danza, juegos, artes gráficas y actividades deportivas. La intención es utilizar la cultura y la lengua como mecanismos de convivencia y fortalecimiento comunitario, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.
La dimensión política de esta decisión merece ser comprendida correctamente.
La identidad no sustituye a la seguridad pública. Una política cultural no reemplaza una investigación criminal. Sin embargo, una sociedad fragmentada tampoco se reconstruye exclusivamente mediante operaciones policiales.
El Estado necesita instituciones capaces de perseguir el delito, pero también necesita comunidades que conserven mecanismos de cooperación, espacios de convivencia y referencias colectivas.
En Juchitán, donde la identidad zapoteca tiene una presencia histórica determinante, la política cultural adquiere una función adicional. Puede convertirse en un instrumento para recuperar vínculos sociales y devolver contenido comunitario a espacios que, cuando quedan vacíos, terminan siendo ocupados por otras dinámicas.
La discusión de fondo es conocida por quienes estudian la seguridad desde una perspectiva territorial. La violencia no sólo destruye vidas y patrimonios. También altera las relaciones sociales. Produce miedo, modifica rutinas, vacía espacios públicos y reduce la confianza entre ciudadanos.
Recuperar una ciudad exige, por tanto, algo más que reducir la estadística criminal.
Exige devolverle a la comunidad la posibilidad de utilizar sus propios espacios.
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Nada de lo anterior tendría sentido si el gobierno abandonara la obligación de combatir directamente a quienes generan violencia.
Por eso el segundo eje de la estrategia resulta indispensable.
El control territorial se desarrolla mediante coordinación entre fuerzas estatales y federales, con participación de diversas corporaciones y el acompañamiento de las instituciones encargadas de la investigación y procuración de justicia. El objetivo declarado es reducir la incidencia delictiva, contener los actos violentos y afectar las estructuras criminales.
Los resultados reportados incluyen 257 personas detenidas, 95 vehículos asegurados, 38 armas de fuego, 476 cartuchos útiles, 31 cargadores, miles de dosis de distintas sustancias y 871 mil 920 pesos en efectivo.
Estas cifras deben analizarse con prudencia.
Las detenciones y aseguramientos son indicadores importantes, pero no constituyen por sí mismos una demostración definitiva de éxito. La pregunta relevante es qué ocurre después con las investigaciones, los procesos judiciales, las redes financieras y las estructuras que permiten la reproducción de la violencia.
Una política seria de seguridad debe resistir esa prueba.
La eficacia no puede quedarse en el momento del operativo. Debe continuar en la integración de carpetas, en la judicialización, en las sentencias y en la capacidad de impedir que las estructuras criminales se recompongan.
Éste es uno de los puntos donde la administración estatal tendrá que sostener el mayor rigor. Si el gobierno plantea que Juchitán es una prioridad, esa prioridad deberá traducirse en resultados verificables y permanentes.
La propia estrategia reconoce que los fenómenos violentos no han desaparecido, aunque reporta una tendencia favorable en los indicadores vinculados con la paz social.
Ese reconocimiento es políticamente más útil que cualquier intento de triunfalismo prematuro. La seguridad es un proceso acumulativo y rara vez admite soluciones instantáneas.
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La administración de Salomón Jara está haciendo de Juchitán una prueba de su modelo de intervención territorial.
Eso debe entenderse en toda su dimensión.
No se trata solamente de enviar más policías a un municipio con problemas de violencia. Se está construyendo una combinación de fuerza pública, fortalecimiento institucional, inversión municipal, videovigilancia, prevención escolar, participación familiar, deporte, cultura y trabajo comunitario.
La pregunta política será si todas esas piezas logran mantenerse articuladas.
La burocracia mexicana tiene una capacidad notable para fragmentar lo que en el papel aparece unido. Cada dependencia posee sus programas, sus calendarios, sus indicadores y sus prioridades. El ciudadano, sin embargo, no vive los problemas por dependencias.
Para una familia de Juchitán, la inseguridad, el consumo de sustancias, la falta de espacios públicos, la interrupción escolar y la violencia familiar no aparecen organizados en un organigrama. Son parte de una misma experiencia social.
Ahí reside la principal dificultad de la estrategia.
El gobierno tendrá que demostrar que puede actuar de manera transversal y no únicamente simultánea. No basta con que varias instituciones lleguen al mismo municipio. Deben trabajar sobre una misma lectura del problema.
La coordinación verdadera no consiste en compartir una fotografía institucional. Consiste en compartir responsabilidades, información, metas y resultados.
Ésa es la diferencia entre una suma de programas y una política de Estado.
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Para los especialistas en seguridad, municipalidad y administración pública, Juchitán ofrece un caso particularmente interesante porque reúne varios de los dilemas centrales del México contemporáneo.
Está el problema de la capacidad municipal frente a fenómenos criminales que superan los límites de una policía local. Está la necesidad de coordinación entre distintos órdenes de gobierno. Está la discusión sobre prevención y persecución. Está la recuperación del espacio público. Está la construcción de confianza ciudadana. Está, finalmente, la pregunta sobre la continuidad de las políticas cuando cambia el ritmo político o cuando la atención pública se desplaza hacia otro conflicto.
También existe un componente político que conviene observar con serenidad.
Una estrategia territorial funciona mejor cuando la cooperación institucional no queda subordinada a las diferencias partidistas o a las disputas de corto plazo. El ciudadano no obtiene mayor seguridad porque los gobiernos compitan entre sí. La obtiene cuando las instituciones son capaces de compartir responsabilidades.
En Juchitán, la relación entre el gobierno de Salomón Jara y el municipio encabezado por Miguel Sánchez Altamirano se encuentra ahora frente a una responsabilidad concreta. La estrategia deberá demostrar que la coordinación puede convertirse en resultados y que esos resultados pueden ser sostenibles.
No se trata de una concesión política. Es una obligación institucional.
El Istmo de Tehuantepec tiene un peso estratégico para Oaxaca y para el país. Su ubicación, su dinámica económica, sus proyectos de infraestructura y su importancia histórica convierten a la región en un espacio donde la estabilidad social tiene consecuencias que trascienden los límites municipales.
Por eso el respaldo estatal a la región, y particularmente a Juchitán, debe ser leído también desde esa perspectiva. La seguridad no es un asunto aislado del desarrollo. Una ciudad que pretende aprovechar oportunidades económicas necesita condiciones mínimas de convivencia, movilidad y certidumbre.
Ningún proyecto de transformación territorial puede consolidarse sobre una sociedad sometida por la violencia.
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La principal virtud de una política pública no se descubre en su anuncio, sino en su capacidad para sobrevivir al paso del tiempo.
Juchitán necesita presencia institucional sostenida. Necesita corporaciones más sólidas, investigaciones eficaces, recursos bien administrados, escuelas involucradas, familias acompañadas y espacios públicos recuperados. Necesita también que las autoridades comprendan que la paz no se decreta y que la seguridad no se construye desde un escritorio.
La administración de Salomón Jara ha colocado una apuesta importante en el municipio. La estrategia tiene una arquitectura amplia y una lectura territorial que reconoce la complejidad del problema. El control de las calles y la atención a las causas forman parte de una misma intervención, mientras el fortalecimiento municipal busca darle capacidad de permanencia a los resultados.
El desafío comienza precisamente ahora.
Porque la seguridad pública siempre termina enfrentando una prueba que ninguna presentación institucional puede resolver: la vida cotidiana. La política tendrá que ser evaluada por lo que ocurra en las colonias, en las escuelas, en los mercados, en las familias y en los espacios donde los ciudadanos deciden si vuelven a ocupar su ciudad con normalidad.
Juchitán de Zaragoza se encuentra, bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz y en coordinación con la administración municipal que encabeza Miguel Sánchez Altamirano, en el centro de una intervención que busca modificar esa realidad desde varios frentes.
La apuesta es considerable y, por lo mismo, obliga a resultados.
Si la estrategia logra consolidar instituciones, reducir la violencia, recuperar espacios públicos y construir alternativas reales para las nuevas generaciones, Juchitán podría ofrecer una experiencia relevante para otros municipios oaxaqueños. Si, por el contrario, las acciones pierden continuidad y la coordinación se diluye entre las inercias administrativas, quedará una vez más demostrado que la seguridad exige algo más difícil que recursos y operativos: exige persistencia política.
Ésa es la verdadera batalla que ahora tiene enfrente el Estado.
No la de anunciar que Juchitán importa.
La de demostrar, durante el tiempo suficiente, que importar significa quedarse.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx