Columna Política …
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+ La hora de gobernar de Salomón Jara
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Misael Sánchez
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Hay semanas en las que un gobierno puede ser leído con mayor precisión no por la ceremonia de sus anuncios, sino por el tipo de problemas que se acumulan sobre su escritorio. La política, cuando abandona el lenguaje de los eslóganes y entra en contacto con el territorio, termina pareciéndose menos a una declaración de principios y más a una operación compleja de administración de conflictos, intereses, instituciones y expectativas.
Eso es, en buena medida, lo que dejó ver la agenda pública de Salomón Jara durante los últimos días.
Sobre la mesa aparecieron asuntos que, vistos de manera aislada, pertenecen a departamentos distintos del aparato gubernamental. El proceso electoral que se aproxima, los sistemas normativos indígenas, la seguridad en el Istmo, la disputa por la narrativa política nacional, la producción agrícola, la comercialización del maíz, la situación del magisterio, la infraestructura carretera, el transporte público, la calidad de la atención hospitalaria y la necesidad de profesionalizar a los cuerpos policiacos.
Sin embargo, todos esos asuntos tienen un punto de encuentro. El problema central de Oaxaca no consiste únicamente en hacer funcionar cada área del gobierno, sino en lograr que el Estado sea capaz de intervenir en una sociedad territorialmente extensa, políticamente diversa y atravesada por poderes locales que no siempre obedecen con facilidad a la lógica administrativa.
Ésa es la verdadera dimensión de la discusión.
Oaxaca se encuentra en una etapa en la que gobernar significa administrar simultáneamente varias velocidades. Existe la política electoral, con sus partidos, candidaturas, campañas y disputas por el poder. Existe también la política comunitaria, organizada a través de sistemas normativos propios y relaciones internas que responden a otra tradición de autoridad. Está la seguridad, donde las estadísticas pueden registrar descensos mientras determinadas regiones siguen experimentando episodios capaces de alterar la percepción social. Está el campo, que puede aumentar su producción y, al mismo tiempo, descubrir que producir más no resuelve el problema si el mercado paga poco. Y está, finalmente, la vida cotidiana del ciudadano, que no se mide en planes sexenales sino en el tiempo que tarda un paciente en ser atendido, en la calidad del transporte que toma o en las horas que pierde atrapado frente a una caseta.
La política pública se juega precisamente en esa distancia entre el diseño y la experiencia.
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El proceso electoral 2026-2027 comienza a ocupar el centro del horizonte político oaxaqueño. No será una elección menor. La renovación de municipios, legislaturas y autoridades bajo diferentes sistemas de elección convertirá al estado en un territorio de intensa movilización política.
El dato relevante no es solamente la dimensión cuantitativa del proceso. La importancia está en que Oaxaca deberá administrar, dentro del mismo ciclo, realidades electorales profundamente distintas. Los municipios regidos por sistemas normativos indígenas mantienen dinámicas propias de organización y legitimidad, mientras que el sistema de partidos introduce otra lógica de competencia, propaganda, estructuras territoriales y confrontación.
La instalación de una mesa de seguimiento y seguridad electoral adquiere, por ello, una importancia mayor a la puramente administrativa. El gobierno reconoce que el escenario electoral ya no puede ser analizado únicamente desde la cartografía tradicional de conflictos. Las redes sociales, la circulación acelerada de información y las nuevas formas de disputa política se suman a los factores de riesgo conocidos.
El desafío será evitar que la seguridad electoral se convierta en una simple operación de vigilancia. La gobernabilidad electoral se construye mucho antes de la jornada de votación. Se construye mediante interlocución política, atención temprana de conflictos, capacidad para distinguir entre una disputa legítima y un riesgo de violencia, y presencia institucional en aquellos lugares donde el vacío del Estado suele ser ocupado por intereses particulares.
La experiencia reciente de un municipio con una historia marcada por conflictos poselectorales muestra la importancia del diálogo sostenido. Dieciséis encuentros fueron necesarios para encauzar las diferencias y permitir la realización de una elección con participación comunitaria y sin violencia.
Ese episodio contiene una lección que conviene no perder de vista. En Oaxaca, la gobernabilidad no se decreta desde la capital. Se negocia, se construye y se sostiene en cada comunidad.
Quienes creen que el próximo proceso electoral podrá conducirse únicamente con estructuras partidistas, discursos nacionales o estrategias digitales deberían mirar con atención la complejidad del mapa oaxaqueño. Aquí la política conserva todavía una relación estrecha con el territorio. Los problemas tienen nombre de comunidad, antecedentes familiares, memorias de conflicto y estructuras de poder que suelen sobrevivir a varios periodos gubernamentales.
La administración de ese proceso será una de las pruebas más serias para el gobierno estatal.
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Otro de los asuntos abordados durante la semana permitió observar un fenómeno que irá creciendo conforme se acerque el ciclo electoral: la creciente influencia de acontecimientos nacionales e internacionales sobre la disputa política local.
Salomón Jara fijó una posición frente a los señalamientos y controversias que involucran a figuras vinculadas con Morena, particularmente alrededor de decisiones tomadas fuera del país. Su planteamiento giró alrededor de la autodeterminación, la soberanía y el rechazo a la intervención extranjera en los asuntos políticos mexicanos.
Más allá de la coyuntura específica, el asunto tiene una lectura política más amplia.
La competencia partidista contemporánea ya no reconoce fronteras tan claras entre lo local, lo nacional y lo internacional. Una decisión administrativa en otro país puede convertirse, en cuestión de horas, en material de campaña. Una investigación, una acusación o una declaración pueden recorrer las redes sociales antes de que los gobiernos o los partidos tengan tiempo de construir una respuesta coherente.
La política ha entrado en un régimen de velocidad.
Para Morena, que gobierna Oaxaca y mantiene una posición dominante en buena parte del escenario estatal, el desafío consiste en comprender que la fortaleza electoral no elimina la necesidad de defender políticamente su narrativa. Las campañas de desprestigio existen, pero también existe un problema recurrente dentro de los gobiernos y movimientos con amplio respaldo electoral: la tentación de atribuir toda crítica a una operación adversaria.
La política madura exige distinguir.
No toda crítica es conspiración. No todo señalamiento es falso. No toda ofensiva mediática carece de interés político. Y tampoco todo cuestionamiento debe ser respondido con silencio.
El gobierno que aspira a conservar legitimidad necesita demostrar capacidad para responder con información, resultados y procedimientos verificables. La defensa política más sólida no es la indignación permanente, sino la posibilidad de mostrar que las instituciones funcionan.
Ése será un terreno importante en los próximos meses.
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La seguridad pública volvió a colocar al Istmo en el centro de la preocupación gubernamental. El diagnóstico presentado durante la semana reconoce una situación que merece ser examinada sin propaganda y sin simplificaciones.
Los indicadores pueden mostrar una tendencia favorable. En julio se registraron varias víctimas en el indicador referido, la cifra mensual más baja del año según los datos expuestos por el gobierno. Al mismo tiempo, se reconoció que el incremento reciente de homicidios en determinadas zonas del Istmo constituye un motivo de preocupación y que las detenciones de alto impacto generan reacomodos entre grupos delictivos.
Ésta es una de las paradojas permanentes de la seguridad.
Una estadística puede mejorar y una comunidad puede sentirse más insegura.
Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Por eso la política de seguridad no puede descansar exclusivamente en la comparación anual de cifras. Las estadísticas sirven para medir tendencias, pero la percepción social se construye a partir de experiencias concretas. Un asesinato en una colonia, un episodio violento en una fiesta, una extorsión o el temor cotidiano de una familia tienen una dimensión que ninguna gráfica logra borrar.
El gobierno parece haber entendido parcialmente ese problema al plantear la necesidad de combinar operaciones, inteligencia territorial, proximidad y atención a las causas. La dificultad estará en traducir ese planteamiento en capacidad sostenida.
La seguridad no se resuelve únicamente con capturas. Pero tampoco puede resolverse únicamente con programas sociales.
El Estado necesita ambas cosas y necesita, además, presencia.
La referencia a la profesionalización y certificación policial apunta precisamente hacia uno de los asuntos que suelen permanecer ocultos detrás de la discusión sobre patrullas y operativos. Oaxaca puede contar con elementos suficientes en determinadas áreas y, al mismo tiempo, arrastrar problemas de certificación y formación. El propio gobierno reconoció la necesidad de fortalecer los controles correspondientes y mantener una estrategia de mejora salarial y profesionalización.
Aquí existe un desafío institucional que debería ocupar una posición central en la agenda. La seguridad no depende solamente del número de policías. Depende de qué policías tiene el Estado, cómo son seleccionados, qué preparación reciben, bajo qué condiciones trabajan y qué capacidad poseen para recuperar el control territorial sin perder legitimidad frente a la población.
Ésa es una tarea lenta.
Y precisamente por eso es una tarea política de largo alcance.
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Entre los asuntos abordados apareció uno que suele recibir menos atención que la disputa electoral, aunque puede tener consecuencias sociales mucho más profundas: el futuro económico de la producción agrícola.
La discusión ya no se limita a sembrar más.
El gobierno ha comenzado a plantear el siguiente problema, que es la comercialización. La inversión, la asistencia técnica, las semillas y la maquinaria pueden aumentar la producción, pero el productor sigue atrapado si el precio del mercado no remunera su trabajo.
El caso del maíz es ilustrativo. La preocupación expresada por Salomón Jara no se limita a la producción, sino a la necesidad de colocarla, darle valor agregado y construir mecanismos que permitan que el incremento productivo tenga un efecto real en los ingresos de quienes trabajan la tierra.
Éste puede ser uno de los cambios más importantes en el discurso económico del actual gobierno.
Durante décadas, buena parte de la política rural mexicana estuvo concentrada en el apoyo directo a la producción. El problema posterior era considerado responsabilidad del mercado. El productor recibía semillas, fertilizante o asistencia y, una vez terminada la cosecha, debía enfrentarse por su cuenta a intermediarios, precios y condiciones de comercialización.
El resultado era conocido.
El productor asumía buena parte del riesgo y obtenía una parte reducida del valor generado.
El debate sobre el valor agregado y la comercialización plantea una corrección de ese modelo. No bastará con producir más maíz si el precio sigue siendo insuficiente. No bastará con celebrar toneladas si éstas terminan compitiendo en condiciones desventajosas con productos provenientes de otras regiones o del extranjero.
El campo oaxaqueño necesita infraestructura productiva, pero también inteligencia comercial.
Y necesita algo todavía más difícil: organización.
La atomización de pequeños productores es uno de los obstáculos históricos para construir mejores condiciones de negociación. El gobierno puede intervenir, acompañar y facilitar, pero ninguna política rural tendrá resultados duraderos si los productores continúan llegando solos al mercado frente a estructuras comerciales mucho más poderosas.
Ahí está uno de los verdaderos campos de batalla del desarrollo.
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La relación entre el gobierno y la Sección 22 continúa siendo uno de los termómetros políticos más sensibles de Oaxaca. Durante la semana quedó claro que la estrategia actual busca mantener abierta la interlocución y trasladar parte importante de las decisiones al ámbito de coordinación con el gobierno federal.
La contratación de nuevos docentes, la atención a normalistas, las recategorizaciones y los pendientes administrativos forman parte de una agenda que no puede resolverse mediante declaraciones aisladas. Se trata de asuntos presupuestales y laborales que requieren continuidad institucional.
La información presentada establece la incorporación de nuevos maestros y recursos federales destinados a ese propósito, junto con el seguimiento de procesos administrativos pendientes.
Políticamente, el dato más importante quizá no sea la cifra.
Es el método.
La administración de Salomón Jara ha apostado por mantener una relación de interlocución directa y evitar que cada diferencia se convierta automáticamente en una crisis de gobernabilidad. El resultado de esa estrategia no puede evaluarse únicamente por la ausencia o presencia de movilizaciones. La verdadera evaluación tendrá que realizarse al observar si los acuerdos administrativos se cumplen y si las escuelas pueden iniciar y sostener sus actividades con condiciones suficientes.
La política educativa en Oaxaca tiene una característica particular: cualquier conflicto laboral termina afectando el espacio público.
Las movilizaciones alteran la circulación, modifican la actividad económica, generan tensiones entre ciudadanos y organizaciones y producen una disputa constante por la legitimidad. Por eso, resolver los problemas educativos no es solamente atender al sector. Es una forma de administrar la vida colectiva.
El diálogo funciona mientras produce resultados.
Cuando deja de producirlos, la negociación se convierte en una sala de espera.
El gobierno tendrá que demostrar que la interlocución mantenida con la dirigencia magisterial puede traducirse en soluciones administrativas concretas. De lo contrario, el capital político de la negociación puede agotarse.
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La infraestructura volvió a mostrar otra de las dificultades del gobierno estatal: buena parte de los problemas que enfrenta Oaxaca no dependen exclusivamente de decisiones tomadas en Oaxaca.
El mantenimiento de las autopistas corresponde a instancias federales. Sin embargo, cuando un deslave interrumpe o deteriora una vía, el ciudadano no hace distinciones jurídicas. El problema tiene un solo nombre: llegar.
El compromiso para concluir los trabajos pendientes y la demanda de ampliar la capacidad de una caseta congestionada durante las temporadas de mayor afluencia reflejan un problema clásico de coordinación entre niveles de gobierno.
La responsabilidad administrativa puede estar repartida, pero el costo político suele concentrarse.
Ésa es una de las reglas menos escritas del federalismo mexicano.
El gobernador necesita gestionar, insistir y presionar. El gobierno federal necesita responder. Y el ciudadano observa el resultado desde el parabrisas de su automóvil, mientras pierde horas en una fila que poco entiende de competencias institucionales.
Las próximas temporadas de mayor afluencia turística pondrán nuevamente a prueba esa infraestructura. Oaxaca ha construido una presencia nacional e internacional como destino cultural. Esa condición genera ingresos, empleo y actividad económica, pero también obliga a resolver problemas de movilidad que durante años fueron tolerados mientras el flujo de visitantes era menor.
El turismo no sólo trae visitantes.
Trae exigencias de Estado.
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Pocas cosas expresan mejor las tensiones del poder en Oaxaca que el transporte.
La reorganización del espacio público, la creación de nuevas terminales, la presencia de organizaciones, la resistencia de grupos establecidos y la demanda social de nuevos servicios forman parte de una disputa que no puede reducirse a una discusión técnica.
Cuando una comunidad pide la entrada de un nuevo sistema de transporte y, al mismo tiempo, existen intereses organizados que defienden rutas o espacios previamente controlados, el gobierno entra en una zona de negociación delicada.
Salomón Jara reconoció esa tensión y planteó la intención de ampliar los servicios mientras se mantiene la interlocución con los transportistas y se busca ordenar las zonas urbanas.
El problema es que el ciudadano no puede quedar atrapado indefinidamente en la negociación entre el Estado y los grupos que operan un servicio.
Ése es el punto político.
Los derechos laborales y organizativos deben ser respetados. Nadie discute eso. Pero el transporte también cumple una función pública. Y cuando la calidad del servicio se deteriora, cuando las unidades no cumplen condiciones mínimas o cuando la organización de determinados grupos termina imponiéndose sobre las necesidades de movilidad, el gobierno tiene la obligación de intervenir.
La modernización del transporte no consiste únicamente en cambiar vehículos.
Consiste en modificar la relación entre el concesionario, el usuario y el Estado.
Oaxaca tendrá que decidir, en los próximos años, si la movilidad continuará administrándose como un conjunto de acuerdos fragmentados o si será tratada definitivamente como una política pública integral.
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Quizá uno de los momentos más relevantes de la agenda de la semana surgió alrededor de una crítica directa a la atención que reciben los ciudadanos en el Hospital Civil.
La denuncia no se concentró solamente en infraestructura o recursos. Señaló un problema de trato, tiempos de espera y calidad humana en la atención.
Salomón Jara reconoció que el problema es estructural y aceptó que las largas esperas no pueden ser consideradas normales. El planteamiento incluye la intervención y seguimiento de las instancias responsables mientras avanza la construcción y reorganización de la infraestructura hospitalaria.
Aquí aparece una de las lecciones más importantes para cualquier administración.
Un gobierno puede inaugurar hospitales, comprar equipos y anunciar inversiones millonarias. Todo eso es necesario. Pero la experiencia del ciudadano frente a una ventanilla, una sala de urgencias o un trabajador público sigue siendo la medida inmediata del Estado.
La infraestructura transforma las posibilidades.
El servicio transforma la percepción.
Y la percepción, con el tiempo, se transforma en legitimidad política.
No hay programa de comunicación capaz de compensar indefinidamente una mala experiencia cotidiana. Un paciente que espera horas, un familiar que recibe maltrato o un ciudadano que se siente abandonado no discute la arquitectura institucional del sistema de salud. Recuerda simplemente cómo fue tratado.
Ésa es una advertencia que va mucho más allá del Hospital Civil.
El problema de la calidad humana en el servicio público atraviesa oficinas, hospitales, módulos de atención, corporaciones policiacas y sistemas de transporte. La transformación de las instituciones no termina cuando se aprueba un presupuesto. Empieza cuando alguien decide que el ciudadano merece ser atendido con respeto.
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También apareció durante la semana un asunto relacionado con acusaciones, registros públicos y la exigencia de que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.
El punto relevante no está únicamente en el contenido particular de cada señalamiento, sino en la posición institucional que adopte el gobierno ante ellos.
La administración sostiene que las autoridades investigadoras deben esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y revisar los antecedentes correspondientes. En el caso abordado, se señaló que las personas mencionadas no pertenecen a la estructura administrativa indicada y que los registros cuestionados corresponden a hechos anteriores, mientras se ofreció colaboración documental para el esclarecimiento.
En términos políticos, ésta es una prueba importante.
Los gobiernos suelen cometer un error cuando creen que una explicación pública sustituye a una investigación. No la sustituye.
La explicación puede ser necesaria. La investigación es indispensable.
Si existe una denuncia, debe investigarse. Si existen responsables, deben ser determinados conforme a la ley. Si la acusación es falsa, también debe demostrarse mediante procedimientos y datos.
La transparencia no consiste en ganar una discusión.
Consiste en permitir que los hechos sean verificables.
Para un gobierno que ha construido parte de su identidad política alrededor de la transformación institucional, este tipo de casos representan una oportunidad y un riesgo. La oportunidad consiste en demostrar que el Estado puede revisar incluso aquello que resulta políticamente incómodo. El riesgo está en permitir que los expedientes se conviertan en una sucesión de declaraciones sin desenlace.
La política puede discutir durante semanas.
La justicia tiene que resolver.
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La agenda de Salomón Jara durante esta semana permite observar una característica fundamental del actual momento político oaxaqueño.
El gobierno ya no enfrenta una sola crisis histórica.
Enfrenta muchas demandas simultáneas.
Debe prepararse para una elección de enorme dimensión mientras atiende conflictos comunitarios. Debe mejorar las condiciones de seguridad mientras profesionaliza a sus corporaciones. Tiene que apoyar al campo mientras intenta construir mecanismos de comercialización. Debe mantener una relación política funcional con el magisterio y, al mismo tiempo, garantizar el inicio de las actividades escolares. Tiene que gestionar carreteras cuya responsabilidad formal corresponde a la Federación. Debe modernizar el transporte enfrentando resistencias y acuerdos históricos. Y necesita invertir en infraestructura hospitalaria sin perder de vista que el servicio comienza mucho antes de que un nuevo edificio abra sus puertas.
Ése es el territorio real de la política.
La administración pública suele dividir los problemas en secretarías, direcciones y programas. La vida social no funciona así.
Para el ciudadano, el gobierno es uno solo.
Es el policía que llega o no llega.
Es la carretera que está abierta o destruida.
Es el maestro que está frente al grupo.
Es el hospital que atiende o hace esperar.
Es el autobús que pasa o no pasa.
Es el precio que recibe por su cosecha.
Es la capacidad de votar sin violencia.
La política tiene la costumbre de organizar el Estado por sectores. La sociedad lo evalúa por resultados.
Y ésa es, probablemente, la lección más importante que deja esta semana.
Salomón Jara ha colocado sobre la mesa una agenda amplia, atravesada por la gobernabilidad, el desarrollo, la seguridad y la calidad de los servicios. El reto ya no consiste únicamente en explicar los problemas ni en identificar las responsabilidades institucionales. La siguiente etapa exige algo más complejo: demostrar que el gobierno puede coordinar las piezas de un estado extraordinariamente diverso y convertir los diagnósticos en resultados visibles.
Oaxaca entra en un periodo electoral sin haber suspendido sus problemas cotidianos. Ésa es la diferencia fundamental. Las campañas llegarán, los partidos levantarán sus banderas y las redes sociales multiplicarán sus batallas, pero la ciudadanía seguirá esperando atención médica, seguridad, carreteras transitables, transporte digno, escuelas funcionando y oportunidades para vivir de su trabajo.
Ahí estará la verdadera competencia.
No en el discurso que se pronuncie desde una tribuna ni en la intensidad de la propaganda, sino en la capacidad del poder público para demostrar que sabe gobernar una realidad compleja sin esconderse detrás de sus propias excusas.
Porque al final, cuando las campañas terminen y las cifras sean archivadas, el ciudadano volverá al mismo lugar donde comenzó todo: la calle, el hospital, la escuela, la carretera, el mercado y la comunidad.
Y será allí, en ese territorio sin discursos, donde Oaxaca terminará calificando a quienes hoy dicen gobernarla.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx