Columna Política…
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+ De la mañanera de Salomón Jara y sus temas
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Misael Sánchez
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La política suele tener una mala costumbre: confundir el anuncio con el resultado y la declaración con la realidad. Se inaugura una obra, se presenta un programa, se difunde una cifra y, durante algunas horas, la maquinaria pública parece haber cumplido su tarea. Después empieza lo verdaderamente difícil. Hay que entrar en el territorio, soportar el tráfico, escuchar al comerciante que ve reducidas sus ventas, atender al ciudadano que descubre una grieta en su pared, revisar una ruta que no funciona, corregir una obra, acompañar a un pequeño productor hasta que consiga vender fuera de su municipio y demostrar que la inversión pública tiene consecuencias visibles en la vida cotidiana.
Ese es, precisamente, uno de los rasgos que comienza a perfilarse con mayor claridad en la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Más allá de la retórica inevitable de cualquier gobierno, el conjunto de asuntos puestos sobre la mesa permite observar una idea de administración que intenta conectar decisiones políticas, ejecución institucional y presencia territorial.
No se trata de una política pública aislada. La movilidad, la infraestructura urbana, la seguridad preventiva, la formalización comercial, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de pequeños productores y la preservación cultural aparecen como piezas de un mismo problema político: cómo hacer que el gobierno estatal intervenga en una sociedad compleja sin limitarse a administrar expedientes desde una oficina.
El desafío es considerable porque Oaxaca no es un territorio sencillo de gobernar. La dispersión regional, la desigualdad económica, la pluralidad municipal, la diversidad cultural y los rezagos históricos obligan a cualquier administración a trabajar simultáneamente en varias velocidades. Hay problemas que requieren planeación de largo plazo y otros que reclaman una respuesta inmediata. Hay obras cuya utilidad sólo podrá medirse cuando concluyan y conflictos que deben atenderse antes de que se conviertan en una crisis.
La administración de Salomón Jara parece haber asumido que gobernar implica convivir con ambas temporalidades.
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El caso del paso a desnivel en la zona del Monumento a Juárez, conocido popularmente por su relación con el crucero de Viguera, resulta especialmente revelador. No sólo por la dimensión económica de la intervención, cuyo contrato para la obra principal asciende a 271.8 millones de pesos, sino porque concentra buena parte de las tensiones que produce cualquier transformación profunda del espacio urbano.
Una obra de esa naturaleza modifica durante meses la rutina de miles de personas. Cambia trayectos, altera horarios, obliga a reorganizar el tránsito y afecta temporalmente a comercios y viviendas cercanas. La administración pública suele cometer un error cuando presenta estas molestias como si fueran simples daños colaterales que la población debe aceptar en silencio. La infraestructura no existe en el vacío. Se construye en lugares habitados y, por tanto, su ejecución también constituye un problema social y político.
En ese punto aparece uno de los elementos más interesantes de la estrategia impulsada durante la administración de Salomón Jara. La supervisión de la obra se plantea no solamente en términos de avance físico, sino también de efectos sobre la población. La intervención reportaba un avance físico de 7.2 por ciento, correspondiente a la meta prevista para agosto, dentro de un plazo contractual de 141 días y con conclusión programada para el 26 de diciembre de 2026.
La cifra importa, aunque no basta.
Más significativo resulta el reconocimiento de que una obra pública debe medirse también por la manera en que el gobierno administra sus consecuencias. Por ello se han habilitado mecanismos de atención, presencia vial, rutas alternas y una estrategia de intervención sobre vialidades cercanas. Dieciocho calles y vialidades habían recibido trabajos de rehabilitación para absorber parte de la presión generada por el proceso constructivo.
Aquí existe una cuestión política de fondo. Durante décadas, buena parte de la administración pública mexicana trató la infraestructura como un objeto técnico. El ingeniero construía, el gobierno inauguraba y el ciudadano debía adaptarse. El modelo actual exige algo más complejo. La obra tiene que incorporar movilidad, seguridad, actividad económica, entorno urbano y comunicación con quienes viven alrededor.
Eso es lo que convierte a una obra en política pública.
La decisión de trabajar con cierres parciales y dinámicos, en lugar de clausurar de manera absoluta el área durante todo el proceso, responde precisamente a esa lógica. El objetivo declarado es reducir afectaciones y adaptar la circulación conforme cambian los frentes de trabajo.
Naturalmente, esto no elimina las molestias. Ninguna administración puede prometer que una obra de esta magnitud transcurrirá sin congestionamientos, incomodidades o críticas. Lo importante es otra cosa. El gobierno debe demostrar capacidad para administrar el conflicto que inevitablemente genera la transformación urbana.
Y allí se encuentra una diferencia relevante entre gobernar una obra y simplemente construirla.
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La intervención en el corredor de la carretera 190 abre también una discusión política más amplia sobre el uso del espacio público. Durante años, las invasiones del derecho de vía, la ocupación irregular de banquetas y la expansión desordenada de algunos inmuebles fueron toleradas hasta convertirse en parte del paisaje.
Después, cuando el Estado necesita recuperar el espacio para una obra estratégica, aparece el conflicto.
La respuesta impulsada alrededor de esta intervención se ha orientado hacia el diálogo y la negociación con propietarios y comerciantes, buscando recuperar el derecho de vía sin convertir la acción gubernamental en un ejercicio de fuerza innecesaria. El propio proceso ha permitido el retiro de estructuras que invadían áreas destinadas a la circulación y la vialidad.
El asunto parece menor, pero no lo es.
Uno de los problemas clásicos de la administración mexicana consiste en que la autoridad suele llegar tarde. Tolera durante años una irregularidad y después pretende corregirla mediante una acción abrupta. El resultado es previsible. La autoridad parece autoritaria y el ciudadano afectado se presenta como víctima, aunque la irregularidad haya existido durante décadas.
La alternativa consiste en construir capacidad de negociación.
El orden urbano no puede depender exclusivamente de la fuerza. Requiere información, diálogo, reglas claras y una administración capaz de explicar por qué determinada intervención es necesaria. Esto resulta particularmente importante en Oaxaca, donde la relación entre ciudadanía, comunidad y autoridad está atravesada por tradiciones políticas propias y por una profunda sensibilidad frente al ejercicio del poder.
En este caso, la obra abre incluso una oportunidad para avanzar en otro frente: la formalización comercial. La propuesta de establecer estímulos y facilidades para que los negocios ubicados en la zona regularicen permisos, uso de suelo, anuncios y documentación representa una forma de vincular la transformación física del espacio con una reorganización económica de su entorno.
La política pública funciona mejor cuando aprovecha una intervención para resolver más de un problema.
Una carretera puede convertirse también en un proceso de ordenamiento. Un proyecto vial puede incorporar formalización económica. Una obra que modifica el espacio puede mejorar las condiciones para el comercio que permanecerá allí después de la construcción.
Ese tipo de articulación es la que separa una acción administrativa aislada de una estrategia de gobierno.
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Otro de los asuntos abordados durante estos días revela una dimensión igualmente importante de la administración estatal: la gestión del riesgo.
El desprendimiento registrado en una excavación de una obra privada y las afectaciones observadas en su entorno obligaron a desplegar medidas de prevención, delimitar una zona de riesgo, suspender determinados trabajos, establecer monitoreo permanente y exigir nuevos estudios técnicos, entre ellos dictámenes de gestión de riesgos, mecánica de suelos y análisis estructurales.
La importancia política del caso no radica solamente en el incidente. Está en la forma de responder.
Durante mucho tiempo, la protección civil en México funcionó con una lógica reactiva. La autoridad aparecía después del desastre, cuando ya había daños, víctimas o pérdidas. El desafío contemporáneo consiste en construir una administración preventiva, capaz de intervenir cuando el riesgo todavía puede ser contenido.
Eso implica tomar decisiones incómodas. Suspender una obra privada. Exigir estudios adicionales. Cerrar preventivamente una calle. Obligar a una empresa a responder técnicamente. Establecer monitoreos diarios. Preparar mecanismos de alerta y rutas de actuación.
La prevención rara vez produce fotografías espectaculares, pero es una de las formas más serias de ejercer el gobierno.
En este caso, el seguimiento incluye la vigilancia de fisuras, la colocación de instrumentos para detectar movimientos, el control de humedad y la revisión de posibles fugas que pudieran comprometer la estabilidad del terreno.
Para los especialistas en gobierno, el asunto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado frente a un problema originado en una intervención privada?
La respuesta institucional que se observa es razonable. El origen privado de una obra no elimina la obligación pública de proteger a la población. La propiedad puede ser privada, pero el riesgo se vuelve público cuando amenaza viviendas, vialidades o seguridad colectiva.
Ese principio debería estar en el centro de la política urbana contemporánea.
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Mientras Oaxaca discute obras, movilidad y ordenamiento territorial, otro proceso está ocurriendo con menos ruido, aunque con consecuencias económicas potencialmente profundas.
La administración de Salomón Jara ha intentado colocar a los pequeños productores oaxaqueños dentro de circuitos comerciales que antes resultaban difíciles de alcanzar. La estrategia no se limita a promover el consumo local mediante discursos identitarios. El objetivo ha sido acompañar a los productores en procesos concretos de profesionalización: códigos de barras, tablas nutrimentales, empaques, diseño, registro de marca y cumplimiento de requisitos necesarios para acceder a cadenas comerciales.
Ahí está una de las discusiones más importantes sobre desarrollo económico.
El pequeño productor no siempre fracasa porque su producto sea malo. Muchas veces queda fuera del mercado formal porque carece de herramientas, certificaciones, contactos, infraestructura o capacidad para cumplir con los requisitos que exige la gran distribución.
El mercado moderno puede ser una puerta abierta, pero esa puerta suele tener demasiados requisitos.
Por eso el acompañamiento institucional adquiere importancia. No se trata simplemente de organizar exposiciones para emprendedores y fotografiar productos artesanales. La política económica comienza a tener sentido cuando ayuda a transformar una actividad familiar en una empresa con posibilidades reales de crecimiento.
Los resultados presentados alrededor de la estrategia Hecho en Oaxaca y Orgullo Oaxaca apuntan en esa dirección. Más de 72 productos locales han encontrado espacios en anaqueles de una cadena comercial, mientras diversos productores han extendido su presencia hacia otros mercados.
Dos historias incluidas en esta dinámica resultan particularmente ilustrativas. Una empresa familiar dedicada a la producción de tostadas y una microempresa originada en una cocina doméstica de la Cuenca del Papaloapan han transitado, mediante procesos de acompañamiento y profesionalización, hacia nuevos puntos de venta y posibilidades de expansión. En el segundo caso, incluso se plantea el objetivo de alcanzar mercados internacionales.
La relevancia política de estos casos está en que permiten observar el funcionamiento concreto de una política pública.
Las estadísticas son necesarias, pero una economía se comprende mejor cuando se observa qué ocurre con las personas que producen, venden y generan empleo. Una política de desarrollo económico fracasa si sólo acumula indicadores macroeconómicos y deja intacta la estructura que impide a los pequeños negocios crecer.
La administración estatal parece intentar una operación distinta. La atracción de grandes inversiones se vincula con el fortalecimiento de la proveeduría local.
Ese punto merece atención.
La llegada de nuevos centros comerciales o proyectos de inversión puede generar empleos, pero el impacto económico será mayor si las cadenas de valor incorporan productos y proveedores locales. De otro modo, el capital llega, opera y sus beneficios terminan concentrándose fuera del territorio.
La verdadera disputa económica consiste en lograr que una parte creciente de esa riqueza circule dentro de Oaxaca.
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La apertura de nuevos proyectos comerciales y la confianza expresada para ampliar inversiones en Oaxaca forman parte de un fenómeno que debe ser leído con cuidado. El gobierno no puede atribuirse por sí solo las decisiones empresariales, pero sí tiene la responsabilidad de construir las condiciones institucionales para que esas decisiones sean posibles.
La inversión busca mercados, infraestructura, certidumbre y expectativas razonables sobre el futuro.
Se informó de una inversión cercana a los 157 millones de pesos en una nueva tienda y la previsión de otra apertura en Miahuatlán, mientras que la actividad vinculada con Parque Oaxaca reportaba más de 550 empleos en ese momento y una expectativa superior a los 3 mil empleos una vez que el proyecto estuviera completamente abierto.
Conviene evitar el triunfalismo.
Una inversión no resuelve por sí sola los problemas estructurales del estado. Oaxaca sigue enfrentando desigualdades regionales, informalidad, rezagos de infraestructura y una economía donde millones de personas dependen de actividades de pequeña escala.
Pero sería igualmente equivocado minimizar el valor de las inversiones.
El gobierno estatal tiene que moverse en dos direcciones al mismo tiempo. Debe atraer capital y debe evitar que la economía local quede subordinada a él. Debe generar condiciones para grandes proyectos y, al mismo tiempo, construir herramientas para que una pequeña empresa pueda competir.
La política económica madura no elige uno de esos caminos. Aprende a conectarlos.
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Pocas políticas públicas tienen un contacto tan directo con la ciudadanía como el transporte.
Un ciudadano puede no saber cómo funciona una secretaría de Estado, ignorar el contenido de un programa sectorial y no conocer el nombre de una política pública. Pero sabe perfectamente cuánto tarda en llegar al trabajo, cuánto paga por trasladarse y en qué condiciones viaja.
Por eso la consolidación del sistema BinniBus tiene una importancia que rebasa la discusión sobre autobuses y rutas.
De acuerdo con los datos presentados, el sistema pasó de seis a 35 rutas activas y de 30 a 275 unidades en servicio. El número de usuarios movilizados creció de 240 mil 358 en junio del año anterior a un millón 489 mil 599 en junio de este año, con un incremento anual reportado de 519.7 por ciento.
El dato, incorporado a la estadística nacional del transporte urbano de pasajeros, permite observar que Oaxaca ha comenzado a formar parte de una conversación nacional sobre movilidad estructurada.
Sin embargo, el crecimiento trae consigo un problema inevitable.
Un sistema puede crecer demasiado rápido y encontrar dificultades para mantener calidad, frecuencia y capacidad de respuesta. Por ello resulta relevante que la siguiente etapa planteada sea la consolidación, con atención a indicadores de desempeño, tiempos de traslado, frecuencia de paso, incorporación de unidades y capacitación del personal.
Ésa es la prueba que viene.
La política pública no puede enamorarse de sus propias cifras. Un crecimiento de más de 500 por ciento puede ser un éxito administrativo, pero también obliga a construir una estructura capaz de sostener ese crecimiento.
El ciudadano no utiliza porcentajes. Utiliza autobuses.
Y el verdadero éxito del sistema se medirá cada mañana, cuando una persona llegue o no llegue a tiempo a su trabajo, a la escuela o a una consulta médica.
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En medio de las discusiones sobre concreto, transporte, inversiones y actividad económica, aparece otro asunto que podría parecer secundario y no lo es.
La administración de Salomón Jara ha mantenido una política de reconocimiento hacia las expresiones culturales y lingüísticas de los pueblos de Oaxaca. El impulso a músicos tradicionales y la referencia a la memoria histórica de los pueblos indígenas se insertan en una concepción más amplia del gobierno estatal, donde la diversidad cultural no se presenta únicamente como patrimonio turístico, sino como parte de la estructura social del estado. El programa referido beneficia a más de 200 músicos en distintas regiones de Oaxaca.
Esto también tiene una lectura política.
Oaxaca no puede ser gobernado como si fuera un territorio culturalmente uniforme. La pluralidad lingüística y comunitaria no constituye un elemento decorativo de la administración. Es una condición material de la vida pública.
Cuando una lengua se escucha en un espacio institucional, cuando la música tradicional encuentra apoyo y cuando la memoria histórica se incorpora al discurso público, el Estado está enviando un mensaje sobre quiénes forman parte de la comunidad política.
El reconocimiento cultural no sustituye la obligación de resolver pobreza, infraestructura o desigualdad. Nadie debería pretenderlo.
Pero tampoco es irrelevante.
Una sociedad que pierde sus lenguas, sus expresiones musicales y sus vínculos comunitarios termina perdiendo parte de la estructura que le permite comprenderse a sí misma.
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Al observar en conjunto estos asuntos, aparece una idea que atraviesa buena parte de la administración actual: el territorio como espacio de gobierno.
El territorio no es simplemente el mapa sobre el que se distribuyen programas y obras. Es el lugar donde las políticas públicas se encuentran con sus consecuencias.
Allí aparece el comerciante que necesita regularizarse. La familia que observa una fisura cerca de una obra. El conductor atrapado en un cuello de botella. El estudiante que necesita llegar a su plantel. El productor que tiene una receta familiar pero no cuenta con certificaciones. El usuario que depende de una ruta de transporte. El músico que mantiene viva una tradición lingüística.
Todos ellos convierten la administración pública en algo más complicado que una estructura burocrática.
Gobernar consiste, en buena medida, en entender que los problemas no llegan ordenados.
La movilidad se cruza con la seguridad. La infraestructura afecta al comercio. La inversión exige proveedores. La formalización necesita incentivos. La protección civil requiere decisiones rápidas. El crecimiento del transporte obliga a mejorar la calidad del servicio. La política cultural se conecta con el reconocimiento de pueblos históricamente marginados.
Ésa es la razón por la cual la coordinación entre instituciones importa tanto.
Un gobierno fragmentado puede tener excelentes programas en papel y producir resultados limitados. Cada dependencia cumple con su parte, pero nadie se ocupa del problema completo. La administración de Salomón Jara ha insistido en una lógica distinta, donde el gobierno estatal interviene de manera coordinada con otras instancias para atender problemas específicos del territorio.
Naturalmente, esa estrategia deberá demostrar su eficacia con resultados sostenidos.
Porque la política pública no se acredita por intención.
Se acredita por capacidad de ejecución.
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A poco de entrar en una etapa decisiva del actual gobierno, el principal desafío de Salomón Jara Cruz consiste en consolidar lo construido y corregir lo que todavía presenta deficiencias.
Las cifras del BinniBus son importantes, pero ahora debe garantizarse calidad. La obra del Monumento a Juárez avanza, pero deberá concluir en tiempo y demostrar su utilidad para la movilidad metropolitana. La formalización comercial debe traducirse en reglas más claras y oportunidades reales. Los programas para productores tendrán que multiplicar casos de éxito y evitar convertirse en escaparates sin continuidad. La inversión privada deberá generar empleo y vínculos con la economía local. La protección civil tendrá que mantener su capacidad preventiva incluso cuando desaparezca la atención pública sobre un incidente.
Ése es el terreno donde se juega la credibilidad de una administración.
El gobierno de Salomón Jara ha colocado sobre la mesa una agenda amplia, que va desde la movilidad urbana hasta la internacionalización de productos locales, desde la prevención de riesgos hasta la reorganización del espacio público y desde la infraestructura hasta la cultura.
La diversidad de asuntos no debería interpretarse como dispersión.
Puede ser leída, más bien, como el reconocimiento de que Oaxaca no se gobierna con una sola política.
Se gobierna entendiendo que cada decisión pública produce efectos en una sociedad concreta y que la distancia entre el Palacio de Gobierno y una calle de Pueblo Nuevo, un negocio de Santa Rosa, una comunidad productora de la Cuenca del Papaloapan o una ruta de transporte metropolitano es mucho menor de lo que suele creer la burocracia.
La verdadera prueba de un gobierno ocurre allí.
No en el documento terminado ni en la cifra pronunciada.
Ocurre cuando el ciudadano descubre que una política pública dejó de ser un expediente y comenzó a modificar, aunque sea lentamente, las condiciones de su vida.
Ese parece ser el sentido político de la etapa que hoy atraviesa la administración de Salomón Jara Cruz. Un gobierno que ha decidido intervenir en problemas visibles y medibles, con una apuesta por el territorio como espacio de acción pública.
Queda por delante lo más difícil: sostener el ritmo, corregir los errores, consolidar los resultados y demostrar que la transformación administrativa puede sobrevivir al entusiasmo inicial.
Porque gobernar no consiste en llegar al terreno una vez.
Consiste en regresar cuando todavía queda trabajo por hacer.
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Columna Política de Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx