Columna Política…
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+ Entre la transformación, los municipios y el nuevo pacto social
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Misael Sánchez
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Hay momentos en la política pública en los que una administración deja de explicar solamente lo que hace y comienza, quizá sin proponérselo de manera explícita, a definir qué entiende por gobernar. En Oaxaca, la administración de Salomón Jara Cruz atraviesa precisamente uno de esos momentos. Las decisiones y posiciones expresadas al inicio de esta semana permiten observar una arquitectura política que busca sostenerse sobre tres premisas fundamentales: fortalecer la presencia del Estado en los asuntos sociales, reconocer la diversidad política y cultural de Oaxaca como una condición estructural de gobierno, y establecer límites más claros entre la interlocución legítima con actores organizados y la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley.
No se trata solamente de revisar una lista de asuntos. El verdadero interés político está en advertir qué concepción del poder público aparece detrás de ellos.
La administración estatal está entrando en una etapa en la que gobernar exige administrar simultáneamente expectativas sociales, demandas sindicales, autonomía municipal, conflictos comunitarios, transformaciones legislativas y una ciudadanía cada vez más pendiente de la eficacia concreta de las instituciones. En ese escenario, cada pronunciamiento del gobernador tiene una doble dimensión. Por un lado, responde a una circunstancia inmediata. Por otro, construye una narrativa sobre el tipo de Estado que pretende consolidarse en Oaxaca.
La educación ocupa uno de esos espacios decisivos.
El inicio del ciclo escolar fue planteado por Jara desde una perspectiva que coloca a niñas y niños en el centro de la responsabilidad pública y familiar. El llamado a maestras y maestros para que otorguen una atención prioritaria a la educación y la invitación a madres y padres para acompañar a sus hijos en su formación académica no son solamente expresiones protocolarias de temporada. Constituyen una definición política acerca de dónde debe situarse el principal objetivo del sistema educativo.
La administración estatal intenta desplazar el centro de gravedad del debate educativo hacia el derecho de los estudiantes a recibir clases y mejorar su formación. Es una cuestión relevante en Oaxaca porque durante décadas la discusión pública sobre educación ha estado atravesada por la relación entre gobierno, sindicato, movilización social y negociación política. Jara no plantea una ruptura con el sindicalismo magisterial. Por el contrario, establece explícitamente un reconocimiento a su historia y a sus luchas contra el autoritarismo, particularmente durante las últimas cuatro décadas.
Ese reconocimiento tiene una importancia política que conviene no subestimar.
El gobernador no presenta al sindicato como un adversario institucional al que haya que neutralizar. Lo coloca dentro de una historia social determinada y reivindica su legitimidad histórica. Pero al mismo tiempo formula una expectativa distinta para el presente. El reconocimiento de la organización sindical no puede traducirse en una disminución de la responsabilidad educativa.
Ahí aparece uno de los dilemas clásicos de cualquier régimen democrático. Las organizaciones sociales tienen derecho a defender sus intereses y a ejercer presión política; las instituciones, por su parte, tienen la obligación de garantizar derechos colectivos que no pertenecen a ninguna organización particular. En el caso de la educación, el derecho a la organización laboral y el derecho de la niñez a recibir educación no son asuntos equivalentes ni pueden administrarse bajo una misma lógica.
La posición de Jara parece orientarse hacia una fórmula de coexistencia. Respeto a la organización sindical, reconocimiento de su historia y, al mismo tiempo, exigencia de condiciones que permitan mantener las clases y mejorar la calidad educativa. Es una fórmula políticamente prudente porque evita convertir el conflicto educativo en una disputa de legitimidades absolutas.
La gobernabilidad contemporánea requiere precisamente eso. No destruir los canales de representación social, sino impedir que cualquier representación particular termine sustituyendo al interés público.
Esta misma lógica aparece en la manera en que el gobernador aborda la relación con los municipios.
El caso de las pensiones de policías municipales resulta especialmente significativo porque coloca frente a frente dos principios que con frecuencia generan tensiones en el federalismo mexicano. Por un lado, la autonomía municipal. Por otro, la responsabilidad política del Estado frente a problemas que tienen consecuencias directas sobre la seguridad pública.
Jara establece una frontera institucional clara. El Gobierno del Estado puede dialogar, coadyuvar, plantear alternativas y expresar su punto de vista, pero no puede intervenir arbitrariamente en la vida interna de los ayuntamientos. La autonomía municipal no aparece aquí como una formalidad constitucional, sino como una restricción real al ejercicio del poder estatal.
Esa posición es importante porque la política mexicana suele enfrentar una tentación recurrente. Cuando un problema municipal adquiere relevancia pública, el gobierno estatal puede verse presionado para asumirlo directamente. Pero hacerlo implicaría erosionar la responsabilidad de los propios ayuntamientos y convertir al Ejecutivo estatal en una instancia de sustitución permanente.
El problema de las policías municipales demuestra, además, que la seguridad no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del armamento, la presencia territorial o la capacidad operativa. Jara introduce una variable laboral que resulta fundamental. Una policía difícilmente puede funcionar adecuadamente cuando sus integrantes carecen de condiciones laborales dignas, capacitación, certificación y una perspectiva razonable de retiro.
La seguridad pública también es una cuestión de política laboral.
Una institución que exige profesionalización, disciplina y exposición permanente al riesgo necesita garantizar condiciones mínimas para quienes desempeñan esa función. De ahí que la posición estatal sobre las pensiones de los policías tenga una dimensión que rebasa el conflicto particular de un ayuntamiento. En términos de política pública, plantea la necesidad de construir corporaciones sostenibles, con mecanismos de ingreso, capacitación, permanencia y retiro.
La administración estatal puede coadyuvar, pero la responsabilidad inmediata corresponde a los gobiernos municipales. La distinción es políticamente saludable porque preserva la autonomía sin abandonar la interlocución.
En el fondo, se trata de construir un federalismo funcional, algo mucho más difícil que repetir el principio constitucional de autonomía.
Otro de los asuntos relevantes es la nueva Constitución de Oaxaca. Allí se encuentra quizá la apuesta institucional de mayor alcance de las expresadas esta semana, porque una reforma constitucional no modifica solamente procedimientos administrativos. Modifica el lenguaje con el que un Estado se reconoce a sí mismo.
Jara sostiene que el nuevo proyecto incorporará elementos innovadores vinculados con la condición intercultural de Oaxaca y con el reconocimiento de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Esta definición tiene una relevancia particular en una entidad cuya estructura social no puede comprenderse mediante el modelo homogéneo de ciudadanía que durante buena parte de la historia constitucional mexicana pretendió imponerse desde el centro.
Oaxaca es un territorio políticamente complejo porque sus comunidades, municipios, pueblos, organizaciones y formas de representación poseen trayectorias distintas. La existencia de sistemas normativos indígenas, la pluralidad lingüística, la diversidad comunitaria y la presencia afromexicana obligan a pensar el derecho desde una perspectiva más amplia que la simple uniformidad administrativa.
Por eso, el planteamiento de una Constitución con perspectiva intercultural no debería reducirse a la incorporación simbólica de determinadas expresiones. El verdadero desafío será convertir el reconocimiento en instituciones, procedimientos, obligaciones y mecanismos efectivos de participación.
Reconocer constitucionalmente la diversidad es apenas el comienzo.
La cuestión decisiva será determinar cómo ese reconocimiento modifica la relación entre el gobierno estatal y las comunidades, cómo incide en las políticas públicas, cómo se resuelven controversias, cómo se garantiza el ejercicio de derechos y cómo se evita que la interculturalidad termine convertida en una categoría retórica sin consecuencias jurídicas.
El gobernador también dejó establecido que el proyecto constitucional no modificará en este momento las reglas electorales relacionadas con la próxima gubernatura. Esa precisión revela que la reforma pretende, al menos en este punto, mantener una distancia respecto de una modificación electoral inmediata.
La decisión es políticamente relevante.
En Oaxaca, cualquier discusión constitucional puede ser interpretada desde la lógica de la sucesión, la competencia partidista o la reconfiguración de los equilibrios de poder. Al cerrar esa puerta en materia electoral, el Ejecutivo busca presentar la reforma como un proceso institucional de mayor alcance y no como un instrumento coyuntural de competencia política.
La cuestión será comprobarlo en el proceso legislativo.
Una Constitución no adquiere legitimidad por el solo hecho de ser elaborada por especialistas o impulsada desde el Ejecutivo. Requiere deliberación pública, discusión parlamentaria y, especialmente en un estado con la composición social de Oaxaca, mecanismos de consulta que permitan que los sectores afectados por las nuevas disposiciones participen efectivamente.
La reforma constitucional puede convertirse, por ello, en una de las principales pruebas políticas de la administración de Jara. Si logra abrir un proceso suficientemente amplio, podría producir una actualización significativa del pacto institucional oaxaqueño. Si el proceso queda encerrado en los circuitos tradicionales del poder, la promesa de renovación podría reducirse a una reforma más dentro de la larga historia de modificaciones constitucionales de la entidad.
Hay otro asunto que merece atención porque permite observar cómo empieza a ordenarse el escenario político interno de Morena.
Ante la proximidad de una convocatoria para definir coordinaciones distritales federales, Jara adoptó una posición de espera. No adelantó nombres ni confirmó movimientos dentro de su gabinete. La expresión de que hasta ese momento todos permanecían callados puede parecer anecdótica, pero contiene una lectura política interesante.
En toda administración existe una tensión permanente entre gobierno y partido. El problema se vuelve particularmente delicado cuando el partido gobernante tiene presencia dominante y cuando los funcionarios públicos son también actores políticos con aspiraciones propias.
El gobernador parece optar por no precipitar públicamente ese proceso.
La prudencia tiene sentido. Adelantar candidaturas, respaldos o movimientos internos antes de que los tiempos partidistas estén formalmente abiertos puede generar incentivos para que la administración sea interpretada como plataforma electoral. Mantener una posición de espera permite conservar la separación formal entre las responsabilidades gubernamentales y la competencia partidista.
No significa que la política interna se encuentre ausente. Significa que todavía no se convierte en una decisión pública del Ejecutivo.
Esa diferencia es fundamental.
El Gobierno del Estado necesita gobernar mientras Morena procesa sus propias disputas, aspiraciones y mecanismos de organización. Si la lógica partidista invade prematuramente la administración pública, el riesgo consiste en convertir cada decisión gubernamental en una lectura electoral. Para una administración que todavía tiene una agenda amplia de transformación institucional, eso podría convertirse en una carga innecesaria.
La política partidista necesita sus propios tiempos. El gobierno necesita los suyos.
También aparece, dentro de esta arquitectura, la política de infraestructura urbana vinculada con los llamados senderos seguros. La explicación de Jara sobre la intervención en distintas zonas muestra una lógica de continuidad de políticas públicas. No se trata, según su planteamiento, de una obra aislada sino de etapas que se han venido desarrollando en distintos momentos.
Este detalle importa porque introduce una variable frecuentemente olvidada en la evaluación de los gobiernos. Una política pública no necesariamente puede juzgarse por una fotografía del último anuncio. Algunas requieren continuidad territorial y presupuestal para producir efectos acumulativos.
La seguridad urbana, además, no depende exclusivamente de la policía. La iluminación, la movilidad peatonal, la recuperación del espacio público y las condiciones físicas de las rutas cotidianas forman parte de una política preventiva que puede reducir factores de riesgo y mejorar la percepción de seguridad.
El espacio público adquiere así una dimensión política.
Una calle iluminada, transitable y segura no es únicamente infraestructura. Es una forma concreta de relación entre ciudadanía y Estado. Cuando una administración interviene en los lugares por donde las personas caminan todos los días, modifica la experiencia cotidiana del gobierno.
La política pública deja entonces de ser abstracta. Se convierte en una banqueta, una luminaria, una ruta escolar, un trayecto de regreso a casa.
En el caso de Oaxaca, esa dimensión resulta particularmente importante porque la desigualdad territorial hace que la presencia del Estado no sea uniforme. El reto consiste en evitar que las obras de mejoramiento urbano se concentren únicamente donde ya existe mayor infraestructura y capacidad de gestión.
La política social adquiere sentido cuando disminuye las diferencias territoriales y no únicamente cuando incrementa el inventario de obras.
En conjunto, estos asuntos revelan una administración que busca mantener una relación de interlocución con actores sociales diversos, pero que también intenta delimitar las responsabilidades de cada institución. Con los sindicatos, respeto y reconocimiento histórico; con los municipios, diálogo sin invasión de competencias; con la reforma constitucional, una apuesta por la interculturalidad; con el partido, prudencia frente a los tiempos internos; con la educación, énfasis en el derecho de los estudiantes; con la seguridad, una visión que incorpora las condiciones laborales de quienes ejercen funciones policiales.
Es una lógica que merece ser examinada con mayor profundidad porque plantea una cuestión central para Oaxaca. ¿Puede construirse un gobierno transformador sin convertir la transformación en una simple consigna política?
La respuesta dependerá menos de la retórica que de la capacidad institucional para sostener las decisiones.
El desafío de la administración de Salomón Jara Cruz no consiste solamente en producir nuevas políticas públicas, sino en conseguir que esas políticas modifiquen relaciones históricas de poder. Oaxaca tiene una larga tradición de movilización social, negociación política, autonomía comunitaria, sindicalismo y pluralidad municipal. Gobernar esa realidad exige algo más sofisticado que imponer una línea vertical desde el Ejecutivo.
También exige algo más que negociar indefinidamente con todos.
El Estado necesita capacidad de decisión.
La administración parece estar intentando construir ese punto intermedio. Reconocer la legitimidad de los actores sociales sin concederles capacidad para sustituir a las instituciones; respetar la autonomía municipal sin desentenderse de problemas que afectan al conjunto de la sociedad; reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos sin limitar ese reconocimiento a una fórmula declarativa; respetar la historia del magisterio sin perder de vista que la educación constituye un derecho de la niñez; acompañar al partido gobernante sin confundir la administración pública con la estructura partidista.
Ese equilibrio es difícil porque cada uno de esos espacios tiene intereses, memorias y formas propias de ejercer presión.
Y allí se encuentra el verdadero examen político del gobierno.
Una administración no se mide únicamente por el número de programas que anuncia, sino por la calidad de las instituciones que deja funcionando cuando desaparece la coyuntura que originó una decisión. Tampoco por la cantidad de conflictos que consigue contener temporalmente, sino por su capacidad para convertirlos en acuerdos duraderos, procedimientos institucionales y políticas públicas previsibles.
En Oaxaca, esa tarea tiene una dificultad adicional. La fragmentación territorial y política obliga a gobernar una sociedad que no puede ser reducida a una sola identidad política. El poder estatal debe relacionarse con municipios, comunidades, organizaciones, sindicatos, partidos, instituciones educativas y ciudadanos que tienen concepciones distintas sobre el desarrollo y sobre la propia idea de autoridad.
Por eso la interculturalidad constitucional, la autonomía municipal, la educación pública y la seguridad no son capítulos separados. Son expresiones de un mismo problema. La construcción de un Estado capaz de gobernar una sociedad plural sin destruir la pluralidad que pretende administrar.
Ahí está la dimensión más importante de lo ocurrido esta semana.
La administración de Salomón Jara Cruz comienza a enfrentar una etapa en la que ya no basta con acreditar que existe voluntad política para transformar. Será necesario demostrar que esa voluntad puede convertirse en instituciones, que las instituciones pueden producir resultados y que esos resultados pueden sobrevivir a las coyunturas electorales.
El verdadero poder público no consiste en ocupar el centro de todas las decisiones. Consiste en lograr que cada institución haga aquello que constitucionalmente le corresponde y que el conjunto del sistema funcione en beneficio de la ciudadanía.
Oaxaca necesita precisamente eso.
Un gobierno estatal con capacidad de conducción, municipios capaces de asumir sus responsabilidades, organizaciones sociales con legitimidad, sindicatos que ejerzan sus derechos sin desplazar los derechos colectivos y una ciudadanía que pueda exigir resultados sin tener que convertir cada demanda en un conflicto.
Si la administración de Salomón Jara consigue avanzar en esa dirección, la transformación dejará de ser una categoría política para convertirse en una arquitectura institucional.
Y ese será, finalmente, el juicio que importe. No el volumen de las declaraciones ni la intensidad de las disputas coyunturales, sino la capacidad de convertir un periodo de gobierno en un nuevo modo de relación entre Estado y sociedad.
Porque una administración puede modificar leyes, construir infraestructura, abrir programas y administrar conflictos. Lo verdaderamente difícil es modificar las reglas no escritas mediante las cuales una sociedad se relaciona con el poder.
Ese es el terreno donde Oaxaca está siendo gobernado ahora.
Y también donde habrá de ser evaluado.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx