MISAEL SÁNCHEZ
En el transcurso de la conferencia matutina de esta semana, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la firma del decreto que marcará el inicio de la operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial del Estado de Oaxaca.
Este organismo administrativo, cuya razón de ser reside en la recopilación y procesamiento de datos destinados a la prevención y erradicación de operaciones con recursos de origen ilegal, será concebido como un ente público descentralizado, dotado de su propia personalidad jurídica y patrimonio, albergado bajo el ala de la Secretaría de Finanzas.
Este paso estratégico representa un quiebre significativo en la lucha contra la corrupción, marcando un viraje cualitativo en la forma en que se aborda este problema crónico.
La Unidad de Inteligencia Patrimonial se encuentra diseñada con cinco objetivos fundamentales.
En primer lugar, se erigirá como un cimiento para la construcción de un sistema de información fiscal y patrimonial sólido.
En segundo término, su tarea radicará en la demanda, generación y escrutinio de información fiscal y patrimonial con miras a la investigación de actividades sospechosas.
La tercera misión incluye la facultad de requerir y recabar datos de diversos actores, destacándose notarios públicos y entidades registrales y catastrales.
En cuarto lugar, se instaurará una lista de individuos sujetos a escrutinio por presuntos hechos ilícitos, colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes.
Por último, se adscribirá a la labor de alertar a las autoridades de la administración pública estatal sobre movimientos fiscales y patrimoniales de relevancia, además de forjar alianzas de colaboración con entidades federales.
En la conferencia del lunes por la mañana, el Gobernador subrayó que este anuncio envía un mensaje claro a Oaxaca: su administración no tolerará la indiferencia ni la complicidad en asuntos relacionados con la corrupción. La firma del decreto fue un paso fundamental en este compromiso.
El consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, lo acompañó en esta rúbrica histórica que marca un punto de inflexión en la gestión de los recursos y el combate a prácticas ilícitas en el estado.
