La cifra es apenas un punto en el mapa de contrastes. Según la más reciente actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, Oaxaca reporta 1,612,614 personas ocupadas durante el primer trimestre de 2025, una cifra apenas superior a la del mismo periodo del año anterior.
Pero lo que a simple vista podría parecer un horizonte laboral estable, revela, con una mirada más atenta, la persistencia de un modelo económico sostenido por el trabajo sin derechos, la informalidad estructural y una carencia de políticas profundas de generación de empleo digno.
La ENOE confirma lo que en las calles ya se sabe: más del 70% de la población ocupada en Oaxaca se ubica en la informalidad, una proporción que casi triplica los estándares de economías desarrolladas y que pone al estado entre los cinco con mayor precariedad laboral del país.
Esta informalidad no es solo una estadística, es una condición de vida que implica salarios inestables, nulo acceso a seguridad social, inexistencia de prestaciones, jornadas prolongadas y vulnerabilidad ante cualquier tipo de crisis.
Los datos del IMSS refuerzan esta lectura. En mayo de 2025, Oaxaca apenas registró 156,049 empleos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que equivale a menos del 10% de la población en edad y condición de trabajar en la entidad.
Si bien se observa un crecimiento marginal —2.5% en comparación con 2024—, ese avance resulta insuficiente frente al dinamismo poblacional y la creciente necesidad de empleos estables, sobre todo para juventudes egresadas del sistema educativo que no encuentran cabida en un mercado formal concentrado en servicios gubernamentales, turismo y comercio menor.
El mercado laboral de Oaxaca se define, en buena parte, por una economía a cielo abierto, con vendedores ambulantes, tianguistas, jornaleros, artesanos y trabajadores que subsisten gracias al autoempleo o a redes informales de subsistencia.
El sector agrícola —uno de los que históricamente ha absorbido mano de obra— muestra signos de debilitamiento estructural, con bajos niveles de tecnificación y una alta migración hacia los Estados Unidos o el norte del país como estrategia de supervivencia.
Por contraste, sectores como el comercio y los servicios —en particular el turístico— concentran cada vez más actividades, pero con condiciones precarias.
El turismo, por ejemplo, es uno de los motores económicos más visibles del estado, pero solo 15,257 personas estaban registradas en mayo en empleos formales turísticos, según el IMSS, mientras que se calcula que más de 170 mil oaxaqueños laboran realmente en este sector, desde cocineras tradicionales hasta músicos callejeros, la gran mayoría sin contrato, sin cotización ni derechos.
Ante este panorama, urge una política real de generación de fuentes de trabajo. No basta con programas temporales, ferias de empleo o discursos sobre la vocación cultural del estado. Oaxaca necesita una estrategia integral que conecte vocación productiva, inversión pública y privada, financiamiento al microemprendimiento, formación técnica especializada y reactivación industrial con justicia territorial.
El reto es evitar que las futuras generaciones sigan atrapadas entre dos extremos, el exilio económico o el rebusque local. Se necesita infraestructura, certeza jurídica, incentivos fiscales bien dirigidos y una red de servicios públicos (cuidados, movilidad, salud) que haga posible que el trabajo digno no sea un privilegio, sino un derecho.
Oaxaca es tierra fértil en talento, creatividad, cultura y recursos naturales. Pero esa fertilidad ha sido explotada más como relato para visitantes que como sustancia para su gente. Cambiar esta narrativa requiere asumir que el empleo no puede seguir siendo un accidente en la vida de los oaxaqueños, sino el centro de una política económica con rostro humano.