En una jornada legislativa decisiva, el Congreso local de Oaxaca aprobó con 37 votos a favor y uno en contra un decreto para la supresión de plazas administrativas en la entidad. La medida, promovida en el marco de la austeridad republicana, tiene como objetivo aliviar las presiones sobre las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de programas sociales y fondos de pensiones en el estado.
El incremento desmedido de plazas de base entre 2016 y 2022 generó un impacto significativo en el presupuesto público de Oaxaca. La diputada Mónica Belén López, representante de la comisión dictaminadora, destacó que esta práctica incrementó los gastos en servicios personales en más de 2,024 millones de pesos. Según datos presentados, la plantilla de personal de base creció de 8,187 trabajadores en 2013 a 12,240 en 2022, un aumento de casi el 50% en menos de una década.
“Este crecimiento exponencial es insostenible para el erario público y compromete el futuro financiero del estado,” enfatizó la diputada, quien subrayó que el sobrecosto afecta directamente al fondo de pensiones y a los recursos destinados a programas sociales. La medida busca corregir las irregularidades administrativas heredadas de gestiones pasadas, marcadas por nepotismo y falta de disciplina financiera.
El decreto no estuvo exento de críticas. El diputado Javier Cacique, único en votar en contra, advirtió sobre el riesgo de politizar una decisión de gran impacto laboral. Sin embargo, la mayoría legislativa defendió la medida como un acto de responsabilidad hacia el futuro de Oaxaca. “La disciplina financiera no es una opción, es una obligación para garantizar el desarrollo sostenible del estado,” argumentaron los legisladores a favor.
El gobierno estatal enfrenta un desafío complejo: equilibrar las finanzas sin descuidar el bienestar de los oaxaqueños. La previsión para el fondo de pensiones, que ascenderá a 1,353 millones de pesos en 2023, subraya la urgencia de esta reforma. El decreto también se inscribe dentro de los principios de la Cuarta Transformación, al priorizar una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.
La medida, aunque controvertida, apunta a corregir un legado de prácticas administrativas que comprometieron la estabilidad financiera de Oaxaca. Los legisladores hicieron un llamado a actuar con determinación y responsabilidad, conscientes de que decisiones como esta son esenciales para garantizar un mejor porvenir. “El futuro de Oaxaca depende de las acciones que tomemos hoy. No podemos permitir que los errores del pasado definan el destino de nuestra gente,” concluyó la legisladora.
Con este decreto, el Congreso local no solo busca equilibrar las finanzas estatales, sino también enviar un mensaje contundente: el bienestar de las mayorías prevalece sobre los privilegios de unos pocos.
La sesión extraordinaria marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Oaxaca, estableciendo un precedente para futuras decisiones en el manejo de los recursos públicos.
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