La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una aclaración sobre el estudio del IMCO difundido en medios nacionales, al señalar que su interpretación del gasto en pensiones y de la deuda pública no incorpora elementos fundamentales para evaluar la situación financiera del país. La dependencia explicó que las pensiones contributivas cuentan con respaldo financiero mediante aportaciones, reservas y activos acumulados, por lo que no pueden analizarse como gasto aislado ni como presión fiscal sin sustento.
De acuerdo con la información oficial, durante el primer trimestre de dos mil veintiséis las contribuciones a la seguridad social sumaron ciento setenta y ocho mil millones de pesos y las reservas actuariales y financieras alcanzaron quinientos cuarenta y tres punto dos mil millones. A ello se agregan los recursos administrados por las Afores, que ascienden a ocho punto tres billones de pesos, equivalentes a veinticuatro por ciento del PIB. La Secretaría proyecta que este monto podría superar treinta por ciento del PIB hacia dos mil treinta, lo que refuerza la capacidad del sistema para enfrentar obligaciones futuras.
La dependencia también señaló que la transición demográfica y el cambio de régimen pensionario reducirán la presión financiera hacia dos mil cuarenta y dos, cuando la mayoría de las pensiones se financien mediante cuentas individuales. Este proceso, indicó, forma parte de una transformación estructural que modificará la composición del gasto público en el mediano plazo.
En cuanto a las pensiones no contributivas, Hacienda recordó que se trata de un derecho constitucional dirigido a personas adultas mayores y grupos vulnerables que no tuvieron acceso a una pensión contributiva. Estas prestaciones responden a condiciones laborales históricas caracterizadas por informalidad, bajos salarios y ausencia de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. La dependencia destacó que su impacto social es significativo, ya que entre dos mil dieciocho y dos mil veinticuatro la pobreza extrema en adultos mayores se redujo de ocho punto ocho a tres punto ocho por ciento y la pobreza general disminuyó de cuarenta y tres punto dos a veintitrés punto seis por ciento, lo que representa una mejora sustancial en el bienestar de este sector de la población.
La Secretaría también corrigió la interpretación sobre la deuda pública al señalar que el uso exclusivo de la deuda bruta puede generar una percepción distorsionada de la posición financiera del Estado. Al cierre de marzo de dos mil veintiséis, la deuda neta en sentido amplio se ubicó en cincuenta punto cuatro por ciento del PIB, cifra menor al cincuenta y tres punto nueve por ciento de la deuda bruta debido a los activos financieros del sector público equivalentes a tres punto cinco por ciento del PIB. Estos activos incluyen reservas actuariales, fondos de estabilización y otros instrumentos que generan rendimientos y permiten enfrentar pasivos.
Hacienda reiteró que una evaluación responsable del sistema de pensiones y de la deuda pública debe considerar tanto los pasivos como los activos disponibles, así como el impacto social de las políticas implementadas. La dependencia reafirmó su compromiso con la transparencia y la información técnica para fortalecer el análisis público y evitar interpretaciones que no reflejen la complejidad del sistema fiscal mexicano.