Certeza jurídica y territorio
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La discusión sobre la tenencia de la tierra suele aparecer en el debate público como un asunto técnico, reservado a despachos jurídicos, catastros y ventanillas administrativas, cuando en realidad se trata de uno de los pilares silenciosos que sostienen la vida social, la gobernabilidad y la estabilidad del espacio público. Allí donde la propiedad carece de definición clara, el Estado se vuelve frágil, la ciudad se desordena y la desigualdad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en experiencia cotidiana.
En Oaxaca, el problema no es marginal ni reciente. Municipios enteros conviven desde hace décadas con asentamientos construidos sobre ventas irregulares, fraccionamientos sin autorización, invasiones normalizadas o herencias sin sustento legal. No se trata de un fenómeno accidental, sino del resultado acumulado de omisiones institucionales, de autoridades locales rebasadas y de un crecimiento urbano que avanzó más rápido que la capacidad del Estado para ordenar su propio territorio. El suelo, que debería ser base de certidumbre, se transformó en un espacio de ambigüedad permanente.
La ausencia de certeza jurídica no sólo afecta al propietario individual, sino que contamina el conjunto del sistema público. Una vivienda sin título es una vivienda sin acceso pleno a programas sociales, sin posibilidad real de financiamiento, sin seguridad para heredar y, sobre todo, sin defensa efectiva frente al abuso. En ese vacío se reproduce la desigualdad: quien puede pagar abogados regulariza; quien no, queda atrapado en una legalidad incompleta que lo acompaña durante generaciones.
El reconocimiento explícito de la magnitud del problema marca un punto de inflexión. Admitir que decenas de miles de viviendas se encuentran en situación irregular implica aceptar que la informalidad territorial no es excepción, sino estructura. En ese contexto, la apuesta por una regularización masiva deja de ser una promesa administrativa para convertirse en una decisión política de fondo, porque regularizar no es sólo entregar papeles, sino reordenar relaciones de poder, corregir omisiones históricas y asumir costos que durante años se prefirió evitar.
La postura asumida por el gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz parte de una premisa clara: la certeza jurídica no puede seguir avanzando al ritmo simbólico de decenas de expedientes al año cuando el rezago se mide en decenas de miles. El mensaje es directo y poco frecuente en la tradición administrativa local: el problema se enfrenta con volumen, con presencia territorial y con una lógica de urgencia que rompa la inercia burocrática. No regularizar de manera decidida equivale, en los hechos, a perpetuar el conflicto.
El énfasis en la coordinación con los municipios revela otra dimensión del fenómeno. Las autoridades locales, muchas veces limitadas por falta de capacidad técnica, recursos o voluntad política, han sido históricamente el eslabón más débil en el ordenamiento territorial. La intervención estatal no sustituye su responsabilidad, pero reconoce una realidad incómoda: sin acompañamiento y sin una instancia que articule criterios comunes, la fragmentación normativa se traduce en caos urbano y en conflictos sociales de larga duración.
La estrategia de llevar el Estado al territorio, mediante módulos de atención y asesoría jurídica directa, rompe con la lógica tradicional del trámite distante y centralizado. No es un gesto menor. Implica aceptar que la irregularidad no se resuelve desde el escritorio, sino en contacto con comunidades donde la desinformación, el miedo y la desconfianza hacia la autoridad han sido constantes. Acercar abogados y procesos formales a esos espacios no es sólo una acción administrativa; es una intervención en el tejido social.
El discurso de la justicia social adquiere aquí un contenido concreto. Regularizar la tenencia de la tierra no redistribuye riqueza de forma inmediata, pero redistribuye seguridad, previsibilidad y futuro. Cuando se incorpora la perspectiva de género al acceso a la propiedad, el impacto se amplía: se corrigen prácticas históricas que excluyeron a las mujeres de la titularidad formal y se fortalece su posición jurídica dentro de la familia y la comunidad. La propiedad deja de ser un privilegio heredado para convertirse en un derecho garantizado.
El trabajo operativo de Carlos López Jarquín refleja un intento de traducir esa visión política en metas verificables. El énfasis en títulos con plena validez estatal busca cerrar la puerta a simulaciones que, en el pasado, generaron documentos sin fuerza legal suficiente, reproduciendo la inseguridad que decían combatir. La diferencia no está en el papel entregado, sino en la cadena institucional que lo respalda.
El establecimiento de metas ambiciosas, con plazos definidos y una comparación explícita con administraciones anteriores, introduce un elemento poco común en la gestión pública local: la evaluación política del desempeño. Cuando se afirma que miles de títulos serán entregados en un solo año, se eleva el costo del incumplimiento y se coloca a la propia administración bajo escrutinio. La amenaza de sanciones internas no es retórica; es una señal de que la regularización de la tierra ha dejado de ser un tema secundario para convertirse en indicador de legitimidad gubernamental.
El impacto territorial de este proceso va más allá de la vivienda individual. Regularizar asentamientos implica ordenar servicios, planear infraestructura, reducir conflictos sociales y establecer límites claros entre lo público y lo privado. Un parque con certeza jurídica es un espacio defendible; una calle con trazo reconocido es una calle gobernable. El orden del suelo precede al orden urbano y, en muchos casos, al orden social.
Sin embargo, el reto no se agota en la entrega masiva de títulos. El riesgo de que nuevas irregularidades reproduzcan el ciclo está siempre presente si no se fortalecen los controles sobre la venta de suelo, la autorización de fraccionamientos y la planeación urbana. Regularizar el pasado sin ordenar el futuro equivale a administrar la crisis sin resolverla. La política de certeza jurídica necesita, por tanto, consolidarse como política preventiva y no sólo correctiva.
El escenario que se abre es significativo. Si el Estado logra sostener esta estrategia en el tiempo, Oaxaca podría iniciar una transición silenciosa pero profunda hacia un territorio más ordenado, menos conflictivo y socialmente más equitativo. Si fracasa, la consecuencia no será sólo administrativa, sino simbólica: confirmar la percepción de que la informalidad es invencible y que la legalidad siempre llega tarde.
La certeza jurídica, en última instancia, no es un concepto abstracto ni un tecnicismo legal. Es la condición mínima para que el espacio público funcione, para que la propiedad deje de ser fuente de conflicto y para que la promesa de bienestar tenga un soporte material. Ordenar la tierra es ordenar la vida colectiva. Todo lo demás, infraestructura, programas sociales y discurso político, descansa sobre ese cimiento invisible que durante demasiado tiempo fue ignorado.
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Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx