Columna Política …
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+ Desafíos en las políticas públicas de Salomón Jara
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Misael Sánchez
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Hay gobiernos que administran presupuestos y gobiernos que, además, intentan modificar la relación entre el Estado y el territorio. La diferencia no es menor. En Oaxaca, donde la geografía ha complicado históricamente la acción pública, donde la dispersión municipal convierte cada política en un problema de ejecución y donde las necesidades acumuladas durante décadas suelen reaparecer bajo nuevos gobiernos con los mismos expedientes pendientes, la administración de Salomón Jara Cruz parece haber colocado una parte importante de su apuesta política en un terreno concreto: demostrar que el gobierno puede ser reconocido no solamente por lo que anuncia, sino por aquello que logra producir, construir, organizar y sostener en la vida cotidiana.
Ese es, quizá, uno de los elementos que mejor permite leer el momento actual de la administración estatal. No se trata únicamente de enumerar obras, programas, cifras agrícolas o actividades sociales. Lo relevante es observar el sentido político que comienza a unir esas acciones. La autosuficiencia alimentaria, la inversión en el campo, los puentes, las vialidades, la movilidad metropolitana, el deporte regional, la proyección del talento infantil y la preservación de las expresiones culturales de los pueblos originarios aparecen, vistos en conjunto, como piezas de una misma intención gubernamental: ampliar la presencia del Estado en espacios donde durante mucho tiempo la respuesta institucional fue insuficiente, intermitente o simplemente inexistente.
En política, sin embargo, ninguna cifra habla por sí sola. Los números adquieren importancia cuando expresan una dirección, cuando permiten medir una política y cuando ofrecen la posibilidad de contrastar el punto de partida con el resultado alcanzado. La producción de maíz es, en ese sentido, uno de los datos más significativos que hoy puede exhibir la administración de Salomón Jara.
Al inicio de este gobierno, Oaxaca producía alrededor de 550 mil toneladas de maíz, mientras el consumo estatal se ubicaba en aproximadamente 800 mil toneladas. La distancia entre ambas cifras describía una dependencia que resultaba particularmente significativa en una entidad cuya identidad alimentaria, económica y cultural está profundamente vinculada al maíz. La tortilla, el tamal, el atole, el nicuatole, la tlayuda, el totopo y una extensa variedad de alimentos no son únicamente expresiones gastronómicas. Forman parte de una estructura económica rural y de una memoria colectiva que atraviesa comunidades, mercados, fiestas, mayordomías y hogares.
Por eso, la producción de 819 mil 450 toneladas alcanzada durante 2025 tiene una lectura que rebasa el dato estadístico. De acuerdo con la información presentada por la propia administración estatal, la meta de 800 mil toneladas fue superada antes de concluir el periodo gubernamental, lo que permite colocar a Oaxaca en una condición de autosuficiencia respecto de su demanda estimada.
El dato, naturalmente, no debe ser tratado como una pieza propagandística aislada. Tiene interés porque expresa una estrategia pública. La superficie sembrada, superior a 491 mil hectáreas, la baja superficie siniestrada y el incremento de los rendimientos en los programas impulsados desde el gobierno muestran que la política agrícola ha comenzado a moverse hacia un esquema que combina apoyos, capacitación, innovación, maquinaria, conservación de semillas, análisis de suelos y fortalecimiento de capacidades productivas.
La política pública suele fracasar cuando confunde la entrega de recursos con la solución de un problema. El desafío es mayor. Implica construir capacidades que permanezcan en el territorio. Los bancos comunitarios de semillas, los puntos de maquinaria y postcosecha, el muestreo de suelos y la transferencia de conocimientos adquieren importancia precisamente porque pueden modificar las condiciones bajo las cuales producen los pequeños agricultores.
El Estado oaxaqueño ha entendido, al menos en esta materia, que la producción agrícola no depende exclusivamente del entusiasmo del productor ni de la cantidad de recursos transferidos desde el presupuesto. Requiere conocimiento técnico, infraestructura, organización comunitaria y canales de comercialización. La propia consolidación de acuerdos para colocar maíz, frijol, miel y café en circuitos de distribución más amplios revela que el siguiente problema aparece precisamente cuando la producción crece: producir más no garantiza automáticamente vender mejor.
Ese es uno de los puntos que merecen mayor atención. La política agrícola del gobierno de Salomón Jara ha comenzado a desplazarse del objetivo elemental de aumentar la producción hacia la necesidad de construir condiciones de mercado para esa producción. Es una transición lógica. Si el campo produce y no encuentra canales de comercialización adecuados, el éxito productivo puede convertirse rápidamente en un problema económico para quienes trabajan la tierra.
En ese sentido, la relación entre la producción local y los mecanismos de distribución nacional abre una discusión importante sobre el futuro del campo oaxaqueño. El desafío ya no consiste únicamente en alcanzar determinadas toneladas. Consiste en construir una economía rural capaz de capturar una parte mayor del valor generado por sus productos.
La inversión pública forma parte de esa ecuación. La administración estatal ha señalado un aumento considerable de los recursos destinados al campo. De niveles que, según los datos expuestos por el propio gobierno, oscilaron entre 100 y 200 millones de pesos en administraciones anteriores, la inversión estatal alcanzó 750 millones durante los primeros años del actual gobierno y para 2026 se aprobó una asignación superior a mil 300 millones de pesos.
El aumento presupuestal no garantiza por sí mismo una transformación. Pero sí modifica la capacidad de acción del gobierno. El verdadero examen estará siempre en la calidad del gasto, la permanencia de los programas, su distribución territorial y la posibilidad de que los beneficios lleguen efectivamente a quienes producen.
Hasta ahora, el resultado del maíz ofrece un indicador político relevante. Oaxaca logró superar la meta planteada para el final del sexenio antes de concluirlo. Esa anticipación permite a la administración de Salomón Jara convertir una promesa de política pública en una referencia medible.
La importancia del campo, sin embargo, no se limita a la economía. El maíz nativo tiene una dimensión estratégica para Oaxaca. La conservación de las semillas y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de producción se encuentran en el punto donde coinciden la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la economía campesina y la identidad cultural. La decisión de fortalecer esta política y su posterior proyección en el ámbito nacional constituye también un reconocimiento a la experiencia acumulada en el estado.
La política territorial tiene otra expresión visible en la infraestructura.
En una entidad con 570 municipios, la construcción de una obra no representa solamente concreto, acero o maquinaria. Puede significar acceso a servicios, reducción de tiempos de traslado, conexión económica y presencia efectiva del Estado. Un puente puede cambiar la relación entre una comunidad y el resto de su región. Una vialidad puede modificar la circulación de mercancías y personas. Una obra de movilidad metropolitana puede reorganizar durante años la manera en que miles de ciudadanos se desplazan.
La administración de Salomón Jara ha buscado colocar la infraestructura en esa dimensión política. Las obras inauguradas en distintos puntos de los Valles Centrales muestran una estrategia que combina proyectos metropolitanos con intervenciones municipales y comunitarias.
En San Francisco Telixtlahuaca se concluyó la pavimentación de calles con una inversión cercana a 5.94 millones de pesos y una intervención de 600 metros lineales. El proyecto beneficia a una población superior a diez mil habitantes y busca mejorar la movilidad local, el acceso a bienes y servicios y las condiciones para la actividad comercial.
La importancia de este tipo de obras suele pasar inadvertida frente a los grandes proyectos. Sin embargo, en la experiencia cotidiana de la población, las pequeñas y medianas intervenciones pueden tener un efecto inmediato. La política pública no se construye únicamente desde las grandes avenidas. También se construye en las calles que conectan un barrio con el comercio, una comunidad con la carretera o una familia con los servicios básicos.
El mismo razonamiento puede aplicarse a los puentes inaugurados en Santo Domingo Tlaltenango, en Santiago Suchilquitongo, y en San Pablo Villa de Mitla. El primero, con una longitud de 46.8 metros y una inversión de más de 19.9 millones de pesos, atiende una necesidad que, según el registro expuesto por el gobierno, había sido planteada durante aproximadamente 18 años. El segundo, construido sobre el río Grande con una inversión de 10 millones de pesos, fortalece la conectividad en una zona donde la movilidad representa una condición esencial para el desarrollo cotidiano.
Aquí aparece una cuestión central para el análisis político. Una demanda que permanece años en espera termina produciendo desconfianza institucional. Cuando una comunidad escucha repetidamente que un proyecto se encuentra en estudio, en proceso o en cartera, pero nunca llega a materializarse, el lenguaje administrativo comienza a perder valor.
Por eso, la construcción de una obra después de una larga espera tiene una dimensión que trasciende la infraestructura. Restituye parcialmente la idea de que el Estado puede cumplir.
La administración de Salomón Jara ha hecho de esa narrativa una parte importante de su identidad. El gobierno busca diferenciarse mediante una fórmula sencilla de comprender, aunque compleja de ejecutar: convertir demandas acumuladas en obras terminadas.
El proyecto del paso a desnivel de Viguera representa, por otra parte, una intervención de mayor escala y una prueba importante para la capacidad de gestión del gobierno estatal.
La zona poniente de la ciudad de Oaxaca enfrenta desde hace años una presión creciente sobre su sistema vial. El crecimiento urbano, la concentración de actividades administrativas y comerciales, el tránsito proveniente de municipios conurbados y la conexión con la carretera federal han convertido el crucero de Viguera en uno de los puntos más problemáticos para la movilidad metropolitana.
La obra comenzó el 8 de agosto y, durante sus primeros días de ejecución, registró avances en los trabajos preliminares, la cimentación y el sistema de drenaje pluvial. La proyección establecida es concluir una etapa fundamental de los trabajos hacia finales de diciembre.
Pero el dato técnico apenas representa una parte del asunto. Las obras de movilidad tienen una característica política particular: sus beneficios suelen aparecer al final, mientras las molestias comienzan desde el primer día.
El gobierno tiene que administrar esa contradicción práctica. Los cierres, las desviaciones y la congestión generan malestar inmediato. La mejora prometida pertenece al futuro. Por eso, la supervisión permanente anunciada para el proyecto adquiere una relevancia política considerable. La obra necesita ser ejecutada con rapidez, pero también requiere información constante, coordinación con las autoridades municipales y capacidad para atender los problemas derivados de su construcción.
La ciudadanía contemporánea es cada vez menos tolerante con la opacidad administrativa. Puede aceptar las incomodidades de una obra cuando comprende sus razones, conoce sus plazos y observa avances verificables. La comunicación pública, en este caso, forma parte de la propia infraestructura.
Viguera será, en consecuencia, una de las pruebas más visibles para la administración estatal. Si el proyecto cumple con los tiempos previstos y produce una mejora efectiva en la circulación, podrá convertirse en una referencia de la capacidad del gobierno para intervenir en uno de los problemas estructurales de la zona metropolitana. Si los tiempos se prolongan o la coordinación falla, la misma visibilidad de la obra multiplicará el costo político.
Esa es la naturaleza de las grandes intervenciones urbanas. No admiten demasiados lugares donde esconder los resultados.
La administración de Salomón Jara parece consciente de ello y ha colocado la supervisión como un componente político del proyecto. La presencia regular de las autoridades en el sitio de la obra busca enviar un mensaje de responsabilidad directa. En un sistema político donde la dispersión de responsabilidades suele convertirse en una práctica habitual, asumir públicamente el seguimiento de una obra significa aceptar también el costo de su eventual incumplimiento.
El espacio público ofrece otra lectura importante del actual gobierno.
La recuperación del deporte regional forma parte de una política que no puede reducirse al entretenimiento. La Copa Binnizá de béisbol, desarrollada durante cinco meses en el Istmo de Tehuantepec, reunió a 18 municipios y concentró la participación de cientos de deportistas en categorías libre e infantil.
La inversión en premiación, que alcanzó un millón y medio de pesos entre ambas categorías, generó un incentivo adicional para una competencia que recuperó un deporte profundamente arraigado en la región.
El béisbol en el Istmo no es una actividad marginal. Es parte de la vida comunitaria, de las identidades locales y de las relaciones sociales que se construyen alrededor de los campos deportivos. Recuperar torneos regionales significa también recuperar espacios de convivencia y ofrecer mecanismos de participación para las nuevas generaciones.
La administración estatal ha impulsado durante el año otras actividades de gran escala, entre ellas un maratón internacional y un torneo de fútbol que convocó a municipios de distintas regiones. La estrategia parece orientarse hacia una utilización más amplia del deporte como instrumento de cohesión social y como política de ocupación del espacio público.
Este enfoque merece una lectura menos superficial de la que normalmente recibe. El espacio público no se conserva únicamente mediante vigilancia o infraestructura. También se conserva cuando la población lo utiliza. Un parque ocupado por familias, un campo utilizado por jóvenes y una calle convertida temporalmente en escenario de actividad deportiva son espacios donde se generan relaciones sociales y formas de pertenencia.
La política deportiva puede tener, por tanto, una función preventiva y comunitaria cuando se sostiene en el tiempo y no se limita a la organización ocasional de eventos.
La continuidad anunciada para el campeonato regional de béisbol permitirá medir si la actual administración está construyendo una política permanente o simplemente una serie de acontecimientos exitosos. La diferencia es importante. Los eventos producen atención. Las políticas construyen instituciones.
La educación y el reconocimiento al talento infantil aparecen también dentro de esta lectura sobre el papel del Estado.
El triunfo de catorce niñas y niños oaxaqueños en una competencia internacional de aritmética mental celebrada en Panamá ofrece una imagen distinta del potencial educativo de la entidad. Los participantes lograron resultados sobresalientes en una competencia que exige resolver decenas de operaciones en pocos minutos.
El hecho podría parecer menor frente a los grandes asuntos del gobierno. No lo es.
Las sociedades suelen hablar de sus juventudes en términos de problemas. Se discute la falta de oportunidades, la violencia, la desigualdad o las deficiencias educativas. Todo ello forma parte de una realidad que debe ser atendida. Pero una política pública seria necesita también identificar y estimular las capacidades existentes.
El reconocimiento público de niñas y niños que representan al estado en espacios internacionales tiene una dimensión simbólica. Comunica que el mérito, el estudio y la preparación forman parte de aquello que el gobierno considera socialmente valioso.
En Oaxaca, donde la desigualdad territorial sigue condicionando el acceso a múltiples oportunidades, la construcción de referentes positivos puede tener un efecto social importante. El talento existe en todas las regiones, aunque las posibilidades para desarrollarlo no siempre son iguales.
La tarea del Estado consiste precisamente en reducir esa distancia.
La cultura ocupa otro lugar dentro de esta arquitectura política.
El reconocimiento a las lenguas, a la memoria comunitaria y a las expresiones de los pueblos originarios no puede entenderse como un simple acto ceremonial. En Oaxaca, la cultura forma parte de la estructura social y política del estado. Las lenguas originarias, los saberes comunitarios y las formas propias de organización constituyen elementos que han sobrevivido a décadas de políticas públicas diseñadas, en muchos casos, desde una lógica centralista.
La administración de Salomón Jara ha colocado la interculturalidad como una de sus referencias políticas. Dar espacio institucional a las expresiones de las comunidades y a la participación de mujeres y creadores indígenas implica reconocer que la diversidad cultural debe ocupar un lugar dentro de la acción pública.
El desafío consiste en evitar que la interculturalidad se convierta en un concepto decorativo. Para que tenga sentido político debe traducirse en acceso a derechos, participación en las decisiones y fortalecimiento de las comunidades.
En este punto aparece una de las cuestiones más relevantes de la administración actual. El gobierno estatal intenta construir una narrativa de transformación que combina infraestructura, desarrollo rural, cultura, deporte, educación y presencia territorial. El riesgo de cualquier proyecto de este tipo es que la diversidad de acciones termine por fragmentar el mensaje. El reto consiste en demostrar que existe una lógica común.
Esa lógica comienza a delinearse alrededor de una idea sencilla: el gobierno busca intervenir en la vida cotidiana mediante políticas que puedan ser observadas en el territorio.
El campo produce más. Los caminos y puentes conectan comunidades. Las obras metropolitanas intentan resolver problemas de movilidad. El deporte reúne municipios y recupera prácticas regionales. Los programas culturales colocan en el espacio público la diversidad lingüística y comunitaria. El reconocimiento al talento infantil proyecta otra imagen de las capacidades oaxaqueñas.
No se trata de afirmar que estos resultados resuelven por sí solos los problemas históricos de Oaxaca. Ninguna administración puede hacerlo en unos cuantos años. La desigualdad territorial, la pobreza, la dispersión municipal, las deficiencias de infraestructura y la complejidad de los sistemas productivos continuarán representando desafíos de enorme magnitud.
La cuestión relevante es otra: si la actual administración está construyendo capacidades institucionales para enfrentar esos problemas con mayor eficacia.
La política suele caer en una tentación permanente. Consiste en medir el éxito por la intensidad del discurso. La administración de Salomón Jara ha buscado, al menos en los asuntos revisados esta semana, colocar el énfasis en resultados que pueden ser cuantificados, recorridos o utilizados.
Las 819 mil 450 toneladas de maíz pueden ser verificadas en los registros de producción. Los puentes tienen ubicación, inversión y beneficiarios. Las vialidades están en el territorio. La obra de Viguera tendrá un calendario y un resultado observable. Los torneos deportivos registran participantes y municipios. Los programas culturales tienen presencia concreta. Los resultados de las niñas y niños oaxaqueños existen más allá de cualquier discurso gubernamental.
Ese tipo de política tiene una ventaja y una obligación. La ventaja es que permite al gobierno construir legitimidad mediante hechos. La obligación consiste en aceptar que los hechos también pueden ser evaluados.
En el segundo tramo de la administración estatal, esa evaluación será inevitable.
El gobierno de Salomón Jara tendrá que demostrar que el incremento de la producción agrícola puede sostenerse y convertirse en mejores condiciones económicas para los productores. Tendrá que garantizar que las obras de infraestructura reciban mantenimiento y produzcan los beneficios prometidos. Tendrá que concluir los proyectos metropolitanos en los plazos establecidos y administrar sus efectos sociales durante la construcción. Tendrá que convertir las actividades deportivas y culturales en políticas duraderas. Tendrá que asegurar que el reconocimiento al talento se traduzca en mayores oportunidades educativas.
El desafío ya no consiste únicamente en iniciar.
Consiste en consolidar.
Esa diferencia marca el punto en el que se encuentra hoy la administración estatal. Durante la primera etapa de un gobierno, la prioridad suele ser definir programas, reorganizar estructuras y establecer prioridades. Conforme avanza el periodo, las políticas entran en una zona más exigente: deben demostrar continuidad, eficiencia y resultados acumulativos.
Oaxaca se encuentra precisamente en ese momento.
La producción de maíz ofrece un ejemplo interesante. Alcanzar la autosuficiencia es una meta. Mantenerla, mejorar la productividad sin sacrificar la diversidad de los maíces nativos y resolver los problemas de comercialización constituye una tarea mucho más compleja. Construir un puente es importante. Mantenerlo en condiciones adecuadas durante los siguientes años es parte de la responsabilidad pública. Organizar un torneo exitoso genera entusiasmo. Convertirlo en una tradición deportiva institucional requiere presupuesto, organización y continuidad.
Las políticas públicas comienzan con decisiones. Se consolidan con instituciones.
Ese será uno de los principales criterios para evaluar el proyecto encabezado por Salomón Jara en Oaxaca. La transformación que el gobierno plantea no podrá medirse solamente por el número de obras inauguradas o por la magnitud de las inversiones. Tendrá que observarse en la capacidad de construir mecanismos que sigan funcionando cuando la atención pública se desplace hacia otros asuntos.
La política, después de todo, tiene una relación inevitable con el tiempo.
Los anuncios pertenecen al presente. Las obras pertenecen a varios años. Las instituciones deben pertenecer al futuro.
La administración oaxaqueña parece haber comprendido que el territorio es el lugar donde finalmente se decide la credibilidad del Estado. No importa demasiado la sofisticación de un programa si el productor continúa sin poder vender su cosecha. No basta con diseñar una estrategia de movilidad si el ciudadano sigue perdiendo horas en el tránsito. No es suficiente hablar de desarrollo comunitario si las localidades permanecen aisladas durante la temporada de lluvias. No alcanza con celebrar el talento si los jóvenes no encuentran mecanismos para desarrollarlo.
Por eso, las acciones presentadas durante estos días permiten observar una administración que intenta colocar la política pública en contacto directo con problemas concretos.
El éxito definitivo dependerá de la continuidad, la calidad de la ejecución y la capacidad para corregir errores. Esa es la parte menos espectacular del gobierno y, sin embargo, la más importante.
Oaxaca tiene una larga historia de promesas acumuladas. Tiene proyectos que durante años permanecieron en expedientes, comunidades acostumbradas a esperar y sectores que aprendieron a desconfiar de los calendarios oficiales. Modificar esa relación requiere más que un cambio de discurso.
Requiere resultados repetidos.
La apuesta de Salomón Jara parece dirigirse hacia ese terreno. La administración busca dejar evidencia en el campo, en las carreteras, en los puentes, en las comunidades, en los espacios deportivos, en la movilidad urbana y en la proyección del talento y la cultura oaxaqueña.
La política tendrá que decidir, con el paso de los meses, si esa suma de acciones logra convertirse en una estructura de gobierno durable.
Ahí estará la verdadera prueba.
Porque un gobierno puede ganar atención con una obra, una cifra o un anuncio. Pero solamente adquiere densidad histórica cuando sus decisiones modifican de manera reconocible la vida de la población y permanecen en pie cuando el ciclo político termina.
En Oaxaca, la administración de Salomón Jara ha comenzado a colocar sus resultados sobre la mesa del territorio. El tiempo, que es el único auditor al que ningún gobierno puede convencer con discursos, será el encargado de determinar qué parte de esa transformación consiguió arraigarse y cuál deberá seguir construyéndose.
Por ahora, los datos y las obras permiten observar una dirección clara. La discusión ya no gira exclusivamente en torno a lo que el gobierno pretende hacer. Empieza a trasladarse hacia algo más incómodo y, al mismo tiempo, más serio para cualquier administración pública: qué está haciendo, qué puede demostrar y qué será capaz de sostener.
Esa es, en el fondo, la frontera donde comienza la verdadera política de gobierno.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx