El Gobierno de México anunció la construcción de cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos, como parte de una estrategia nacional que busca atender de manera integral las demandas históricas relacionadas con territorio, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar comunitario. Estas acciones se suman a los 21 planes que actualmente se implementan en el país, consolidando un esfuerzo que coloca en el centro la libre determinación y la participación directa de las comunidades.
Los nuevos planes están dirigidos al Pueblo P’urhépecha; a los pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del oriente de Michoacán; al Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; al Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; y a los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero. Cada uno se construye bajo un enfoque intercultural que reconoce a las comunidades como sujetos de derecho público y protagonistas de su propio desarrollo.
En Michoacán, los tres planes de justicia forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un mecanismo que articula acciones para atender de manera integral a la población indígena del estado. En la Costa Chica, el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano representa un avance histórico en el reconocimiento de sus derechos, identidad y territorio, mientras que en la Montaña de Guerrero se consolida una ruta de atención basada en la organización comunitaria y la ejecución directa de obras.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas coordina estos procesos mediante asambleas, consultas y mecanismos de participación que permiten que las decisiones se tomen desde las propias comunidades. La política pública se orienta a cerrar brechas de desigualdad, fortalecer la autonomía y garantizar condiciones dignas de vida en regiones que han enfrentado rezagos estructurales durante décadas.
Con estos avances, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir un país más justo e incluyente, donde los pueblos indígenas y afromexicanos sean reconocidos como actores centrales en la transformación de sus territorios y en la definición de su futuro colectivo.