Sandra Luz Roldán
La creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca marca una nueva etapa en la política de acceso a la información pública del estado, al establecer un organismo especializado que garantizará este derecho ciudadano bajo un esquema institucional renovado y con mayores facultades de supervisión.
El subsecretario de Contraloría Social y Transparencia, Joaquín Rodríguez González, informó que este instituto fue creado mediante decreto publicado el 31 de enero, como resultado directo de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde el 1 de enero de 2026, la cual redefine el sistema estatal de autoridades garantes.
A diferencia del modelo anterior, el nuevo instituto opera como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, lo que permite una división clara de responsabilidades. Mientras el instituto atenderá solicitudes de información, quejas, inconformidades y procedimientos de transparencia, la secretaría mantendrá las tareas preventivas, incluyendo capacitación, asesoría técnica y orientación a las autoridades obligadas.
Este nuevo esquema impacta directamente a las 96 dependencias estatales y a los 570 municipios, todos ellos sujetos obligados a transparentar el uso de los recursos públicos. La legislación amplía las obligaciones de publicación, obligando a las instituciones a informar de manera detallada sobre presupuesto, planeación, objetivos institucionales, funciones administrativas y percepciones salariales.
En cuanto a los mecanismos de control, el Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca tendrá la responsabilidad de verificar que la información obligatoria esté disponible y actualizada, conforme a una tabla de aplicabilidad que define los criterios legales de publicación para cada dependencia.
La reforma legal también fortalece la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Rodríguez González señaló que, junto con la ley de transparencia, se publicó una nueva normativa en materia de datos personales, lo que derivará en la creación de un Departamento de Datos Personales dentro de la secretaría, encargado de vigilar el uso correcto de la información y de evitar la exposición de datos sensibles.
En el ámbito municipal, la ley establece criterios diferenciados. Los municipios con más de 70 mil habitantes deberán utilizar las mismas plataformas y estándares de transparencia que las dependencias estatales. En tanto, los municipios de menor tamaño, así como aquellos regidos por sistemas normativos internos, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, podrán decidir los medios mediante los cuales harán pública su información, siempre cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía.
Finalmente, el subsecretario subrayó que el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía y una obligación permanente de las instituciones públicas, por lo que la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mantendrá una supervisión constante para asegurar que todas las dependencias actúen con transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del estado de Oaxaca.