Voces, propuestas y el pulso de una democracia que exige territorio en Oaxaca
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Misael Sánchez
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El Parque Primavera no fue esta vez un escenario de retórica hueca ni de simulacros institucionales. Fue, más bien, el terreno donde se cruzaron los caminos de la ley, la política y la urgencia. En el Recinto Ferial, junto a la sombra de los laureles y la mirada atenta de quienes aún creen que la democracia se construye con barro, con lengua y con sangre, se escucharon propuestas que no llegaron para adornar el expediente, sino para desafiarlo.
La organización del evento corrió a cargo de Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado, quien no sólo ofició como anfitrión, sino como arquitecto de la jornada. Abogado del Estado, le llaman algunos con respeto y otros con cautela. Lo cierto es que conoce el andamiaje constitucional como quien ha vivido dentro de él. A petición del enviado de la Presidencia y coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar y el gobernador Salomón Jara, puso manos a la obra. El evento convocó a ministros, magistrados, fiscalías y autoridades electorales y no se hizo para cumplir con el protocolo, sino para poner a prueba el sistema.
La voz del gobernador Salomón Jara Cruz se escuchó con claridad: propuso revalorizar los Sistemas Normativos de los Pueblos Originarios como modelos legítimos de decisión comunitaria. Destacó que la democracia debe construirse desde el consenso y la asamblea, no solo desde los códigos. Jara subrayó que los pueblos originarios son sujetos colectivos de derecho, herederos de civilizaciones fundadoras de México.
También dijo que la reforma electoral debe ser una herramienta para democratizar el poder, no para blindarlo. Su propuesta, sencilla en apariencia, apuntaba a lo esencial: reducir el costo de las elecciones, fortalecer los órganos locales y garantizar que los pueblos indígenas sean consultados antes de cualquier modificación que les afecte. Nada de reformas desde el escritorio. Todo desde el territorio.
Arturo Zaldívar, ministro en retiro y figura central del constitucionalismo contemporáneo, no vino a bendecir el acto. Vino a escuchar. Y a advertir que cualquier reforma que ignore la pluralidad jurídica de México está condenada al fracaso. Su presencia, sobria y firme, sirvió de contrapeso a las voces que aún creen que la democracia se puede uniformar.
Entre las propuestas que se escucharon en el Parque Primavera, algunas destacaron por su precisión técnica y otras por su carga política. Se habló de fortalecer las fiscalías especializadas en delitos electorales, homologar su estructura en todo el país y garantizar su autonomía operativa. Se propuso crear mesas específicas para atender la violencia política contra las mujeres, tanto en municipios regidos por partidos como en aquellos que se rigen por sistemas normativos indígenas. La experiencia reciente en Oaxaca, donde una mujer logró la restitución de su cargo mediante una asamblea comunitaria, fue citada como ejemplo de justicia intercultural.
También se planteó la necesidad de regular con mayor claridad la autoadscripción indígena en los procesos electorales. No como un trámite burocrático, sino como un derecho identitario que no debe ser cuestionado. Se propuso que los 44 distritos indígenas federales sean obligatorios para todos los partidos políticos, y que se legisle la reserva de escaños para personas originarias, siguiendo modelos como el colombiano.
La representación proporcional fue otro de los temas que se abordaron con rigor. Se sugirió que las listas plurinominales se integren con los candidatos de mayoría relativa que, sin haber ganado, obtuvieron una votación significativa. Así, se fortalecería la legitimidad de los legisladores y se evitaría el reciclaje partidista.
Desde el órgano electoral local se defendió la complejidad del sistema normativo indígena, que rige en más del 70% de los municipios del estado. Se expuso el trabajo técnico y territorial que permite que comunidades como San Juan Bautista Guelache, tras 18 años sin elecciones, hayan podido elegir a sus autoridades. Se pidió que el enfoque intercultural sea elevado a categoría de pilar nacional, y que la paridad de género no se negocie ni se retroceda.
Se habló también del destino de los recursos obtenidos por sanciones a partidos políticos. Hoy van a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Se propuso redireccionarlos hacia el fortalecimiento de liderazgos políticos de mujeres indígenas y grupos vulnerables. No como dádiva, sino como inversión democrática.
Las acciones afirmativas ocuparon un lugar central. Se defendió su carácter temporal, razonable y proporcional, y se exigió que se legislen de forma clara en todas las leyes electorales, incluyendo la de medios de impugnación. Se recordó que la participación política de la diversidad sexual y de género, de personas con discapacidad y de pueblos afrodescendientes no puede depender de litigios estratégicos. Debe estar garantizada por ley.
Al final, lo que quedó claro en el Parque Primavera es que la reforma electoral no puede hacerse sin territorio. Que los sistemas normativos indígenas, la paridad de género, la representación proporcional y la justicia intercultural no son temas secundarios. Son el núcleo de una democracia que, si quiere sobrevivir, debe aprender a hablar en todas las lenguas de México.
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Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx