El abogado, curtido en las abrasadoras salas de audiencia y los interminables pasillos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, amigo de magistrados y magistradas, se acomoda en su asiento sin quitar la vista del reportero.
Lo hace como quien ya ha dicho muchas veces lo mismo, pero sabe que, en Oaxaca, a pesar del eco constante, la justicia no escucha.
Su voz es grave, no por afectación, sino por el peso acumulado de las derrotas legales, de las causas perdidas no por falta de razón, sino por exceso de podredumbre institucional.
“Ya no es un secreto a voces —expone con una mezcla de resignación y desprecio profesional—. El Poder Judicial de Oaxaca está enfermo. Y no se trata de una dolencia reciente, sino de una metástasis administrativa, ética y operativa que se ha prolongado por décadas, inmunizada por la negligencia de los órganos internos de control y la complicidad institucional que se extiende desde el escritorio del juez hasta el asiento del magistrado.”
Los tiempos han cambiado, pero las prácticas no. La judicatura local, amparada en la inercia de un sistema de nombramientos opaco y sin contrapesos efectivos, permanece sumida en un letargo peligroso. No se trata, dice el jurista, de exigir una revolución normativa: las leyes están ahí, impresas en los códigos y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Lo que falta —y eso lo sabe cualquiera que haya litigado en Oaxaca— es voluntad jurisdiccional, técnica procesal, ética judicial. Y, por supuesto, un mínimo de vergüenza institucional.
El reportero trata de entender el lenguaje técnico y jurídico, a veces incomprensible, mientras el abogado desgrana los casos más emblemáticos de corrupción disfrazada de interpretación legal.
Por supuesto, también se guarda algunos datos para su archivo personal. Para publicar otros días. El abogado recuerda el caso en el que los magistrados no se limitaron a acatar la sentencia protectora, sino que fueron más allá, convirtiendo el recurso en una coartada procesal para otorgar impunidad. ¡Qué interesante!
La figura del amparo, destinada a restituir derechos fundamentales violados, se ha convertido en Oaxaca en un sofisticado mecanismo de blanqueo jurídico para decisiones injustificables.
Y si no hay corrupción, hay ineptitud. Si no hay ineptitud, hay complicidad. Y cuando no hay complicidad, simplemente hay miedo. Porque —como apunta el entrevistado— “en Oaxaca, un juez que quiere hacer bien su trabajo está condenado a chocar con el sistema.”
La mecánica es predecible: el agente del Ministerio Público inicia la averiguación previa plagada de vicios —nombres falsos, domicilios inexistentes, pruebas manipuladas—, y el juez, lejos de ejercer un control judicial riguroso, lo convalida todo. La figura del juez de control, supuestamente garante de los derechos del imputado y del debido proceso, ha sido reducida a una especie de notario de la Fiscalía. Y el Tribunal de Alzada, que debería corregir los excesos de primera instancia, opera muchas veces como un bufete de sentencias a modo, donde las resoluciones se ajustan a conveniencia política o clientelar.
“No se trata ya de excepciones —advierte el abogado—. Es la regla: procedimientos que avanzan a paso de tortuga, audiencias diferidas por razones absurdas, defensores públicos colapsados y una Fiscalía que no litiga, sino que impone.”
Y mientras tanto, quienes deberían ser los últimos garantes —los magistrados del Pleno— permanecen inamovibles, encumbrados en cargos vitalicios de facto, con sus lentes oscuros para justificar los palos de ciego, sin evaluación objetiva de su desempeño y sin temor a sanciones.
El Consejo de la Judicatura del Estado, órgano supuestamente autónomo para la vigilancia interna, se ha convertido en un instrumento decorativo, incapaz de generar medidas efectivas de rendición de cuentas.
Paradójicamente, mientras el Poder Judicial local se hunde en su crisis funcional y moral, el órgano jurisdiccional federal ha optado por llevar a las urnas la elección de sus integrantes, abriendo una ruta democrática inédita en la historia del país.
La elección directa de jueces y magistrados, aunque no exenta de riesgos, porque hay infiltrados e infiltradas, podría ser una vía para devolverle a la sociedad el control sobre uno de los poderes más oscuros del Estado mexicano.
¿Y Oaxaca? En Oaxaca nadie habla de eso. Es más, pidieron que se prorrogara la elección local. Sin vergüenza. La judicatura local se comporta como una república independiente, donde los nombramientos siguen siendo un enigma, las sanciones una rareza, y el mérito, una palabra sin aplicación real.
“En este estado, la justicia no es ciega —dice el abogado—; simplemente no quiere mirar.”
A pesar del pesimismo, hay salidas.
La primera, insiste el entrevistado, es la aplicación efectiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite sancionar no solo a jueces y magistrados corruptos, sino también a aquellos que, por omisión, permiten que la injusticia prospere.
La segunda, es la activación ciudadana: “Cualquier persona que se sienta agraviada por una resolución judicial puede presentar su queja ante la instancia correspondiente o, incluso, interponer un juicio de lesividad administrativa, en los términos que permite la Ley de Justicia Administrativa del Estado.”
La tercera —y quizá más urgente— es la federalización de casos de alto impacto. Parece que es la mejor. Los artículos 105 y 107 constitucionales permiten la atracción de asuntos cuando el fuero local ha demostrado incapacidad técnica o ética para resolverlos.
En tiempos donde la justicia es una mercancía, la atracción federal puede ser el último recurso para restituir el Estado de Derecho.
El abogado mira su reloj. Tiene audiencia en veinte minutos. “La toga —dice antes de despedirse— ya no representa honor. Representa poder, y el poder sin límites no es justicia. Es tiranía.”
Y mientras se pierde entre los pasillos grises del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el reportero entiende que lo dicho no es solo una crónica. Es una advertencia. Porque en Oaxaca, la ley aún está escrita. Lo que falta es alguien que tenga el valor de leerla y aplicarla con dignidad.
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Redacción de Misael Sánchez Reportero de Agencia Oaxaca Mx