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12 julio, 2024
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Opinión Principales

¡Ya nos saquearon!

Antes que el liberalismo social diera nombre al pragmatismo salinista, en 1982, incluso antes que Miguel de la Madrid Hurtado fuera Presidente de la República, José López Portillo dijo en un informe presidencial esa frase que resume la mayoría de los ejercicios de gobierno.

Por supuesto, hay organismos que hacen su trabajo, como la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales, junto con los congresos locales.

Aunque no se informa puntualmente sí hay procedimientos administrativos de responsabilidad y hasta procesos penales contra quienes ejercen los recursos públicos.

Pero siempre se queda en eso, en procesos que después se utilizan con fines políticos.

El «carpetazo» a cientos o de miles de expedientes por quebrantos a la hacienda pública en todo el país, donde gobiernos estatales y municipales disponen de las arcas públicas, sólo evidencia la impunidad que existe en la clase política.

Al final, son los diputados locales quienes deben autorizar el inicio de procedimientos penales contra quienes ejercieron indebidamente los recursos federales.

El problema empieza cuando en cada Congreso local, los legisladores deben decidir y avisar a los órganos de auditoría e instrucción que inicien los procedimientos.

Imagínese que al final, como si fueran estampillas de corrupción, los diputados se intercambian los procedimientos contra los servidores públicos corruptos que emanaron de su partido y ya no proceden. Se hacen de la “vista gorda”.

Así, todos los expedientes van a los archivos porque los señores legisladores determinaron que no había elementos para darles seguimiento.

Eso es gratis. No me imagino a un diputado diciendo que sólo porque el ex funcionario es de su partido no debe ser procesado. También allí hay corrupción.

Tienen razón quienes desde los órganos de fiscalización y de transparencia, pero sobre todo desde la sociedad, han exigido que se le den garras y dientes a los órganos creados para castigar tanta corrupción.

Ello plantea la necesidad de hacer una revisión del marco legal para tener una Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que realmente garantice que se sancione la corrupción.

 

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