Baltazar Aguilar
Cuando el campesino José Encarnación Martínez decidió abandonar la localidad de Río Grande, ubicada en la región de la Costa, para vivir en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lo primero que pensó fue hacerse de un patrimonio.
Sin embargo, fue hasta San Raymundo Jalpan donde consiguió un lote de 10 por 20 metros cuadrados, el cual terminó de pagar en 36 mensualidades, por un costo de 120 mil pesos.
Ahora con una esposa y 2 hijas, dice que espera la regularización del predio donde viven, pues no cuenta con escrituras debido a que compró un lote ubicado en tierras comunales.
Así como José, originario de una localidad del municipio de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, miles de personas han adquirido predios en Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Etla, Cuilapam, Zaachila y la misma ciudad de Oaxaca de Juárez.
Sin embargo, la adquisición de predios comercializados por acaparadores y fraccionadores, ha tenido un costo negativo para cada nuevo poseedor.
Los gobiernos municipales no les pueden ofrecer servicios públicos y tampoco asignar presupuestos para obras públicas.
Al respecto, miembros de una organización no gubernamental dedicada a apoyar a este sector, el consejo ciudadano Tres Elementos por Oaxaca, señalan que no le pueden echar la culpa a los presidentes municipales porque la responsabilidad es exclusiva de las autoridades federales.
Bertoldo Torres y Avelino Velasco, integrantes del consejo ciudadano, dicen que el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, son las que no se han preocupado por la regularización.
«La gente se desespera. Hay colonias donde todos los vecinos son dueños de predios irregulares. Un día le compraron a algún comunero, les dieron un comprobante de venta y párale de contar. Sin embargo, nadie les hace caso cuando piden servicios públicos. Es un círculo vicioso. Ellos no pagan impuesto predial. En algunos casos pagan cuotas a los comuneros, pero no es lo mismo. Ni siquiera los mencionan en las priorizaciones de obra», apuntó Torres Rivera.
Y es que lo que antes eran pequeños surcos de campos de cultivo se convirtieron en una joya preciada para los fraccionadores, porque tan pronto venden desaparecen y dejan a los vecinos en la total indefensión y sin certidumbre en la tenencia de la tierra.
Abogados consultados por el reportero señalaron que la legalización de un predio que fue comunal o ejidal pasa, necesariamente, por un procedimiento que sólo se puede realizar ante la Procuraduría Agraria, principalmente de manera colectiva, para lo cual consideran que es necesario que también los gobiernos municipales coadyuven ordenando su jurisdicción mediante planes ecológicos y territoriales que beneficien a todos.
También señalaron que debe existir un acuerdo entre autoridades federales y municipales, así como vendedores y compradores, para impulsar no solamente un ordenamiento del territorio, sino también facilidades para que los dueños de predios puedan tener acceso a servicios públicos.
Para José Encarnación Martínez el problema aún no está resuelto y dice que va a esperar que las autoridades de su comunidad se pongan de acuerdo con el municipio y las dependencias para regularizar su vivienda.
«Aunque sea de lámina, pero es mía. Ya no pago renta. Algún día acá va a ser como el centro de la ciudad y vamos a tener escrituras», puntualizó.