El abogado pidió otro café con doble carga, sin azúcar, amargo. En una mesa del viejo establecimiento del centro histórico de Oaxaca, donde huele a tabaco y papeles firmados con tinta negra, el clima es denso. Aquí, entre tazas de cerámica y servilletas manchadas de tinta, se conversa de política, de códigos procesales y de las miserias del poder.
Tres abogados, cada uno con alma distinta —uno formado en la combativa Facultad de Derecho de la UABJO, otro con estilo más técnico, egresado de la URSE, y el tercero, heredero de la rigidez clásica de la Escuela Libre de Derecho— coinciden cada mañana.
Son los últimos románticos de la ley, testigos amargados de cómo la justicia en Oaxaca se disuelve como el azúcar en el café.
Y es que el Tribunal Superior de Justicia del Estado —ese órgano que por mandato debería garantizar la paz jurídica— atraviesa su peor momento en décadas.
No hace falta citar cifras oficiales, basta con mirar las caras desencajadas de litigantes en los pasillos judiciales o escuchar, como quien escucha misa, los relatos de sentencias mal dictadas, de jueces ciegos o corruptos y de una burocracia judicial que huele a cartón mojado y a desesperanza.
“La justicia en Oaxaca es un arte descompuesto”, masculla uno de ellos, sin mirar al reportero. Y la frase, que bien podría ser el epitafio del sistema judicial local, cae como una lápida sobre la mesa.
En este estado donde las comunidades indígenas exigen respeto, y los pueblos claman por reparación, los magistrados viven en una burbuja de privilegios financieros que harían ruborizar a cualquier funcionario escandinavo.
Algunos magistrados, a través de bonos y compensaciones, hasta en sobres amarillos, según revelaciones recientes de los abogados, perciben un ingreso superior al del propio gobernador. ¿Resultado? Un Poder Judicial más ocupado en mantener su estructura de privilegios que en impartir justicia.
“¿Cómo se puede hablar de justicia pronta y expedita —dice el abogado de la URSE, sin dejar su café— cuando un ejecutor gana 8 mil pesos mensuales y un magistrado que supuestamente no debe ganar más de 100 mil pesos, al final percibe más de 260 mil? ¿Qué dignidad institucional puede defenderse con esa disparidad?”.
Pero el problema no es solo económico. Es moral, ético y estructural. Porque mientras los juzgados se llenan de expedientes que envejecen sin juicio, mientras las víctimas esperan años para que un juez les dedique un párrafo coherente, los magistrados blindan sus cargos, negocian nombramientos, y se reparten las ponencias como si fueran botín político.
Uno de los abogados, luego de ser fotografiado, pide que el reportero no mencione su nombre. “Aquí el que habla, pierde el siguiente juicio”, comenta entre risas secas.
Porque en Oaxaca, cuenta, en más de un caso, los fallos se han emitido no en virtud de la ley sino del interés político. En los cafés del centro y la colonia Reforma, más de un juicio ha sido decidido antes de entrar al estrado. “La justicia huele a consigna”, sentencia el leguleyo de la Libre.
La raíz, todos coinciden, es doble, una estructura judicial penetrada por el compadrazgo y una ausencia alarmante de evaluación interna. Porque en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, hasta ahora, nadie ha tenido la decencia de instaurar una Unidad de Control de Confianza. ¿O sí? No se trata solo de castigar al corrupto, sino de depurar el sistema con herramientas modernas, exámenes de integridad, evaluaciones psicométricas, análisis patrimoniales y pruebas de conocimientos jurídicos. Algo que, aunque elemental en otros poderes, aquí se sigue viendo como amenaza.
Paradójicamente, lo que Oaxaca necesita no es una reforma judicial monumental —de esas que se redactan con tinta dorada pero se quedan en los anaqueles— sino la aplicación estricta de las leyes ya vigentes.
Y el Poder Judicial no tiene ganas de hacerlo. Hay cuerpos normativos suficientes para sancionar al juez parcial, para cesar al secretario indolente, para revisar sentencias absurdas dictadas bajo presión política. A veces lo hacen, sí, pero para taparle el ojo al macho. Lo que falta es voluntad. Lo que sobra es cinismo.
Y en ese vacío se arrastran cientos de víctimas, rehenes de un sistema que permite la reclasificación arbitraria de delitos, liberaciones exprés de personajes acusados de homicidio, o revocaciones sospechosas de sentencias que parecen escritas por abogados del inculpado.
“La ley existe, pero en Oaxaca, hay que buscarla con linterna”, ironiza uno de los tertulianos.
Fuera del café, la ciudad vive entre el ruido de los taxis y el pregón de los vendedores de artesanías.
Nadie diría que, al sur de la ciudad, después de pasar como 37 topes, un poco más allá de la Y, entre muros de concreto y acrílico, con una estatua de un Benito Juárez bien chaparrito, una institución clave se desangra lentamente.
Mientras en el ámbito federal se anuncian elecciones para renovar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación —una jugada inédita que sacude al foro nacional— en Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia se consume en su crisis silenciosa, atrapado entre la arrogancia de sus magistrados y el abandono de la ciudadanía.
Y los profesionales del derecho no dudan en señalar que fueron magistrados y jueces los que pidieron llevar la elección local del Poder Judicial al 2027. ¿Por qué será?
Los cafés seguirán llenos. Los abogados seguirán discutiendo entre sí. Pero si nadie actúa, si los jueces no rinden cuentas, y si la justicia sigue siendo privilegio de unos pocos, no habrá justicia pronta y expedita. Oaxaca tendrá la justicia que se merece.
Porque en Oaxaca, a veces, la toga pesa más que la ley.
Y el café, por muy cargado que esté, no basta para digerir tanta impunidad.
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Redacción de Misael Sánchez Reportero de Agencia Oaxaca Mx