En conferencia de prensa, Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, habló de las acciones recientes de la administración estatal para combatir la corrupción estructural que por años marcó el otorgamiento irregular de plazas laborales.
Acompañado por Leticia Reyes, secretaria de Honestidad, Noel Hernández, secretario de Administración, y Farid Acevedo López, secretario de Finanzas, Vásquez Sagrero desglosó los resultados de una investigación exhaustiva que destapó lo que él mismo denominó como la apertura de «la caja de Pandora».
Y es que, de acuerdo con el gobierno estatal, durante años, el otorgamiento de bases laborales en Oaxaca estuvo plagado de irregularidades.
Vásquez Sagrero señaló que gobiernos anteriores concedieron plazas de forma desmedida, sin apego a los procedimientos legales establecidos, favoreciendo un sistema corrupto que hoy sale a la luz gracias a una investigación minuciosa y al compromiso del actual gobierno de izquierda, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz.
El epicentro de este esfuerzo radica en la revocación de 1,072 bases laborales que, según el consejero, fueron otorgadas ilegalmente durante varias administraciones.
Estas acciones se sustentan en la figura jurídica de la supresión de plazas, prevista en la Ley del Servicio Civil. Vásquez destacó que el proceso no fue improvisado ni ejecutado al vapor, sino resultado de un trabajo coordinado entre las secretarías de Honestidad y Administración.
“Este esfuerzo responde a las demandas ciudadanas y al compromiso de campaña del gobernador, quien aseguró combatir frontalmente la corrupción. Hoy, con acciones concretas, se demuestra que las promesas no fueron simples discursos políticos”, puntualizó Vásquez Sagrero.
Uno de los conceptos más impactantes introducidos durante la conferencia fue el del «Cártel de las Plazas», término acuñado por una periodista local para describir la red de corrupción que se gestó en torno a la entrega irregular de plazas.
Vásquez detalló que el análisis minucioso de los expedientes permitió identificar no solo a los servidores públicos responsables de otorgar las bases, sino también a quienes las recibieron, a sabiendas de su ilegalidad.
“No solo hay corruptores; también hay corruptos. Este es un mensaje claro: estamos haciendo lo que la ciudadanía ha exigido, con pruebas en mano y siguiendo los principios de legalidad y transparencia”, afirmó el consejero.
Leticia Reyes, titular de Honestidad, subrayó que el proceso incluyó la protección rigurosa de los expedientes, evitando su manipulación o desaparición. Este esfuerzo permitió salvaguardar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. “Trabajamos con absoluta claridad para que los resultados fueran inobjetables”, agregó Reyes.
Por su parte, Noel Hernández complementó que la base de datos creada para esta investigación incluye información detallada sobre cada plaza, desde el número de empleado hasta las irregularidades detectadas, estableciendo posibles causales de delito.
El titular de la Consejería Jurídica concluyó su intervención enfatizando que estas medidas no obedecen a vendettas políticas ni a intereses particulares. «No es revancha ni venganza. Es justicia. Estamos actuando conforme a la ley para cumplir con lo que la ciudadanía demanda: un gobierno transparente y honesto que no tolere la corrupción en ninguna de sus formas», declaró Vásquez Sagrero.