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Solicitamos al Fiscal General que vuelva a situar a los CEJUM como parte de su gabinete primario: OCCEJUM

El pasado 25 de abril, el Fiscal General de Oaxaca emitió un decreto que sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres de Oaxaca subordinados a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Esto los coloca en un lugar inferior en la estructura organizacional del estado, limitando su capacidad de interlocución y, con ello, obstaculizando su labor para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

21 de septiembre de 2018. Las organizaciones que integramos el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres(OCCEJUM)[1]condenamos el decreto emitido por el Fiscal General de Oaxaca que sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres de Oaxaca subordinados a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.

El 25 de abril de este año se publicó en el Periódico Oficial del Órgano de Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el Decreto emitido por Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General de Oaxaca, en el que reforma diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Entre estos cambios se establece en los artículos 125 y 127 que los Centros de Justicia para las Mujeres, que antes dependían de la Fiscalía General, ahora dependen de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.

Esta decisión sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres en un lugar más abajo en la estructura organizacional del Estado de Oaxaca, lo cual, sin lugar a dudas, constituye un desafío a la operación de los mismos y limita su acción de vinculación con el resto de Centros de Justicia del país. La naturaleza de los Centros no es la investigación de delitos, sino la vinculación interinstitucional con el resto de dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado para la atención de la violencia contra las mujeres y niñas.

Asimismo, llama la atención que, justo en el marco de la investigación previa al decreto de la Alerta de género en Oaxaca, lejos de fortalecer a los Centros de Justicia para las Mujeres, se les debilite, contrario a lo ordenado por la sentencia del Campo Algodonero contra el Estado Mexicano[2].

Para que un Centro de Justicia para las Mujeres cuente con fortaleza institucional y así puedan garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que acuden a estos, los Centros deben tener una ubicación estratégica y relevante en el organigrama gubernamental, situación que, actualmente, no ocurre en el caso de Oaxaca. Al contrario, la decisión que hace que dependan de una Fiscalía Especializada limita su inclusión en la toma de decisiones y el impacto de sus acciones como política integral a nivel estatal.

En este sentido, como Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeressolicitamos al Fiscal General del Estado de Oaxaca que emita un decreto que vuelva a situar a los Centros de Justicia para las Mujeres bajo la dirección de dicha Fiscalía. Esto dotaría a los Centros de fortaleza institucional, lo cual favorecería las condiciones para brindar mejores servicios a las mujeres que acuden a éstos y así mejorar su acceso a la justicia.

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