Mientras México se prepara para vivir una elección sin precedentes —la del Poder Judicial de la Federación— el estado de Oaxaca permanece suspendido en una pausa institucional cargada de mutismo y negligencia.
En un contexto nacional donde el próximo 1 de junio los ciudadanos elegirán jueces y magistrados, Oaxaca carga con el peso de una paradoja: no habrá elección judicial.
El reloj constitucional se detuvo en sus estrados. Se prorrogó, sin escándalo, la permanencia de los actuales magistrados, entre los que se encuentra una presidenta más ocupada en su campaña personal que en administrar justicia. El resultado es una ciudadanía condenada al olvido judicial.
La situación no es menor. Oaxaca ocupa el lugar número 19 en el Índice Global de Impunidad México 2022. No está entre los peores, pero sí en la zona crítica. Y como si se tratara de un paciente con fiebre ignorada, la cifra negra en la entidad —delitos no denunciados ni investigados— alcanza el 95.2%, una de las más altas del país.
La impunidad en Oaxaca no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, que se alimenta del silencio de quienes deberían encabezar su combate.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia guarda silencio. Ningún informe público, ningún posicionamiento, ninguna defensa del estado de derecho ante el letargo judicial.
En contraste, su presencia en eventos políticos sugiere una clara desviación de su mandato. El Poder Judicial, ese tercer pilar de la democracia, se encuentra ausente en la conversación pública, disuelto en una bruma de tecnicismos y omisiones.
Y es que, como lo revelan las investigaciones del IGI-MEX 2022, la debilidad del sistema judicial oaxaqueño no solo se traduce en cifras preocupantes, sino en historias humanas desgarradoras.
Resoluciones que tardan más de un año en dictarse; litigios que terminan amparados por desesperación más que por estrategia legal; sentencias que parecen redactadas por fantasmas.
A esto se suma la crisis del Fondo de Administración de Justicia, un mecanismo esencial para garantizar el funcionamiento operativo de los tribunales, hoy empantanado entre la negligencia y la falta de transparencia.
No es extraño, entonces, que la exigencia de justicia se haya desplazado a las plataformas digitales.
Casos personales, puntuales, expuestos con desesperación en redes sociales, donde los hashtags reemplazan a las firmas de los jueces.
En la ausencia de tribunales confiables, la sociedad ha comenzado a emitir sus propias sentencias en Twitter, Facebook y TikTok. Una justicia emocional, desbordada, que refleja más el hartazgo que la legalidad.
Pero no se trata solo de números ni de redes. El verdadero drama está en la falta de voluntad institucional.
La impartición de justicia, como bien señala el IGI-MEX, es el termómetro más fiel de la estabilidad social. Y esta no puede recaer exclusivamente en el Ejecutivo.
El Legislativo y, sobre todo, el Judicial, están llamados a garantizar que los derechos no se conviertan en retórica vacía.
La paradoja es cruel: en México se discute cómo democratizar la elección de jueces federales; en Oaxaca, en cambio, los jueces parecen haberse democratizado a sí mismos para ausentarse.
No hay campaña institucional que informe sobre sentencias relevantes, criterios jurisprudenciales o logros administrativos.
Lo único que trasciende del Poder Judicial oaxaqueño es su silencio… y sus ausencias.
Y mientras tanto, ¿quién defiende al ciudadano común que no conoce de términos procesales, pero sí del dolor de no ser escuchado?
¿Quién explica por qué los expedientes se empolvan en los escritorios mientras los magistrados caminan en mítines?
¿Quién responde por la justicia olvidada en los Valles Centrales, en la Mixteca, en el Istmo?
Oaxaca merece respuestas. Y, sobre todo, merece justicia.
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Redacción de Misael Sánchez Reportero de Agencia Oaxaca Mx