Columna Política …
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+ Salomón Jara y su gobierno de territorio
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Misael Sánchez
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Gobernar el territorio: la política pública que busca ordenar Oaxaca
En la política oaxaqueña suele existir una tentación recurrente: observar cada acción de gobierno como un episodio aislado, como si la entrega de un apoyo social, la rehabilitación de una banqueta, el mantenimiento de un hospital o la certificación de un policía pertenecieran a universos administrativos sin conexión entre sí. Sin embargo, cuando se revisa el conjunto de decisiones, programas e inversiones que actualmente se despliegan durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, aparece una lógica más amplia que merece atención.
Esa lógica tiene que ver con una idea elemental del poder público que, en Oaxaca, adquiere una complejidad particular. Gobernar no consiste únicamente en administrar una estructura burocrática desde la capital. Supone intervenir en un territorio fragmentado por condiciones geográficas, desigualdades históricas, sistemas municipales diversos, profundas diferencias económicas y una extraordinaria pluralidad cultural. Supone, también, hacer que las políticas públicas lleguen a lugares y sectores que durante décadas fueron atendidos de manera desigual.
La administración de Salomón Jara parece estar construyendo buena parte de su narrativa de gobierno alrededor de ese problema. La salud, la seguridad, el patrimonio urbano, los programas para mujeres, las juventudes y las personas adultas mayores no aparecen solamente como rubros presupuestales. Forman parte de una tentativa por ampliar la presencia material del Estado y convertirla en servicios, infraestructura, movilidad social, acceso cultural y capacidades institucionales.
La tesis política es reconocible. Un gobierno estatal puede hablar de transformación, bienestar o justicia social durante seis años, pero al final será juzgado por una pregunta mucho menos retórica: ¿qué tan lejos llegó realmente la capacidad pública para modificar las condiciones cotidianas de la población?
Ese es el terreno donde se encuentra hoy la administración de Salomón Jara.
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Oaxaca tiene una dificultad estructural que obliga a mirar cualquier política pública con una escala distinta a la utilizada en otras entidades. La dispersión poblacional, el peso de los municipios, los sistemas normativos internos y la complejidad regional hacen que una decisión tomada en la capital sólo tenga sentido cuando logra convertirse en una acción concreta dentro de las comunidades.
Por eso resulta significativo que varias de las estrategias actuales estén planteadas bajo un principio de despliegue territorial.
La Tarjeta Margarita Maza, dirigida a jefas de familia en condiciones de pobreza extrema, representa una inversión estatal de 250 millones de pesos para beneficiar a 19 mil 792 mujeres, con apoyos anuales de 12 mil pesos. El programa ha comenzado su recorrido regional y mantiene un principio que tiene relevancia política y administrativa: la entrega directa, sin intermediarios.
No se trata de un detalle menor.
La intermediación política ha sido durante décadas una de las formas más eficaces mediante las cuales se construyeron relaciones de dependencia entre sectores sociales y estructuras de poder. El recurso público, cuando pasa por demasiadas manos, puede transformarse en mecanismo de control, clientela o rentabilidad política. La decisión de insistir en la entrega directa busca colocar al gobierno frente a la ciudadanía sin esa cadena de operadores.
Naturalmente, el desafío no termina con eliminar intermediarios. Un programa social debe ser evaluado por su capacidad para producir efectos duraderos. Doce mil pesos distribuidos a lo largo del año no resuelven por sí mismos la pobreza estructural de una familia. Pero pueden funcionar como un instrumento de protección económica en hogares encabezados por mujeres que enfrentan condiciones particularmente difíciles.
La importancia política del programa reside precisamente en reconocer que la pobreza tiene rostro, género y territorio.
No es casual que la estrategia se dirija a las jefas de familia. En buena parte de Oaxaca, las mujeres sostienen economías domésticas completas, administran recursos escasos, cuidan a hijos y adultos mayores, participan en actividades productivas y, en numerosas ocasiones, cargan además con la ausencia de servicios públicos suficientes.
La política social, cuando se observa desde esa realidad, deja de ser una simple transferencia económica. Se convierte en una intervención sobre la estructura cotidiana de la desigualdad.
La misma lógica aparece en la Tarjeta Joven, que amplió su cobertura para incorporar a personas de 18 a 24 años. En su primera entrega de 2026 se distribuyeron mil 601 apoyos, con acceso a actividades relacionadas con cultura, deporte, educación, transporte, movilidad y esparcimiento, y se anunció un recorrido por las distintas regiones del estado.
La juventud suele aparecer en el discurso político como una promesa abstracta. Se habla de ella como futuro, aunque los jóvenes viven en el presente y toman decisiones inmediatas sobre estudio, empleo, movilidad y pertenencia social.
La apuesta de la administración de Jara consiste en colocar ese segmento dentro de la política pública mediante instrumentos específicos. La eficacia del programa dependerá, desde luego, de la amplitud de sus beneficios y de su capacidad para alcanzar a jóvenes fuera de los principales centros urbanos. Pero el hecho político es relevante: el gobierno reconoce que la construcción de ciudadanía también pasa por el acceso al espacio cultural, al deporte, a la movilidad y a formas de participación social.
La política pública no comienza cuando una persona recibe una tarjeta. Comienza antes, con la definición de quién puede acceder a ella, continúa con la transparencia de sus mecanismos y termina con la evaluación de sus resultados.
Ese es el punto donde deberá medirse cualquier estrategia de bienestar.
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Pocas áreas muestran con tanta crudeza la diferencia entre el anuncio político y la realidad como el sistema de salud.
En Oaxaca, la infraestructura hospitalaria arrastra una larga historia de deterioro, insuficiencia de equipos, obras inconclusas y desigualdad territorial. Por eso los datos presentados sobre abasto, mantenimiento, sustitución de inmuebles y equipamiento permiten observar una de las principales prioridades de la actual administración.
El sistema reporta un abasto de medicamentos de 83.7 por ciento en los 37 hospitales de segundo nivel y de 80.5 por ciento en el primer nivel de atención. En los servicios oncológicos, la cobertura reportada alcanza niveles de entre 94 y 95 por ciento.
Las cifras deben ser leídas con seriedad y sin complacencia automática.
Un porcentaje de abasto superior al 80 por ciento representa una mejora en la capacidad de suministro, pero también indica que persisten faltantes. En materia sanitaria, la discusión no puede reducirse a la celebración de una estadística. Un medicamento faltante puede ser irrelevante en determinados tratamientos y fundamental en otros. La calidad de la política pública depende de conocer cuáles son las claves disponibles, cuáles faltan y cómo se corrigen los problemas de distribución.
La información disponible permite, sin embargo, advertir un cambio de escala en la inversión y el mantenimiento.
Para 2026 se reportan programas de conservación, sustitución de equipo e intervenciones en decenas de unidades médicas, con inversiones que incluyen 236.6 millones de pesos para 23 unidades, 276.2 millones para la sustitución de equipo electromecánico en 28 unidades y 103.6 millones adicionales para mantenimiento y conservación en otras instalaciones.
La comparación presupuestal resulta aún más significativa. Mientras en 2024 se ejercieron 335 millones de pesos en conservación y mantenimiento, la cifra reportada para 2025 ascendió a 613 millones y para 2026 alcanza 655.5 millones de pesos.
Detrás de esos números hay una conclusión política importante.
Durante años, buena parte de la discusión sanitaria se concentró en inaugurar hospitales. El problema era que una obra inaugurada no garantiza un sistema funcional. Los hospitales envejecen, los equipos se desgastan, los elevadores fallan, las filtraciones aparecen y las instalaciones requieren mantenimiento constante.
La administración actual parece estar incorporando una idea que debería ser elemental en la gestión pública: conservar es también gobernar.
En esa misma dirección se encuentran los proyectos de sustitución y ampliación hospitalaria. El Hospital General de Huajuapan de León tiene un proyecto validado para una unidad de 50 camas y tres quirófanos; se encuentra en proceso la sustitución del Hospital Aurelio Valdivieso, con una propuesta de mayor capacidad, y el Hospital General de San Pablo Huixtepec contempla su ampliación a 50 camas.
La magnitud de la tarea obliga a mantener prudencia. La inversión no elimina de inmediato décadas de abandono. Pero la política pública comienza a modificar su objeto de atención. Ya no se trata únicamente de abrir nuevos edificios, sino de reconstruir la capacidad material de un sistema.
También se encuentra en esa lógica la propuesta de Ciudad Salud, concebida con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, además de los recursos destinados a obra, mantenimiento y equipamiento médico.
Un proyecto de esa dimensión deberá ser observado con rigor en sus tiempos, costos, capacidad operativa y resultados. Las grandes obras suelen generar expectativas que después deben enfrentarse a la realidad presupuestal y administrativa. Pero el planteamiento revela una ambición institucional: reorganizar la infraestructura sanitaria de Oaxaca sobre una escala distinta.
La pregunta ya no es si Oaxaca necesita una transformación profunda de su sistema de salud. Esa necesidad es evidente. La cuestión es si el actual gobierno conseguirá convertir el incremento de recursos y la reactivación de proyectos en una red de servicios que realmente funcione para la población.
Esa será una de las evaluaciones más importantes del sexenio.
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Hay otro dato que merece una lectura política más cuidadosa de la habitual.
La seguridad pública suele analizarse exclusivamente a partir de delitos, patrullas, detenciones y operativos. Sin embargo, existe una dimensión menos visible que determina la calidad institucional de las corporaciones: quiénes integran las policías, bajo qué controles trabajan y cuáles son sus procesos de certificación.
Oaxaca enfrenta aquí una dificultad adicional por la diversidad de sus sistemas municipales y comunitarios.
El registro presentado reúne a 6 mil 689 elementos activos en distintas corporaciones. Dentro de la policía estatal, de mil 478 elementos activos, mil 455 cuentan con Certificado Único Policial. En la Policía Vial, 276 de 302 elementos tienen ese certificado. El proceso incluye también áreas de reinserción social, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, la Agencia Estatal de Investigación y las policías municipales.
La situación de las corporaciones municipales merece atención particular.
En un estado con una estructura municipal extraordinariamente diversa, donde conviven gobiernos regidos por partidos políticos y sistemas normativos internos, la profesionalización policial no puede seguir un esquema uniforme diseñado desde un escritorio. El trabajo institucional debe adaptarse a realidades donde la seguridad comunitaria incluye también figuras tradicionales como los topiles.
De los mil 801 elementos municipales registrados, mil 450 cuentan con evaluaciones de control de confianza y mil 623 con Certificado Único Policial.
La importancia del proceso va más allá de una estadística.
Una corporación policial no se fortalece únicamente aumentando el número de patrullas. Se fortalece cuando existen mecanismos de ingreso, capacitación, evaluación, control y actualización permanente. La certificación no garantiza automáticamente una policía eficaz o libre de problemas, pero la ausencia de controles sí deja un vacío institucional considerable.
Particularmente revelador resulta el caso de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, donde se inició un proceso intensivo de evaluación después de un largo rezago. Actualmente mil 74 elementos cuentan con control de confianza vigente, 480 obtuvieron por primera vez el Certificado Único Policial y 280 permanecen en capacitación.
La administración de Salomón Jara está colocando aquí una pieza importante de su estrategia de seguridad.
El Estado que no conoce, evalúa y profesionaliza a sus propios cuerpos de seguridad termina administrando una estructura que funciona por inercia. La seguridad pública moderna exige instituciones verificables, información actualizada y capacidad de coordinación entre niveles de gobierno.
Oaxaca no puede resolver sus desafíos de seguridad mediante discursos. Requiere burocracias especializadas, policías capacitadas y municipios capaces de asumir responsabilidades dentro de un marco institucional compatible con su diversidad.
Ese proceso es menos espectacular que la fotografía de un operativo, pero puede ser mucho más importante.
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Una ciudad no se gobierna solamente con reglamentos. Se gobierna también a través de sus banquetas, su iluminación, sus espacios de convivencia y su patrimonio.
La recuperación del espacio público en Oaxaca de Juárez forma parte de otro eje que permite comprender la orientación de la actual administración.
El programa de mejoramiento urbano contempla la intervención de 33 cuadras con rehabilitación de banquetas de cantera en el Centro Histórico, de las cuales ya se reportaba un avance del 30.3 por ciento, además de la intervención de la Primera de Guerrero con preferencia peatonal y trabajos para iluminar la fachada del Teatro Macedonio Alcalá.
Podría parecer una agenda menor frente a las cifras de salud o seguridad. No lo es.
El espacio público constituye una forma concreta de igualdad. Una banqueta en mal estado castiga particularmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres que se desplazan con niños y ciudadanos que dependen de la movilidad peatonal. Una ciudad diseñada únicamente para el automóvil termina distribuyendo de manera desigual el derecho a desplazarse.
La intervención urbana tiene, por lo tanto, una dimensión política.
También la tiene la decisión de recuperar y transformar un inmueble gubernamental para instalar el Museo de Arte Ritual de las Culturas Originarias, conocido como Museo de las Máscaras. El proyecto contempla espacios de exposición, biblioteca, auditorio, cafetería y servicios, con una primera etapa prácticamente concluida y otra en proceso.
El simbolismo del proyecto no es menor.
La transformación de un espacio anteriormente destinado a la residencia oficial en un recinto cultural implica una modificación en el uso político del patrimonio público. Un inmueble asociado al ejercicio del poder se incorpora a un circuito de acceso cultural.
No se trata de atribuirle al hecho un significado revolucionario que no tiene. Se trata, sencillamente, de reconocer que las instituciones también comunican mediante los espacios que ocupan y las funciones que asignan a sus edificios.
En un estado cuya riqueza cultural constituye uno de sus principales activos históricos, la conservación y exhibición del patrimonio no puede ser una actividad ornamental. Es una política de identidad, turismo, educación y memoria.
La cultura, cuando se integra al espacio público, deja de ser un asunto exclusivo de especialistas.
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En Oaxaca, la diversidad lingüística obliga a repensar la relación entre Estado y cultura.
La presencia de expresiones en lengua zapoteca de la Sierra Norte y la recuperación de narraciones tradicionales colocan sobre la mesa un asunto que suele ser tratado con excesiva superficialidad. Una lengua no es únicamente un conjunto de palabras que conviene conservar por razones sentimentales. Es una forma de ordenar la experiencia, nombrar el territorio y transmitir una memoria colectiva.
La reflexión sobre la manera en que los pueblos originarios nombraron aquello que les resultaba desconocido permite entender un fenómeno de enorme profundidad histórica: las culturas no permanecen inmóviles frente al cambio. Interpretan, traducen y adaptan lo nuevo a partir de sus propios sistemas de conocimiento.
Ese proceso continúa.
La defensa de las lenguas indígenas no debe reducirse a ceremonias, festivales o discursos de reconocimiento. Requiere políticas de educación, documentación, transmisión intergeneracional y presencia pública.
Para un gobierno como el de Salomón Jara, cuya identidad política se encuentra estrechamente vinculada con los pueblos originarios, el desafío consiste en transformar esa legitimidad simbólica en capacidad institucional.
No basta con reconocer la diversidad. Hay que construir condiciones para que esa diversidad pueda mantenerse viva.
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Una de las políticas más interesantes por su dimensión social es Raíces Viajeras.
La iniciativa está dirigida a personas adultas mayores de entre 60 y 70 años y comenzó con una primera etapa en 15 municipios de Valles Centrales. En sus primeros días realizó tres viajes y alcanzó a 144 beneficiarios, con una meta anual de mil ocho personas y 21 recorridos contemplados. El programa incorpora valoración previa y acompañamiento durante los desplazamientos.
Desde una visión convencional, podría considerarse un programa secundario.
Sería una lectura equivocada.
El bienestar no consiste únicamente en recibir atención médica o apoyo económico. También tiene relación con la posibilidad de acceder a experiencias que para determinados sectores de la población han permanecido fuera de su alcance.
El turismo social parte de una idea sencilla: los paisajes, las playas y el patrimonio de Oaxaca no deberían ser privilegio exclusivo de quienes cuentan con recursos económicos suficientes para recorrer el estado.
Cuando una persona adulta mayor realiza por primera vez un viaje que durante décadas estuvo fuera de sus posibilidades, el efecto no se mide únicamente en términos recreativos. Existe una dimensión de integración social.
La política pública, en este caso, reconoce el derecho al descanso, a la convivencia y al conocimiento del propio territorio.
El programa requiere, naturalmente, una evaluación cuidadosa de sus costos y alcances. Toda política financiada con recursos públicos debe justificar su utilidad. Pero sería un error reducir el análisis a una simple contabilidad de pasajeros transportados.
El Estado también puede intervenir para reducir las desigualdades en el acceso a experiencias.
Esa es la dimensión política de Raíces Viajeras.
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Si se observa el conjunto de programas, aparece otro rasgo interesante de la administración actual.
Las políticas se distribuyen a lo largo del ciclo vital.
Las mujeres jefas de familia reciben apoyos orientados a fortalecer el ingreso. Las juventudes acceden a instrumentos vinculados con educación, movilidad, cultura y deporte. Las personas adultas mayores son incorporadas a una estrategia de turismo social. La población en general aparece como destinataria de inversiones sanitarias. Las comunidades participan en procesos de profesionalización de sus cuerpos de seguridad.
No es una casualidad administrativa.
El gobierno busca construir una arquitectura de intervención que abarque diferentes momentos de la vida social. La eficacia de ese modelo dependerá de que los programas no se conviertan en compartimentos aislados ni en una colección de acciones que sólo coinciden bajo el logotipo de una administración.
La coordinación será decisiva.
Un joven que recibe una tarjeta pero carece de transporte o espacios seguros tiene un problema que una política aislada no resolverá. Una mujer que recibe apoyo económico pero vive en una comunidad sin servicios suficientes enfrenta límites que exceden la transferencia monetaria. Un adulto mayor puede participar en un viaje, pero requiere al mismo tiempo atención médica y condiciones adecuadas de movilidad.
La política pública comienza a ser verdaderamente pública cuando sus diferentes áreas se encuentran.
Ese es uno de los grandes retos de la administración estatal.
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Hay una cuestión que atraviesa prácticamente todos los temas.
Oaxaca no puede gobernarse desde una lógica puramente estatal porque el municipio constituye una pieza fundamental de la estructura territorial. Los programas sociales requieren coordinación local. Las políticas de salud necesitan presencia comunitaria. La seguridad depende de policías municipales y autoridades locales. El turismo social se organiza con estructuras municipales. La recuperación del espacio público exige acuerdos con gobiernos de proximidad.
La política estatal puede diseñar estrategias y asignar recursos, pero la realidad termina ocurriendo en los municipios.
Esto adquiere una relevancia particular en Oaxaca, donde la diversidad de formas de gobierno local obliga a abandonar cualquier tentación de uniformidad. El Estado necesita reglas comunes, pero también capacidad para entender las diferencias territoriales.
La certificación de policías municipales y comunitarias muestra precisamente esa tensión.
La profesionalización debe avanzar sin ignorar las características de los sistemas normativos internos. El desafío consiste en construir instituciones compatibles con la diversidad, sin convertir esa diversidad en argumento para tolerar vacíos de responsabilidad pública.
Lo mismo ocurre con la política social.
El gobierno estatal puede entregar apoyos directamente y establecer mecanismos de transparencia, pero el municipio sigue siendo el espacio donde la ciudadanía observa si las políticas tienen continuidad.
Por eso la relación entre el gobierno de Salomón Jara y los ayuntamientos será una de las variables políticas que definan el alcance real de este proyecto de administración.
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Existe un elemento común en la información disponible.
La administración estatal no está planteando únicamente la construcción de nuevas obras. También está trabajando sobre el mantenimiento de hospitales, la rehabilitación de banquetas, la recuperación de fuentes y bancas, la certificación de policías, la distribución de medicamentos y el fortalecimiento de programas sociales.
Eso importa porque la administración pública suele cometer un error recurrente: privilegiar lo nuevo y abandonar lo existente.
Es más sencillo políticamente inaugurar que conservar.
Una obra nueva tiene fotografía, ceremonia y fecha. El mantenimiento carece de espectacularidad. Sin embargo, una sociedad funciona sobre aquello que se mantiene operativo. Un hospital requiere equipos en condiciones de uso. Una ciudad necesita banquetas transitables. Una corporación policial necesita controles vigentes. Un programa social necesita reglas claras.
La política de mantenimiento es, en realidad, una política de responsabilidad institucional.
En este punto puede encontrarse una de las características más relevantes del momento actual de Oaxaca. La administración de Salomón Jara intenta combinar proyectos de gran escala, como Ciudad Salud y la sustitución de hospitales, con intervenciones de proximidad que van desde una banqueta hasta la certificación de un policía municipal.
Ese equilibrio es necesario.
Un gobierno sólo preocupado por las grandes obras puede perder de vista la vida cotidiana. Un gobierno concentrado exclusivamente en las pequeñas acciones puede carecer de horizonte estratégico. La dificultad consiste en construir ambos niveles al mismo tiempo.
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La política tiene un problema inevitable.
Puede explicar intenciones, justificar decisiones y presentar cifras, pero al final la ciudadanía vive resultados.
Ese será el verdadero campo de evaluación para la administración de Salomón Jara Cruz.
El incremento de la inversión sanitaria deberá traducirse en atención efectiva. La mejora en los porcentajes de abasto tendrá que reflejarse en pacientes que encuentren los medicamentos que necesitan. La certificación policial deberá contribuir a corporaciones más profesionales. Los programas dirigidos a mujeres tendrán que mostrar capacidad para mejorar condiciones económicas concretas. La Tarjeta Joven deberá demostrar que puede convertirse en una herramienta de acceso y no solamente en un beneficio administrativo.
Raíces Viajeras tendrá que consolidarse como una política social sostenible. La recuperación del Centro Histórico deberá producir espacios más accesibles y funcionales. El Museo de Arte Ritual tendrá que convertirse en un espacio vivo y no en una obra destinada únicamente a la inauguración.
Así funciona la política pública.
Los anuncios abren una etapa. La administración la sostiene. Los resultados la califican.
No obstante, sería igualmente superficial ignorar que la actual administración ha colocado sobre la mesa una agenda que abarca áreas fundamentales de la vida pública. Salud, seguridad, bienestar, cultura, espacio urbano, juventudes, mujeres y personas adultas mayores aparecen dentro de un mismo horizonte de intervención.
La amplitud de esa agenda constituye una oportunidad y también un riesgo.
La oportunidad consiste en construir una acción gubernamental capaz de conectar problemas que tradicionalmente se administraron por separado. El riesgo es la dispersión, la burocratización y la posibilidad de que la multiplicación de programas supere la capacidad de seguimiento.
El desafío del gobierno de Salomón Jara no es crear más políticas por el simple hecho de ampliar el catálogo institucional.
Es conseguir que las políticas existentes funcionen, lleguen a donde deben llegar y puedan sostenerse.
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Oaxaca se encuentra ante una discusión que va más allá de las simpatías partidistas.
Para los especialistas en gobierno, para quienes trabajan en la administración pública, para los actores municipales y para la militancia política, el asunto central consiste en observar cómo se está reconfigurando la relación entre Estado y territorio.
La administración de Salomón Jara ha optado por una estrategia de presencia múltiple. El gobierno interviene en la salud, en el ingreso familiar, en la movilidad de las juventudes, en el turismo social, en el patrimonio urbano y en la profesionalización de las instituciones de seguridad.
El denominador común es la búsqueda de un Estado más visible en la vida cotidiana.
Esa apuesta tiene una consecuencia inevitable.
Mientras mayor sea la presencia gubernamental, mayor será también la exigencia de resultados. La ciudadanía no evalúa un programa por la calidad de su presentación institucional. Lo evalúa cuando el medicamento está disponible, cuando la calle puede recorrerse, cuando el apoyo llega, cuando la policía actúa profesionalmente y cuando un servicio público funciona sin obligar al ciudadano a buscar favores.
Ahí comienza la verdadera legitimidad administrativa.
La política oaxaqueña ha vivido durante mucho tiempo de grandes discursos, lealtades, estructuras territoriales y negociaciones de poder. Todo eso sigue existiendo. Pero una parte cada vez más importante de la disputa política se trasladará al terreno de la gestión.
El ciudadano contemporáneo puede escuchar un discurso, pero después pregunta por el hospital, el transporte, la seguridad y el ingreso.
La administración de Salomón Jara está colocando buena parte de su proyecto en ese terreno.
No será suficiente decir que se invirtió. Habrá que demostrar qué cambió.
No será suficiente certificar elementos. Habrá que construir instituciones confiables.
No será suficiente entregar apoyos. Habrá que evitar que se conviertan en dependencias permanentes sin efectos sobre las causas de la desigualdad.
No será suficiente recuperar espacios. Habrá que garantizar que sigan siendo públicos, accesibles y funcionales.
La política pública no concluye cuando termina el acto administrativo. En realidad, comienza ahí.
Y ésa es la dimensión más interesante del actual momento político de Oaxaca. El gobierno de Salomón Jara Cruz ha puesto en marcha una agenda amplia que busca intervenir sobre varias de las deudas acumuladas del estado. El resultado de esa apuesta dependerá de algo menos vistoso que cualquier consigna y mucho más difícil de conseguir: continuidad, coordinación, capacidad institucional y evaluación permanente.
Al final, la política siempre regresa al mismo sitio.
Regresa al territorio.
Y en Oaxaca, donde cada región, municipio y comunidad obliga a pensar de nuevo la relación entre poder público y sociedad, gobernar seguirá siendo la tarea de convertir decisiones en realidades. Esa es la prueba que ninguna administración puede eludir y que, para la actual, ya está en marcha.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx