Misael Sánchez
En un país donde la confianza en las instituciones de seguridad es esencial para la cohesión social, los recientes eventos en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, han sacudido profundamente la percepción pública sobre el papel de las fuerzas policiales en la protección de los ciudadanos.
El asesinato del joven Diego Paz, presuntamente a manos de la policía municipal, ha generado una oleada de indignación y ha puesto en evidencia un sistema corrupto que, lejos de garantizar la seguridad, se ha convertido en una herramienta de extorsión.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, no tardó en manifestar su enérgica condena y rechazo ante lo ocurrido.
En sus declaraciones, Jara expresó sus condolencias a la familia y amigos de Diego Paz y dejó claro que no tolerará ningún abuso de poder.
«Solicité la detención inmediata de los policías involucrados y pedí al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, que asuma la responsabilidad y colabore con la investigación para deslindar las responsabilidades pertinentes», señaló el gobernador, subrayando la gravedad de la situación.
Santa Lucía del Camino, un municipio clave dentro de la estrategia de seguridad metropolitana de Oaxaca, se encuentra en el centro de esta tormenta política y social.
Según Jara, la policía de este municipio es una de las peor evaluadas del estado, con numerosas quejas en la Defensoría de los Derechos Humanos y denuncias en el Tribunal Superior de Justicia. Estos datos reflejan un problema sistémico que ha permitido que un programa diseñado para salvar vidas, como el alcoholímetro, se haya desvirtuado en una red de extorsión.
El gobernador fue contundente al señalar que este tipo de corrupción no será tolerado. «El alcoholímetro es un programa que salva vidas, y no vamos a permitir que se utilice para extorsionar a la población», declaró Jara.
Además, adelantó que el gobierno estatal asumirá el control de este tipo de operativos, eliminando la posibilidad de que se conviertan en una herramienta de corrupción.
La indignación de Jara también se extendió a otras policías municipales de la zona metropolitana de Oaxaca, señalando que el problema no se limita a Santa Lucía del Camino.
El gobernador se comprometió a convocar a los presidentes municipales de la región para exigir una reestructuración total de las fuerzas de seguridad, afirmando que «esto tiene que cambiar».
La renuncia de Marcos Freddy Hernández, director de la policía de Santa Lucía, aunque necesaria, no exime a este funcionario de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.
En un panorama donde la confianza en las autoridades es frágil, Salomón Jara ha puesto en marcha una serie de acciones que buscan restaurar la credibilidad y asegurar que la justicia prevalezca.
Su compromiso con la transparencia y la justicia se refleja en su determinación de llegar «hasta las últimas consecuencias» para erradicar la corrupción y garantizar que los programas de seguridad funcionen en beneficio de la ciudadanía, no en su contra.
Este episodio, aunque doloroso, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción policial en Oaxaca.
La sociedad oaxaqueña, a través de su gobernador, exige una reforma profunda y verdadera en las instituciones de seguridad.
Las acciones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de la seguridad en la región y para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
