Lo anterior, fue señalado por las y los magistrados Eduardo Pinacho Sánchez, José Luis Reyes Hernández, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez y Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, durante su participación en el Seminario Internacional “Cerrando la brecha de implementación”, realizado en instalaciones de la biblioteca de Investigación “Juan de Córdova” del Centro Cultural San Pablo.
El evento, convocado por el Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la fundación Konrad Adenauer y el Centro de Investigaciones y Estudios Superior en Antropología Social – Unidad Pacífico Sur (CIESAS), reunió a especialistas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y México quienes revisaron los retos y avances del Derecho desde una perspectiva multicultural.
En el caso del Poder Judicial de Oaxaca, se habló sobre los avances y buenas prácticas logradas por la institución como el proporcionar durante el proceso judicial un intérprete o traductor a las personas indígenas que no hablan español, para lo cual se cuenta hasta ahora con una plantilla de 51 personas de la institución y 66 externas hablantes de una lengua materna como el zapoteco, mixe, mixteco, triqui, chatino y huave.
En entrevista, la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, destacó la importancia de este tipo de encuentros que permiten avanzar en la integración de estrategias conjuntas encaminadas a fortalecer el respeto y protección de los derechos de los grupos indígenas, así como revisar de cerca casos de presuntas violaciones a su derechos humanos.
Al respecto, indicó que la Sala Constitucional juega un papel muy importante en la materia, ya que es la instancia jurisdiccional responsable de hacer cumplir las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través del juicio de protección a los derechos humanos, debido a que en muchas ocasiones no son respetadas por las autoridades.
El Seminario Internacional: cerrando la brecha de implementación tuvo como finalidad discutir esta problemática con miras a la reactivación de la agenda indígena en América Latina y establecer nuevas rutas de acción para implementar de una forma más efectiva las normas existentes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
(A partir de este martes 10 de noviembre, faltan 221 días para la implementación del Sistema Penal Acusatorio).