Sandra Roldán
En un acto histórico, el gobernador Salomón Jara Cruz firmó la iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Oaxaca.
Este esfuerzo, respaldado por organismos internacionales como ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), coloca al estado a la vanguardia nacional en la protección de los derechos humanos.
Oaxaca enfrenta una realidad compleja: con 21 casos documentados de desplazamiento forzado interno, es una de las entidades más afectadas del país. La mayoría de estos casos, ocurridos en administraciones anteriores, tienen raíces en conflictos agrarios, políticos y sociales. Además, el fenómeno afecta desproporcionadamente a comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han perdido hogares, tierras y cultura en su lucha por sobrevivir.
“Hoy es un día histórico para Oaxaca. Nos convertimos en el primer estado en proponer una ley que no solo atiende a las víctimas, sino que se construyó desde sus voces, respetando su cosmovisión y sus derechos”, afirmó Jara Cruz durante la ceremonia de firma.
El proceso de construcción de esta ley fue exhaustivo y participativo. Con el acompañamiento de ACNUR y ONU-DH, se realizaron 52 foros de consulta en las ocho regiones de Oaxaca. En ellos, víctimas, comunidades de acogida, autoridades indígenas y organizaciones civiles dialogaron sobre las causas, efectos y soluciones al desplazamiento forzado.
“La consulta previa, libre e informada es el corazón de esta ley. No se diseñó desde una oficina, sino desde el territorio, escuchando a quienes viven en carne propia esta problemática”, destacó Flor Estela Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos en Oaxaca.
Durante el evento, Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, señaló que esta iniciativa debería ser un modelo nacional. “Es una ley que refleja los más altos estándares internacionales en derechos humanos y desplazamiento forzado interno. Oaxaca está marcando un precedente”, expresó.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de ONU-DH en México, enfatizó la importancia de garantizar soluciones duraderas para las personas desplazadas. “Este es un claro mensaje de justicia, inclusión y solidaridad hacia quienes han sido forzados a abandonar su hogar”, afirmó.
La iniciativa, que será presentada al Congreso de Oaxaca, busca prevenir el desplazamiento forzado, proteger a las víctimas y garantizar su reparación integral. Entre sus innovaciones, incluye la tipificación del desplazamiento arbitrario como delito, establece mecanismos para el retorno seguro de las familias desplazadas y promueve acciones coordinadas entre autoridades locales, estatales e internacionales.
El gobernador Salomón Jara Cruz concluyó la ceremonia con un mensaje contundente: “En Oaxaca, estamos comprometidos con garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esta iniciativa es solo el principio de un esfuerzo permanente por construir un estado más justo y solidario”.
La firma de esta iniciativa coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, un recordatorio oportuno de la importancia de legislar para quienes han sido invisibilizados. Tanto ACNUR como ONU-DH hicieron un llamado respetuoso al Congreso local para que apruebe esta ley y la convierta en un modelo replicable en todo México.
Oaxaca da un paso al frente, demostrando que es posible construir políticas públicas desde la inclusión, la consulta y el respeto a los derechos humanos. Esta ley no solo aborda un problema urgente, sino que también reafirma el compromiso del estado con quienes más lo necesitan.