La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró más de quinientos cincuenta y ocho metros cúbicos de madera y clausuró un aserradero ilegal en el municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, durante un cateo realizado en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil. La acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y se llevó a cabo para verificar el cumplimiento de la legislación forestal y la acreditación de la legal procedencia de materias primas.
La inspección se efectuó el tres de junio en un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales, donde personal de Profepa constató que el establecimiento no presentó documentación suficiente para acreditar la legal procedencia de los productos almacenados. Tampoco exhibió el original de la autorización de funcionamiento y entregó de manera incompleta las remisiones forestales requeridas. Además, no acreditó contar con los oficios de validación de reembarques correspondientes al periodo de dos mil veinticinco a la fecha de la diligencia.
Ante estas irregularidades se impuso la clausura total temporal del establecimiento y se ordenó el aseguramiento precautorio de ciento noventa y seis punto cuatrocientos setenta y un metros cúbicos de madera en rollo de pino y trescientos sesenta y dos punto ciento treinta y un metros cúbicos de madera en rollo de oyamel. La suma equivale a un total de quinientos cincuenta y ocho punto seiscientos dos metros cúbicos de materias primas forestales maderables.
Durante el operativo participaron setenta elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil, quienes brindaron apoyo de seguridad a los inspectores federales adscritos a la Oficina de Representación de Protección Ambiental en Michoacán. La dependencia señaló que estas acciones buscan impedir la movilización y comercialización de recursos forestales cuya legal procedencia no ha sido acreditada y fortalecer el combate a la tala ilegal.
Profepa continuará el procedimiento administrativo correspondiente, verificará el cumplimiento de la clausura y del aseguramiento precautorio y mantendrá la coordinación con autoridades ministeriales para determinar las acciones legales que resulten procedentes.