La Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) de Oaxaca, encabezada por el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, reveló hoy el Diagnóstico de Riesgos Electorales del estado, destacando el avance del proceso a apenas dos meses de las elecciones.
En la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el responsable de la política interna detalló un desglose preocupante de violencia por razón de género en el ámbito electoral.
Según el análisis, en el año 2024 se han registrado 15 carpetas de fiscalización en manos de la Fiscalía, junto con 22 cuadernos de antecedentes y 11 expedientes pendientes de resolución por el tribunal electoral.
Se destacó que, en comparación con años anteriores, el número de carpetas de investigación por delitos de violencia política de género ha disminuido, pero aún persisten desafíos significativos.
Romero López instó a los participantes políticos, ciudadanos y partidos a mantener una postura clara de rechazo a perfiles asociados con cualquier forma de violencia por razón de género.
Subrayó la importancia de erradicar esta violencia, incluso desde las instituciones gubernamentales, en línea con la visión y misión del gobernador Salomón.
Señaló que la nueva titular de la Secretaría de la Mujer se comprometió a coordinar esfuerzos con las áreas de seguridad pública y fiscalía para reducir el fenómeno de la violencia de género en el contexto electoral.
Se enfatizó la necesidad de no solo identificar a los perpetradores, sino también de tomar medidas concretas para prevenir y combatir este tipo de violencia.
El informe también señala la existencia de 69 municipios bajo atención, de los cuales 36 se consideran de alto riesgo, 10 de riesgo medio y 23 en monitoreo.
Se destacó que la descomposición al interior de los cabildos y el desconocimiento de autoridades son factores que generan situaciones complejas para el desarrollo del proceso electoral en algunos municipios.
Además, se mencionaron 16 municipios considerados de alto riesgo, donde se implementará un despliegue operativo para prevenir cualquier acto de violencia durante el proceso electoral.
Los candidatos y candidatas serán prioritarios para recibir protección por parte de las instituciones de seguridad estatales y federales.
