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Poder Judicial bajo políticas de austeridad

Con el objetivo de sanear las finanzas presupuestales del Poder Judicial del Estado, la Magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, ha hablado de cara a los servidores públicos judiciales de base y confianza para mostrar el estado que guarda la situación financiera de la institución y convocarlos a sumarse a la austeridad republicana emplazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, al inicio de su gestión, Villanueva Abraján exhortó a magistrados, jueces, directores y personal administrativo y judicial a trabajar bajo un plan de acción con criterios de austeridad y solidaridad institucional, poniendo todo esfuerzo en la labor fundamental que es la impartición de justicia.

La insuficiencia presupuestaria en el Poder Judicial del Estado no es un tema nuevo, arrastra un adeudo del año pasado por 82 millones 767 mil 555 pesos, que corresponde a un préstamo del presupuesto 2019 destinado para pago de nóminas y prestaciones del mes de diciembre del año 2018, con el compromiso de pagarlo este mes de marzo, lo que generará una disminución considerable a este ejercicio fiscal.

Si a ese débito se le suma el déficit presupuestario que arrastra de años atrás, esta institución hacedora de justicia estaría hablando de una carencia financiera de un total, hasta ahora, que asciende a la cantidad de 200 millones de pesos.

En tales condiciones, el presupuesto asignado a esta institución no prevé incrementos salariales, ni creación de nuevas plazas, no existen las condiciones para incrementos de estímulos, ni mucho menos prestaciones, entre otros dispendios, ya que es obligatoriedad de este Poder Judicial, ceñirse a los recursos que la administración pública estatal otorga.

El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019, en el capítulo I correspondiente a Servicios Personales, señala en su artículo 85, que las Dependencias y Entidades no podrán autorizar ningún tipo de gratificación, compensación, bono o emolumento extraordinario sin existir la disponibilidad presupuestal autorizada.

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