Misael Sánchez
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En Oaxaca, el calendario electoral no se mide por campañas ni por urnas electrónicas. Se mide por asambleas comunitarias, por acuerdos en la cancha del pueblo, por la palabra que vale más que el papel. Bajo el gobierno de Salomón Jara, el Estado asegura que ha optado por una estrategia de no intervención en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, conocidos como usos y costumbres. La apuesta es clara: respetar la autonomía, reducir la conflictividad y consolidar una gobernabilidad que no se impone, sino que se construye desde abajo.
A la fecha, se han realizado 303 asambleas de un total de 413 previstas. El avance supera el 73%, y aunque aún restan 110 procesos por concretarse, el balance es significativo. En años anteriores, las elecciones en comunidades indígenas solían estar marcadas por tensiones, bloqueos y violencia. Hoy, el mapa muestra una mayoría de municipios en verde, con procesos pacíficos y autoridades electas sin intervención externa.
El caso de Santa María Chimalapa, por ejemplo, ilustra el cambio. En una comunidad históricamente conflictiva, la asamblea se llevó a cabo sin incidentes. La comunidad zoque eligió a su presidente municipal y planilla en un ambiente de respeto. En otros puntos, como San Juan Mixtepec y Miahuatlán, las elecciones transcurrieron con normalidad. El Estado ha desplegado delegados de paz, observadores y protocolos de seguridad, pero sin imponer candidatos ni estructuras.
La estrategia incluye mesas de seguimiento electoral, convocatorias al diálogo y atención especial en municipios con antecedentes de violencia, como San Mateo Piñas. En este último, el gobierno ha reforzado la presencia institucional para evitar nuevos episodios de agresión política. También se han reprogramado elecciones en localidades como Santiago Apóstol y San Felipe de Jalapa, donde las condiciones no estaban dadas para una asamblea legítima.
Uno de los retos más visibles es el cumplimiento de la paridad de género. En varios municipios, las planillas electas no incluyen mujeres en proporción equitativa, lo que ha llevado al Estado a declarar inválidas algunas asambleas. La determinación es firme: no habrá regresión política. La participación femenina en sistemas normativos debe avanzar, no retroceder. La Secretaría de las Mujeres ha lanzado programas de sensibilización para garantizar la paridad vertical y horizontal en todos los cabildos.
La política electoral en Oaxaca no se parece a la de otros estados. Aquí, el voto se discute en asamblea, la autoridad se elige por consenso y el conflicto se resuelve con palabra. El Estado observa, acompaña y garantiza condiciones, pero no impone. Bajo esta lógica, el respeto a los sistemas normativos indígenas no es una concesión, sino una obligación constitucional. Y en ese marco, el gobierno actual ha decidido caminar junto a los pueblos, no delante de ellos.
Para quienes buscan entender el modelo oaxaqueño, conviene mirar más allá de las cifras. Conviene observar los procesos, las dinámicas comunitarias, los mecanismos de conciliación. Conviene entender que, en Oaxaca, la democracia no se mide por votos, sino por acuerdos.