El 31 de enero se publicó el decreto de creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca, un nuevo organismo que redefine el modelo de acceso a la información pública en la entidad y que, a partir de la nueva legislación estatal, asume la responsabilidad de garantizar este derecho fundamental para la ciudadanía.
De acuerdo con Joaquín Rodríguez González, Subsecretario de Contraloría Social y Transparencia de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, este instituto surge como mandato directo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 31 de diciembre y vigente desde el 1 de enero de 2026, la cual establece la creación de nuevas autoridades garantes en el estado.
El nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca sustituye al organismo anterior y presenta un cambio estructural relevante: deja de ser un órgano autónomo único y se convierte en un órgano desconcentrado, integrado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Desde esta nueva configuración, el instituto se encargará de las funciones sustanciadoras, como la atención de solicitudes de información, inconformidades, reclamos ciudadanos y procedimientos derivados del incumplimiento en materia de transparencia.
Las funciones preventivas, como la capacitación, orientación y acompañamiento institucional, permanecerán bajo la responsabilidad directa de la secretaría. Esto incluye el trabajo con dependencias estatales y con los 570 municipios de Oaxaca, que continúan siendo sujetos obligados a informar, junto con las 96 dependencias y entidades del gobierno estatal.
Rodríguez González explicó que la nueva ley amplía las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, quienes ahora deberán publicar mayor volumen de información relacionada con el uso del presupuesto público, la planeación institucional, los objetivos de gobierno, la operación administrativa y los datos salariales, entre otros rubros establecidos en la normativa.
En materia de verificación, el instituto tendrá la tarea de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a través de mecanismos técnicos como la tabla de aplicabilidad, que define con precisión la información que cada dependencia está obligada a publicar y mantener actualizada.
Paralelamente, el marco legal incorpora la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece medidas específicas para el resguardo de información sensible. Para ello, la Secretaría de Honestidad creará un Departamento de Datos Personales, encargado de supervisar el manejo responsable de la información pública y de garantizar la protección de la privacidad de las personas.
Respecto a los municipios, el subsecretario detalló que aquellos con más de 70 mil habitantes deberán cumplir con los mismos estándares y plataformas que las dependencias estatales. En contraste, los municipios con menor población, incluidos los que se rigen por sistemas normativos internos, así como pueblos indígenas y afromexicanos, podrán definir de manera autónoma los mecanismos para difundir la información pública, como asambleas, pizarrones o medios comunitarios.
Con la entrada en funciones del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca, el gobierno estatal consolida un nuevo esquema de acceso a la información pública, orientado a garantizar este derecho ciudadano y a fortalecer la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.