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16 julio, 2024
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Opinión Principales

Misa de ocho columnas…

+ CRISIS EN EL CONGRESO LOCAL

+ OPACIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

+ LOS RIESGOS DE LA REELECCIÓN

 

La crisis política y administrativa por la que atraviesa la LXII Legislatura –a menos de tres meses que los diputados concluyan su gestión— con la destitución repentina de la diputada panista NATIVIDAD DÍAZ como coordinadora de su fracción parlamentaria; el nombramiento de GERARDO HENESTROZA no sólo como coordinador, sino también como presidente de la Junta de Coordinación Política y la inconformidad del dirigente estatal blanquiazul, JUAN MENDOZA REYES, evidenció el desorden en los órganos de gobierno del Poder Legislativo.

A nadie en especial se puede culpar del papel tan pobre que exhibe al Congreso local desde que se creó la Junta de Coordinación Política.

La realidad es que repartir el órgano de gobierno entre las fracciones parlamentarias, principalmente PAN, PRD Y PRI, hasta la actual legislatura –porque en la siguiente gobernarán el PRI y MORENA— sólo llevó a los legisladores locales a diputarse el presupuesto que el Poder Ejecutivo les triplicó en los últimos 6 años.

Aunque estos legisladores no se erigieron “diputados de la transición democrática”, como lo hicieron sus antecesores con el perredista ALEJANDRO LÓPEZ, el panista JUAN MENDOZA y el priísta MARTÍN VÁSQUEZ, al frente de la recién creada Junta de Coordinación Política, también incurrieron en lo mismo que sus antecesores: se olvidaron de legislar.

Si no pregúntenle a los negros de la Costa. A las etnias que a pesar de contar con todo el respaldo de especialistas y organizaciones no gubernamentales, fueron discriminadas y nunca les aprobaron su legislación indígena.

En anteriores legislaturas, sobre todo con HERMINIO CUEVAS y BULMARO RITO, el primero regresa por sus fueros en la próxima legislatura, el otro disfruta de su libertad, el presupuesto rondaba los 180 millones de pesos. Y les alcanzó hasta para construir el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan.

Ahora, con un presupuesto al triple, casi con 600 millones de pesos, los diputados se quejan que no les alcanza ni para la dieta.

Sin embargo, no hay correspondencia ni reciprocidad entre la exigencia de recursos y la aprobación de leyes, pues la exigencia de reformas y la actualización del andamiaje jurídico siguen ignoradas.

Los oaxaqueños no tienen las leyes que necesitan, como es el caso de la Ley del Notariado y las reformas en materia indígena, cuyo fracaso se evidenció en la reforma indígena electoral, a la cual los órganos jurisdiccionales le propinaron un revés antes de las elecciones de junio de este año.

A estas alturas si los diputados actuales tuvieran la oportunidad de reelección que tendrán sus sucesores, seguramente ninguno pasaría la prueba de las urnas, menos en sus respectivos distritos.

Esto debe servir de ejemplo para los integrantes del Congreso local en la siguiente legislatura, pues a pesar de que tendrán la oportunidad de reelección, sólo tendrán dos años para dar resultados, tiempo que no deben desperdiciar en procesos electorales ni pugnas interpartidistas.

Cuando GABINO CUÉ llegó a la gubernatura estatal, el Poder Legislativo se integró, como también será ahora, con algunos días de anticipación y en esa ocasión existía una alta expectativa a favor de los diputados coaligados.

Ahora que el panorama es distinto para la siguiente legislatura y para el gobierno de ALEJANDRO MURAT, hay que darle seguimiento a la evolución de un Poder Legislativo que estará obligado no solamente a rendir cuentas y a ser ejemplo de transparencia, sino también de las acciones que van a emprender para endurecer el castigo contra los corruptos.

Es urgente que a través de la Comisión Instructora y el mismo pleno, los diputados vayan más allá de archivar expedientes y castiguen a quienes desvían recursos federales y estatales, tanto en el gobierno estatal como en las presidencias municipales.

La misma Auditoría Superior del Estado, convertida con CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO en un ente de bajo perfil, administrativo, tiene que evolucionar para hacer el uno-dos con la Secretaría de la Contraloría y ejecutar todos los procedimientos administrativos y penales iniciados contra servidores públicos locales.

La próxima legislatura no tiene que pasar por alto su responsabilidad y si los diputados buscan la reelección tendrán que limitarse a desempeñar sus funciones como lo mandatan las leyes y de paso revisar que no les asignen presupuestos para “gestoría”, como hacían sus antecesores, pues de lo contrario van a perder cualquier candidatura ante los tribunales electorales por financiar precampañas con recursos públicos.

EXCELENTE INICIO DE SEMANA!!…

 

 

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