+ Por una justicia cercana, por una democracia viva. Y por un pueblo que ya no quiere más juzgados lejanos ni magistrados de escritorio.
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Cuando Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, tomó la palabra durante la última conferencia matutina del gobernador Salomón Jara Cruz, no lo hizo con tecnicismos vacíos ni rodeos tibios. Habló de un cambio que es urgente, inevitable y —si se quiere bien hecho— revolucionario, la renovación completa, sí, completa, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Con la voz de quien conoce la anatomía de la ley, pero el temple de quien también ha visto sus límites, Vásquez Sagrero desenrolló el mapa de una transformación jurídica tan necesaria como compleja. “Nos toca a los tres poderes del Estado —y al órgano autónomo electoral— construir el andamiaje jurídico que permita la elección local del nuevo Poder Judicial”, sentenció.
La reforma constitucional federal había fijado el plazo. Y Oaxaca, como siempre, no fue ajena al desafío. Pero lo que se avecina no es solo una elección más, es la reconfiguración del sistema de justicia que ha estado atrapado en la burocracia, el centralismo y la desconfianza ciudadana.
Actualmente, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia sesiona en Ciudad Judicial, a kilómetros de los pueblos, sin comunicación con la sociedad, a años luz de la realidad indígena y rural.
Los litigantes, los ciudadanos, incluso los propios jueces, deben recorrer distancias absurdas para obtener respuestas que deberían estar a la vuelta de la esquina. Por eso, el Ejecutivo, de la mano del Legislativo y el Judicial, plantea una de las innovaciones más revolucionarias del modelo, salas regionales de justicia.
“Será la primera vez en el país que se proponga este esquema de regionalización judicial. Una idea que surgió del propio gobernador, acercar la justicia a las comunidades. Una idea oaxaqueña.” Así lo dijo Vásquez, y no parecía una promesa, parecía una deuda que por fin se reconoce.
Pero este rediseño institucional no es solo de formas ni de oficinas descentralizadas. La transformación es de fondo, se reducirá el número de magistraturas de 28 a 16, y se consolidará un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual —en palabras del consejero jurídico— permitirá reconstruir la legitimidad perdida de una justicia que por años se cocinó en lo oscuro, al margen de la ciudadanía.
Para hacer posible esta elección judicial, la maquinaria normativa tiene que moverse. La Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado debe ser modificada, para homologarse con la ley federal y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas tengan vías legales claras para impugnar, exigir y fiscalizar los resultados.
“Aquí no hay juicio de inconformidad, como en la ley general, sino un recurso local que debe repensarse”, señaló Vásquez. Es decir, el derecho al disenso electoral debe también democratizarse. Si se elige a jueces y magistrados, debe garantizarse que puedan ser cuestionados si el pueblo así lo decide. Es justicia desde la urna, pero también desde el expediente.
Y no es todo. El Instituto Estatal Electoral de Oaxaca tendrá nuevas facultades organizativas, en coordinación con el INE, bajo un esquema desconcentrado que obligará a las instituciones a repensarse en sus funciones.
Cuando el gobernador Salomón Jara Cruz habló, al final de la intervención, no usó el lenguaje del jurista, sino el del político que ha caminado las calles, que ha escuchado quejas en zapoteco, en mixe o en español lastimado. “Gracias”, dijo, pero en esa palabra breve había una aceptación clara, la transformación judicial es más que legal. Es moral, es ética, es política. Y tiene que ocurrir.
Vásquez Sagrero recordó que, en el reciente proceso electoral federal, Oaxaca fue el estado con mayor participación ciudadana, pese a no haber tenido ninguna elección local concurrente. “El pueblo salió a votar sin incentivos extras. Eso dice mucho”, señaló. Y esa energía ciudadana —esa madurez cívica— es el argumento más contundente para confiar en que una elección del Poder Judicial también puede ser un acto democrático profundo, no un trámite técnico para las élites togadas.
Lo que se avecina es un proceso electoral sin precedentes. Se elegirán alrededor de 180 jueces locales y 16 magistraturas, incluyendo las tres del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. La tarea no será fácil. Se necesitará coordinación entre poderes, reforma de leyes secundarias, rediseño institucional y pedagogía ciudadana.
Pero, como dejó entrever Geovany Vásquez Sagrero, el riesgo de no hacerlo es mayor. Seguir con un sistema lejano, elitista, desconectado de la vida real. “Este es el momento de construir algo verdaderamente nuestro, que no repita errores ni copie modelos ajenos.”
Y ahí está la clave. Que la justicia deje de parecer ajena. Facciosa. Que sea nuestra. Que se pronuncie con acento oaxaqueño.
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Redacción de Misael Sánchez Reportero de Agencia Oaxaca Mx