Al concluir la primera semana del ciclo escolar 2016-2017 en Oaxaca no abrieron sus puertas 4 mil 126 escuelas, de acuerdo con la autoridad educativa estatal.
El porcentaje se considera mínimo si se aclara que están abiertas 9 mil 357 de 13 mil 483, es decir un 69.4 por ciento.
Sin embargo, una sola escuela cerrada representa una violación flagrante a las garantías y derechos de la niñez oaxaqueña que, con las acciones magisteriales, ven mermada su capacidad de aprendizaje.
Y lo más grave, como lo señalan varias organizaciones no gubernamentales, es que a estas alturas la UNICEF, organismo que debería velar por los derechos de la infancia, aún no hace un pronunciamiento claro sobre lo que ocurre en Oaxaca.
En el 2006 pasó lo mismo y tuvieron que pasar muchos meses para que emitieran un escueto boletín, con unos cuantos renglones y nunca más abordaron el tema.
Ahora, los tres niveles de gobierno tienen que actuar y con o sin la UNICEF, deben apurar la solución al conflicto, pues más acá de los intereses sindicales y económicos, está el derecho de la niñez oaxaqueña a recibir educación, cuando menos clases en las aulas, pues de calidad se podrá hablar sólo hasta que la reforma educativa tenga una vigencia sin sobresaltos.
No es tiempo de cantar victoria, pues la asistencia de casi el 70 por ciento de maestros y alumnos a las aulas, sólo pone de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar que tiene bajo control la rectoría de la educación.