Es evidente que la marcha de la economía está muy mal en Oaxaca, si bien no podemos conocer a detalle de la situación económica de los oaxaqueños, si podemos determinar de su grado de crisis por la manifestación política de las clases sociales que componen la sociedad oaxaqueña.
La cantidad y la calidad de los conflictos denotan, por tanto, que la economía está en crisis. Los indígenas, los campesinos, las clases medias, el magisterio y los empresarios se están movilizando y sus reclamos, políticos en primera instancia, manifiesta la grave situación de la economía.
El propio estamento gobernante, incapaz de ofrecer una salida a esta situación ha entrado en un estado también de crisis. Este grupo ha sido incapaz, en cuanto grupo político, de utilizar las herramientas de la propia política para salir con dignidad y avante en la solución del problema económico.
La crisis de la política es mucho más grave puesto que se está planteando la propia viabilidad del gobierno, este al final, se puede transformar en crisis del Estado.
Para los más afectados por la crisis, pueblo y empresarios, lo menos que han manifestado es que se vive en un “estado de excepción”, en donde no existe orden, legalidad, el Estado de Derecho se ha reducido a su mínima expresión y la libertad ciudadana está en entredicho.
Asimismo, los trabajadores, los indígenas, los campesinos, obreros y los trabajadores de la educación, objetan seriamente, el manejo de la economía, que para ellos, obedece a los designios de los grandes capitalistas.
Por eso, “ante este estado de excepción y de omisión e irresponsabilidad republicana de los tres órdenes de gobierno, para restablecer las condiciones de paz y gobernabilidad, la sociedad civil organizada ha decidido responder invitando a todo el sector productivo del estado de Oaxaca a un paro indefinido de actividades.”(Manifiesto. El Imparcial, 4 de agosto del 2016).
Si la primera obligación y deber del gobernante es la conservación del Estado, de su acrecentamiento y factibilidad para encarar con éxito la lucha de las clases y de los grupos que componen a la sociedad, es indudable que el gobierno de la Alianza está entregando resultados muy lamentables.
Se puede argumentar que también se está manifestando la impericia del gobierno federal, sin embargo, desde Oaxaca se dejó crecer el movimiento magisterial, incluso se le solapó, con las consecuencias posteriores.
Esta lucha de las clases ha conducido al Estado oaxaqueño en una verdadera encrucijada, que implica ya al nuevo gobierno que entra el primero de diciembre del 2016: Someterse a la capacidad del gobierno federal para darle salida al problema, esta es la posición del gobierno de la Alianza, o ir tejiendo los hilos necesarios, para que desde tierras oaxaqueñas, encontrar vías de negociación con la Sección XXII en lo particular y no con la CNTE.
De aquí se explica los cambios legislativos del Congreso oaxaqueño para ir construyendo los factores que le devuelvan la gobernabilidad al Estado. Es mucho más fácil negociar con pocas fracciones parlamentarias, las cuales requieren de grandes cantidades de recursos de todo tipo que el nuevo gobierno, no tiene ni debe de otorgar, a un legislativo que demostró durante el gobierno del “cambio”, una insaciable disponibilidad de estos recursos.
Las fracciones parlamentarias y sus jefes se convirtieron en los diputados más voraces y corruptos de la historia parlamentaria de Oaxaca por una simple razón: por disposición del propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien abjuró de su primaria responsabilidad: ejercer el poder político que las leyes le disponen y por los usos y costumbres que la historia le otorgó.
No es extraño que el nuevo gobernante tenga la firme intención de ejercer el poder político de Oaxaca tal como lo disponen las leyes y los usos y costumbres históricos, empezando por simplificar su relación con el Poder Legislativo, tener el control con los municipios con problemas de gobernabilidad y disponer la libertad necesaria para el nombramiento de sus colaboradores.
A ningún gobernante se le puede negar la búsqueda de la gobernabilidad de su Estado, acrecentar su poder, para ser un árbitro capaz de solucionar los conflictos. Es preferible un gobernador con los hilos del poder en la mano que un gobernador ausente de sus responsabilidades y sujeto a las contingencias.
Desde una perspectiva moral, algunos analistas observan con preocupación estas acciones que a todas luces está instrumentando el nuevo gobernador, aprovechando la ocasión política, por eso habría que atender las enseñanzas del maestro de la estrategia política, el gran Nicolás Maquiavelo: “A diferencia de los pensadores políticos anteriores, Maquiavelo se oponía a que el objetivo del Estado fuera cuidar la moralidad de los ciudadanos, y lo que promulgaba era que garantizara su bienestar y su seguridad. De este modo, sustituye los conceptos de correcto e incorrecto por ideas como utilidad, necesidad, éxito, peligro y daño. Al situar la utilidad por encima de la moralidad, sus ideas sobre las cualidades que se han de preferir en un líder de éxito son la eficacia y la prudencia en vez de la ideología o la rectitud moral”(El Libro de la Política. Edit. Altea, México, 2014, p, 76).
Simplificar su relación con la Cámara de los Diputados reduciendo el número de fracciones parlamentarias a través de los diputados afines o el nombramiento de los administradores municipales, el gobernador Alejandro Murat, simplemente quiere, desea, ser eficaz y esto es tremendamente político. No se puede ubicar en el ámbito de lo correcto o incorrecto o en el ámbito de la calificación o descalificación que cae en lo ideológico.
Como lo expresó el propio Florentino: “Al juzgar las tácticas hay que tener en cuenta los resultados que nos han dado y no los medios por lo que se han logrado”(Ob. Cit. p, 79)´
Tener una relación mucho menos complicada con la Cámara y el control de espacios territoriales conflictivos, será, seguramente en beneficio de la gobernabilidad del nuevo régimen.
Ante un Estado desfondado y de una crisis de legitimidad del gobierno de la Alianza, que al final dejaron solo al gobernador, las señales de la búsqueda de la recuperación de la legitimidad perdida y de la búsqueda de reconstitución del poder estatal, aunque sean, en inicio, mínimas, nos permite abrigar grandes esperanzas de recuperación de la paz y libertad perdidas, por el mal manejo de los conflictos políticos.
Sabemos que sólo la recuperación económica permitirá que los niveles de la lucha de clases vuelvan a una situación controlable, pero para lograr un crecimiento de la economía, es menester que el Estado y su gobierno sea capaz y eficaz. El magisterio y su lucha y la reacción de los hombres de negocios, que están expresando la voz de la sociedad civil, en el sentido de la pronta solución del conflicto, está marcando el rumbo del nuevo gobierno, eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Ahora si el nuevo régimen demuestra eficacia, simplemente estará cumpliendo con la política.